Esta es la madre de todas las batallas.” Así es como en el núcleo duro del kirchnerismo definen la intensa lucha que el oficialismo está dispuesto a llevar adelante en el Congreso con el objetivo de aprobar el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La iniciativa, además, se enmarca en el contexto de la permanente y creciente hostilidad que el matrimonio presidencial ha tenido y tiene hacia la prensa libre. En ese sentido, el discurso de presentación de la Presidenta fue una reafirmación de ese sentimiento de hostilidad. Cuando la Dra. Fernández de Kirchner habló de no confundir “la libertad de expresión con la libertad de extorsión”, señaló algo de una gravedad tal que no puede ser pasado por alto. La extorsión es un delito y si el Gobierno fue víctima de algún hecho de ese tipo, debió haberlo denunciado. Claro que antes de eso debería haber hecho, cuanto menos, un mea culpa ante sus conductas. ¿Cómo calificar, si no, las acciones de apriete llevadas adelante por el gobierno de los Kirchner sobre periodistas y medios con los que no simpatizan? ¿Cómo calificar, por otra parte, la utilización de la publicidad oficial como instrumento de premio o castigo para los medios? ¿Tales acciones no son extorsivas?
En ese discurso, además, la Presidenta volvió a presentarse como si ella y su esposo fueran los fundadores de la Argentina. Según esta pose, entonces, jamás nadie hizo ni se atrevió a hacer algo similar a lo hecho por ellos. Como siempre, una vez más, la Dra. Fernández de Kirchner se equivocó. No es cierto que ningún otro presidente de la renacida democracia no haya mandado nunca al Congreso un proyecto de ley de radiodifusión. El Dr. Raúl Alfonsín lo hizo en diciembre de 1987; el Dr. Carlos Menem produjo modificaciones en la ley en 1989, y el Dr. Fernando de la Rúa envió un proyecto de ley en abril de 2001.
Debemos ser claros: este proyecto surge como resultado del enfrentamiento que el Gobierno tiene con el Grupo Clarín y no de una convicción profunda en las bondades de una prensa libre y plural. Hay que decir una vez más –y van– que la prensa libre y honesta es un instrumento indispensable de control en las sociedades democráticas.
Eso es lo que les molesta a los Kirchner. Por eso sus disputas con los que les son críticos. Por eso, también, su necesidad de controlarlos.
Que la Argentina necesita una nueva ley de radiodifusión moderna, que permita la incorporación de la mayor cantidad de voces en el mundo de la comunicación, es indiscutible.
Que el hecho que en 26 años de democracia no se haya sancionado una nueva ley que reemplace a la de la dictadura es una deuda enorme de la mayoría de la dirigencia política de nuestro país.
La Argentina necesita una ley que no sea ni para Clarín, ni para el Gobierno ni para nadie en particular.
En todas las democracias fuertes del mundo la actividad de radiodifusión está regulada. Esto tiene que ver con la necesidad de evaluar la idoneidad y antecedentes de los propietarios de los medios, así como también con el fin de evitar los fenómenos de concentración, siempre malos y peligrosos.
En los enunciados gubernamentales, estos son los argumentos que dan pie al proyecto de ley. Por lo tanto, ¿por qué tanta preocupación con esta iniciativa?
La respuesta es simple: por los Kirchner. Decir que al matrimonio presidencial le interese que haya una real libertad de prensa tiene la credibilidad de la nada. Para ello, basta con detenerse por un momento en sus antecedentes.
En Santa Cruz, durante los años en que Néstor Kirchner se desempeñó como gobernador, la prensa que no era adicta al oficialismo pasó las de Caín. Hubo periodistas querellados; hubo también presiones hacia los medios que no se doblegaban ante el poder, a los que se los castigó con el quite de la publicidad oficial. No conforme con eso, el gobierno del Dr. Kirchner advirtió a las empresas privadas sobre la inconveniencia de anunciar en esos medios.
Sumado a esto, se estimuló la creación de un multimedios oficial, propiedad de Rudy Ulloa Igor, ex chofer del entonces gobernador. Ese multimedios se ha visto beneficiado con cataratas de publicidad oficial.
A nivel nacional, el recorrido de los Kirchner no muestra ninguna diferencia metodológica. Ya desde el vamos, allá por 2003, hubo desde el nivel presidencial presiones fuertes sobre aquellos periodistas que, a pesar de elogiar varias medidas tomadas por el Gobierno, tenían una visión crítica de su metodología de confrontación permanente.
A ello se agregó el desvergonzado manejo de la publicidad oficial. Los medios que alertaron sobre las tendencias autoritarias de la administración Kirchner fueron castigados con la quita de esa publicidad. Valga como ejemplo concreto de esto lo sucedido tanto a PERFIL como así también a Crítica.
