Y un día, para sorpresa de los críticos del gradualismo, la maquinaria se echó a andar. Después de no intervenir en el nuevo mercado de divisas liberado, el Banco Central mostró sus cartas apremiado por el aumento sin pausa de la cotización del dólar. Antes, durante un mes, convalidó una devaluación de 12%, adicional a la de la salida del cepo en diciembre, del 43%. Con US$ 40 millones, clavó el dólar en $ 15,04 y enfrió expectativas del mercado. El de $ 15 pasó a ser el nuevo piso psicológico, en rigor era el que Alfonso Prat-Gay fijó antes de asumir Hacienda y Finanzas; era el precio que, sostenía, estaba implícito en los balances, el nivel del “contado con liqui”.
Como ayer anticipó PERFIL, la nueva estrategia del Central, por lo menos hasta mayo, cuando deben ingresar dólares de la cosecha nueva de soja, será defender los $ 15. ¿Será suficiente para que los exportadores aceleren la liquidación de exportaciones? ¿La rueda de pagos a importadores no pondrá más presiones sobre el tipo de cambio?
Las discusiones en el equipo económico cobraron intensidad y velocidad a partir de que los índices de precios paralelos proyectaron una inflación anual en el 30%, lejos del deseado 20%/25% anunciado en vísperas de las paritarias.
Se puso en cuestión el enfoque progresista y gradualista de la transición, y el saldo fue la decisión de actuar. Se atacó lo que vislumbraban como disparada del tipo de cambio, pero también se profundizó la esterilización de emisión monetaria, la otra pieza maestra contra la inflación. Antes de la salida del cepo, el Central subió las tasas al 38% para su política de absorber pesos, empezar a pelearles a los precios y frenar la demanda de dólares. Fue notablemente efectivo pero el impacto en la actividad, también: por primera vez en sesenta meses, se paralizó el otorgamiento de créditos al sector privado.
El balance con la actividad y el empleo recomendó prudencia y en ocho semanas las tasas se redujeron ocho puntos. Pero al igual que en el mercado de cambios, la semana pasada aumentó un cuarto de punto en los plazos más cortos de la licitación de Lebac, para acelerar la absorción. Es probable que, al compás del aumento de la preocupación política por la inflación, se intensifiquen estos movimientos activos del Central. Sobre todo porque, junto con el acuerdo con los holdouts, se trata de la principal política de control de precios del equipo económico. Es el credo que se escucha: de la mano del financiamiento que sobrevendrá tras un acuerdo con los bonistas y la absorción monetaria, allí aparecerán las inversiones, confían en el Gobierno.
Por eso se vivía como un triunfo futbolístico la decisión del juez Griesa del viernes pasado. No sólo convalidó la estrategia argentina de aproximación técnica al negociador y a los grupos individuales de bonistas, sino también el abordaje judicial. En consecuencia, se produjo el mayor avance en dos años en los tribunales neoyorquinos.
Aunque virtuoso, ese esquema técnico de abordaje del problema de los precios choca con la erosión política, encarnada en el malhumor popular hacia la inflación, el impacto de los aumentos tarifarios en ciernes y los cortes de luz. Adolece el Gobierno de dificultades para explicar su visión. ¿Creerán que los consumidores podrán explicarse, frente al carnicero o la góndola de Coto que los exorbitantes precios obedecen al exceso de emisión de pesos del kirchnerismo? Cambiemos tiene, de sobra, economistas expertos en comunicar. Pero parece obvio que muchos no pueden, no quieren o no los dejan hablar de la estrategia antiinflacionaria. Mientras tanto, apuntan a que la gente comprenda saberes lejanos del bolsillo, promesas que se consumen en el vértigo del tiempo
