La histeria político-mediática ante los silencios y los decires de Cristina Fernández de Kirchner no debería tapar el bosque. Sobre todo si se está incendiando por la crisis.
Dejemos que oficialistas y opositores proclamen sus interpretaciones contrapuestas, entre y dentro de esas fuerzas. Que si apoya. Que si critica. Que si lo culpa al Presidente. Que si tiende la mano al consenso. Que si prepara el terreno ante un posible estallido. Palabras. Demasiadas.
Convendría detenerse en los hechos. En especial si estamos frente a un tsunami sanitario y socioeconómico nunca antes visto.
Por eso, más que los análisis y las evaluaciones, habría que seguir con atención el impacto de la carta de Cristina en la acción del Gobierno, principal responsable a la hora de enfrentar los gravísimos problemas que tenemos.
Ella dice claramente que manda Alberto Fernández. Habrá que creerle, claro. Y sería lo que corresponde, porque es el Presidente. Pero ciertas decisiones insisten en seguir poniendo en duda quién las toma o las origina.
Ahí está, por ejemplo, como revela en esta misma edición de PERFIL Rosario Ayerdi, la puesta en marcha de una suerte de tablero de control ministerial, desde la Jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero. Casualmente, luego de que la vicepresidenta planteara su objeción a los funcionarios y funcionarias “que no funcionan”.
Menos evidentes son otros botones de muestra. Hemos dicho aquí en varias oportunidades que el loteo de espacios de poder en el Estado pagó políticamente la unidad del rompecabezas peronista para ganarle a Macri. Pero complica, y mucho, a la hora de gestionar. No hay área impoluta en ese sentido.
Veamos el caso de Energía, un sector clave para conseguir o dilapidar dólares (si lo sabrá el kirchnerismo y un tal Julio De Vido). Cambió el secretario a cargo, el neuquino Darío Martínez, y pasó a depender del Ministerio de Economía (Martín Guzmán) en vez del de Producción (Matías Kulfas).
Sin embargo, la política energética sigue siendo tierra de nadie. O mejor dicho, de todos y todas. Contra lo que el Gobierno había acordado con YPF, la megapetrolera estatal, se borró del Presupuesto 2021 aprobado esta semana en Diputados una millonaria compensación a las empresas por las devaluaciones del macrismo.
La medida convulsionó a toda la industria. No solo porque Marcos Bulgheroni (PAE) y Paolo Rocca (Tecpetrol) habían recibido el estímulo oral por parte del Presidente de que siguieran invirtiendo, en sendos encuentros privados. Sino porque el acuerdo compensatorio fue liderado por YPF.
Amén de que la compañía estatal es otro caso de loteo de diferentes componentes del Frente de Todos, cuesta pensar que desde allí tampoco se consigue que se avance en acuerdos con el Gobierno.
Ya no es tan difícil de creer cuando quien se opuso férreamente a ese acuerdo es el titular del Enargas, Federico Bernal. El joven Bernal ya había boicoteado el Plan Gas de Kulfas y también se opone al descongelamiento de tarifas que impulsa Guzmán, para reducir el peso de los subsidios por el impacto en el déficit fiscal.
Otro joven Federico se apellida Basualdo y está a cargo del Enre, que controla los servicios de electricidad. También se opone al descongelamiento tarifario e impulsa una ofensiva constante sobre el sector privado.
Es llamativo que desde dos organismos de control se tenga tamaña injerencia en las políticas de todo el sector energético, nada menos. Salvo, claro, que se trate de dos protegidos de Cristina Fernández de Kirchner. Ah, sí, pero el que manda es Alberto.
Las cartas de este juego de poder perverso están marcadas.