También hay que recordar la demora inexplicable que, en 2006, debió padecer Marcelo Tinelli para acceder al otorgamiento de la licencia de Radio Del Plata. Esto fue consecuencia del enfado y disgusto que le produjo a Néstor Kirchner la presencia en la grilla de la programación de esa emisora de Jorge Lanata y de quien esto escribe.
Asimismo, no hay que olvidar los embates personales a periodistas que afectaron a Víctor Hugo Morales, cuyo programa Desayuno fue levantado de Canal 7 en 2006, a Pepe Eliaschev, que fue sacado abruptamente del aire de Radio Nacional el 31 de diciembre de 2005, y a Alfredo Leuco.
A estos hay que agregar la compra de medios por parte de grupos empresariales beneficiados por el Gobierno con suculentos contratos de obra pública, que nada tienen que ver ni conocen de medios, y que se han lanzado a la compra de emisoras de radio y canales de televisión que luego se sostienen fundamentalmente a base de la pauta de publicidad oficial.
De todo esto el Gobierno nada dice. No es verdad que no haya medios oficialistas, lo que es total y absolutamente legítimo. Para infortunio del Gobierno, esos medios son los que menos se leen, miran o escuchan.
En este contexto, es menester marcar la concepción poco democrática de los Kirchner en la que la afectada, otra vez, es la prensa libre: la falta de sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública es una muestra significativa de ello. La Presidenta se negó sistemáticamente a la aprobación de esa ley, que implicaba un gran aporte al concepto de república.
Las conductas de los Kirchner son demostrativas de una psicología particular.
La Presidenta ha dicho que no lee los diarios. La realidad demuestra que algo lee. Eso sí, a los que la critican los descalifica.
Néstor Kirchner está convencido de que perdió la elección por culpa de Clarín. Sin embargo, en Santa Cruz, a pesar del dominio del multimedios K, también mordió el polvo de la derrota. Alguien que buscara la sabiduría seguramente sacaría alguna moraleja de ello.
Como dijo un ministro del actual gabinete, “el 28 de junio votó la gente, no Clarín”.
Si lo que le interesara al Gobierno, de verdad, fuese el logro de una ley tendiente a asegurar mayores niveles de libertad y pluralidad, no se entiende el porqué del apuro casi desesperado de tratarla antes del 10 de diciembre. Esto automáticamente generaría la posibilidad de consensuarla con la oposición y comprometerla a producir aportes serios. Se estaría así ante una verdadera ley de Estado. Es evidente que ésta no es la voluntad del matrimonio presidencial. Y es una real pena, porque la ley tiene muchos puntos valiosos. El problema es que los puntos malos son muy malos. Ahí es donde el Gobierno muestra la hilacha. Uno de ellos es el de la conformación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo directorio va a estar integrado por siete miembros, cinco de los cuales, es decir una mayoría superabsoluta, serán designados por el Poder Ejecutivo, y los dos restantes por el Congreso. Otro de los puntos conflictivos está en la revisión cada dos años de la concesión de la licencia. En el proyecto habla que será una revisión sólo técnica. La sospecha, por cierto que más que fundada, es que con la excusa de la revisión de aspectos técnicos se busque condicionar al licenciatario. ¿Quién de ellos estará interesado en tener, por ejemplo, periodistas que expresen sus opiniones sobre el Gobierno en forma libre, pendiendo sobre él esa espada de Damocles?
Lo malo de estas cosas es que el Gobierno busca legislar para el ahora algo que debería ser perdurable y asegurase los beneficios de la libertad para el presente y para el futuro. No se alcanza a percibir que estas normas que hoy pueden satisfacer el ánimo de venganza del matrimonio Kirchner podrán ser utilizadas por otros en forma discrecional y acechante para todos, incluso para los que hoy, de buena fe, expresan su apoyo al proyecto.
Con estas actitudes, además, el Gobierno ha firmado el certificado de defunción del diálogo político. Ha terminado, así, de darle la razón a Elisa Carrió, a Carlos Reutemann y a Fernando “Pino” Solanas, quienes no concurrieron a la convocatoria de la Presidenta porque intuyeron que ésa era una maniobra distractiva tendiente a ganar tiempo.
El 25 de octubre de 1977 se firmó en España el Pacto de la Moncloa. El Pacto fue producto de una coyuntura socioeconómica muy difícil. La inflación había llegado al 47%. Tocados por esa realidad, los líderes políticos de entonces, Adolfo Suárez, presidente del gobierno, Santiago Carrillo, titular del Partido Comunista Español, y Felipe González, cabeza del Partido Socialista Obrero Español, junto con los dirigentes gremiales y empresariales, superaron enconos de años y produjeron un acuerdo no sólo destinado a enfrentar las dificultades económicas de la hora sino también para delinear el futuro que asegurara la transición y le permitiera a España consolidar la democracia y lanzarse a la modernidad.
¡Qué lejos estamos aún de eso!
Producción periodística:
Guido Baistrocchi.
