Cárceles privadas autosustentables

La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2016 de la gobernadora María Eugenia Vidal, y en el mismo se estipuló que de los $ 9 mil millones que eran asignados al Ministerio de Justicia, casi $ 8.500 millones fueran para el Servicio Penitenciario Bonaerense.

El sistema carcelario provincial aloja a casi 33 mil presos en cárceles y alcaidías, con lo que para mantener a cada preso se requieren $ 257 mil al año, es decir, $ 21.400 al mes por cada recluso.

El sistema, al menos en la teoría, existe para cuidar y reeducar a los internos, y a la vez, garantizar su separación física de la sociedad agredida.

Los hechos están a la vista, las cárceles son obsoletas y superpobladas, mazmorras cuasi medievales adonde ningún tipo de rehabilitación del criminal es posible, y adonde la corrupción es materia cotidiana, aún pese al esfuerzo demostrado por el nuevo gobierno provincial.

La población carcelaria irá, a corto y mediano plazo, aumentando indefectiblemente, no sólo por el natural aumento demográfico, sino porque el aumento de la criminalidad ocurrida en la última década, especialmente impulsada por el narcotráfico y sus derivados, estimándose en unos dos mil internos nuevos al año.

Así, hasta tanto lleguemos al ideal del decrecimiento de población carcelaria como objetivo de políticas criminales de largo plazo, como sucede en algunos países nórdicos, el aumento de plazas carcelarias de calidad a corto plazo proporcionará no sólo que haya menos criminales en la calle, sino que los mismos egresen rehabilitados y no se sumen nuevamente al delito.

El Estado ya ha demostrado hasta el hartazgo su ineficacia en el manejo de prisiones, por ello debemos mirar a diferentes experiencias, por ejemplo, la de los Estados Unidos, país que con unos veinte años de anticipación al nuestro, sufrió de los mismos males, una criminalidad descontrolada primero y controlada después, lo que significó un gran aumento de su población carcelaria, por lo que decidió poner a la industria privada a trabajar en esta área de gobierno.

En la actualidad el número de internos pertenecientes a cárceles total o parcialmente privadas ronda los 200 mil. Es decir aproximadamente el 10% de los internos estadounidenses.
Corrections Corporations of America  fue la primera firma encargada del management de prisiones en su totalidad. Fundada en 1983, en 1984 comenzó operando una cárcel de sesenta camas en Tennessee. En la actualidad maneja ya 45 cárceles, el 50% de la población en manos privadas.

Además de estas privatizaciones totales, los dos tercios de los estados norteamericanos hacen operar en forma parcial a sus prisiones por proveedores privados. (Fuente: Bureau of Justice Statistics, report to the Nation on Crime and Justice).   
El sistema de pago normalmente es “por interno”, por lo que el Estado empieza sus pagos al estar las facilidades ya enteramente construidas.

En las mismas se desarrollan labores y programas educativos, El sistema federal de prisiones americano, tiene enrolados aproximadamente al 17% de sus internos en sus programas laborales, los que ya producen el 100% de la indumentaria militar, cascos, chalecos antibalas, el 98% del ensamblado de equipos electrónicos militares y otros, produciendo cada interno unos US$ 39 mil/año, convirtiendo a los establecimientos en autosustentables.
También compañías como Motorola, Boeing, Microsoft, Hewlett-Packard y otras empresas de primera línea están enroladas en programas que montan líneas de producción intramuros.

Si bien se producen críticas periódicamente al sistema privado por cuanto, lógicamente, gana más dinero cuanto más se encarcelan criminales, no se ha podido probar relación alguna que denote que sea el empresario de la cárcel privada quien aliente a delinquir.

Claramente, un modelo a estudiar.

*Dr. en Ciencias Penales, ex fiscal. Miembro honorario de Usina de Justicia.