Hace pocos días, diputados nacionales de diferentes bloques, encabezados por el oficialismo y el kirchnerismo, solicitaron al presidente de la Cámara la actualización del monto que perciben mensualmente en concepto de gastos de representación y canje de pasajes aéreos y terrestres.
Por mes, y aparte de la dieta, cada legislador recibe una cuponera con pasajes aéreos y de ómnibus. Los pasajes que no se usan se pueden canjear directamente por dinero en efectivo, lo que implica un ingreso adicional.
Al respecto, señala el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola: “El PRO y el kirchnerismo piden aumentar un 100% los gastos de representación y 70% los
pasajes, que son aumentos encubiertos porque se les permite no usarlos y cambiarlos por plata”. Es claro que tiene razón. Ya hace muchos años que señalo la inequitativa asimetría de derechos que gozan los legisladores respecto del resto de los ciudadanos de la Nación.
Veamos los hechos. Numerosos legisladores hacen uso de su derecho a canjear pasajes por dinero en efectivo, al no utilizar por completo la cuota que tienen asignada. Esta conducta es por completo racional, nunca nadie puede estar peor por recibir un subsidio en
efectivo y gastarlo a su criterio, que por recibir un derecho equivalente, ejemplificado en este caso por los pasajes aéreos.
Por ello, resulta razonable suponer que cualquier legislador prefiere esta flexibilidad a no tener otra opción que utilizar los pasajes o perder el valor de los mismos, sobremanera aquellos que residen en la Ciudad de
Buenos Aires o en distritos cercanos y, por ende, no utilizan su cuota
mensual de pasajes. Sin embargo, el resto de los ciudadanos carecemos de esta misma flexibilidad en numerosas instancias. La educación es un claro ejemplo de ello.
Si le preguntamos a un padre de un niño en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública o recibir un subsidio que le permita tomar sus propias decisiones respecto de la educación de sus hijos, independientemente de sus restricciones económicas, la respuesta debería ser tan obvia como lo es la conducta de los legisladores.
Nadie podría estar peor por tener la posibilidad de elegir, todo padre que desease optar por una educación distinta para sus hijos podría hacerlo y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.
No estoy proponiendo inventar la rueda, esta propuesta es una realidad en otras latitudes. Por ejemplo, dos recientes notas del Wall Street Journal describen el caso de Arizona, el cual se convirtió en abril pasado en el segundo estado en Estados Unidos, después de
Nevada, en establecer Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA), que permiten a los padres que opten por retirar a los niños de escuelas públicas recibir una porción de los fondos que el Estado habría gastado en su educación y con ello costear un colegio privado, tutorías u otros gastos de educación aprobados por el Estado.
En realidad, Arizona es el primer estado donde la idea ya se ha puesto en práctica, al sortear las barreras legales al respecto. Todo estudiante de escuela pública es elegible, aunque el número participante cada año tiene un techo. Las cuentas promedian US$ 5.600, lo cual es suficiente para cubrir la matrícula en la mitad de las escuelas privadas del estado. Por cierto, la legislación impone rigurosas medidas de rendición de cuentas, entre ellas pruebas estandarizadas obligatorias y la presentación de informes públicos sobre los resultados de las mismas.
Como bien señaló el gobernador de Arizona, Doug Ducey, al firmar la ley: “Cuando los padres tienen opciones, los niños ganan”. Por ello, si nuestros legisladores tienen el derecho a elegir el uso que le asignan al subsidio en tickets aéreos, yo pregunto si no es inequitativo que los padres no tengan un derecho similar respecto de la escolaridad de sus hijos. La respuesta es obvia.
*Miembro de la Academia Nacional de Educación y Vicerrector de la Universidad del CEMA.
