La torpeza con que el Estado, dueño de un superávit de más de cuarenta mil millones de dólares, desafió a una docena de organizaciones rurales –desde la más oligárquica a las más populares– bien pudo ser otra de las cortinas de humo de una gestión diestra en las artes del bluf. Sobre el bluf, y comentando la voluntad de la señora Bonafini de donar al museo de la memoria la ametralladora de su hijo, el historiador Tulio Halperín Donghi lamentaba que Cristina y Néstor no tuviesen trofeos ni recuerdos para legar. Instrumentos del bluf hay tantos que la prensa tendría que abrir una sección especial destinada a anunciarlos diariamente. Esta semana tuvimos un falso operativo de seguridad vial y un bluf conmemorativo que dejó sin clases en las escuelas públicas y a los niños sin explicaciones oficiales sobre qué ocurrió aquel 24 de marzo que “festejaron”. Tuvimos una foto del Mini Cooper prematuramente heredado por la pequeña Florencia K., gacetillas sobre el confort del nuevo jet presidencial y sobre el retiro espiritual de los más poderosos en el bucólico Calafate, un anuncio sobre no sé bien qué y otro sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, que no se aprobará en la legislatura sin ventilar temas anexos, como los de la desradarización del espacio aéreo y la supervivencia del Sedronar, esa Secretaría de la Presidencia que desde su puesta en marcha en tiempos de Menem ha hecho poco más que una página web y una cuenta de gastos que hoy administra el Dr. Granero, odontólogo presidencial experto en drogas anestésicas para caries y que nadie sabe cuánto suma, pero según mis cálculos ha costado, de Menem a la fecha, no menos de docientos millones de dólares. El promotor de la despenalización es el ex ministro Aníbal Fernández, el mismo que en junio de 2007 convocó a los comisarios federales ordenándoles no perseguir a los “perejiles” del tráfico y dedicarse “a tareas de inteligencia” para las que nadie hay menos indicado que un cuadro policial entrado en años y compromisos. Los “perejiles” quedan amparados por la ley. Cada movida de una dosis “personal” de porro le deja al mini-dealer diez pesos, de crack veinte y de cocaína cuarenta, de modo que con cinco incursiones diarias, si es prudente, tendrá legalmente un ingreso mayor que el de un columnista de PERFIL y un oficial de policía sin necesidad de pagar monotributo ni de enfrentarse con el hampa, o con agresivos piquetes urbanos o rurales.
