Desde el punto de vista del impacto social, la posibilidad de acceder gratuitamente al fútbol televisado es particularmente beneficiosa para los segmentos poblacionales pobres (30% a nivel nacional y 40% en menores de 15 años).
Se trata además de un beneficio de consumo muy bien autofocalizado, pues como observamos en el cuadro, sobre 10 mil casos nacionales de preferencias futbolísticas, entre los sectores pobres las preferencias por Boca Juniors o River Plate son muy mayoritarias y, hay que recordarlo, en el marco de la privatización ambos equipos fueron eternos codificados. Así las cosas, si el fútbol fuera absolutamente gratuito (en el interior aún la televisión pública baja por cable), el acceso a los partidos de Boca y River beneficiaría al 80,8% de la población pobre a nivel nacional, que no dispone de ingreso para pagar el abono al codificado. En esta perspectiva y considerando además que el fútbol es el gran entretenimiento –aun asociado a la pasión– de los sectores populares, el acceso gratuito resulta una medida de democratización de consumos culturales de notable implicancia.
No es sin embargo posible suponer que el Estado no asigne recursos para sostener la gratuidad en la televisación. En efecto, los 700 millones de pesos anuales que deberá asignar a sostener el fútbol gratuito ($ 600 millones a la AFA y $ 100 millones de gastos operativos) no podrán ser totalmente compensados con publicidad, que para toda la televisión abierta en el 2008 giró en torno a los 3 mil millones de pesos anuales, según datos de la Cámara Argentina de Centrales de Medios.
Se podrá agrandar en algo la torta y/o, redireccionar publicidad hacia el fútbol probablemente, pero difícilmente hasta compensar el costo total del fútbol gratis.
El Estado, entonces, seguramente deberá financiar la gratuidad del fútbol con un monto anual inferior a los 700 millones de pesos, pero nunca igual a cero. Dicho esto, nos apresuramos a señalar que es correcto que lo haga. Por las implicancias sociales respecto a la población vulnerable beneficiada, y la proyección igualitaria del acceso a fenómenos culturales masivos que la medida conlleva.
En esta perspectiva, las críticas escuchadas sobre que “existen otras prioridades” antes que financiar el fútbol son poco sensatas, y carecen de escala financiera. Por ejemplo, para el financiamiento de la hoy muy en boga “asignación universal por hijo” se requieren, según estudios de la CTA, 12.827,6 millones de pesos, unas 18 veces más dinero que el afectado a financiar la gratuidad del fútbol, aun suponiendo que el Estado no recupere un solo peso en publicidad, cosa que no sucederá.
Pero sujetos a la lógica de “hay otras prioridades” y tan sólo por citar un ejemplo muy caro a los defensores de la “libertad de prensa”: ¿acaso destinar, como se hace, unos 1.000 millones de pesos anuales a sostener la pauta de publicidad oficial en medios privados es adecuado cuando existen “otras prioridades”?
*Director Consultora Equis.
