Aprovechando la víspera del fin de semana, y los más de 30 grados que calientan el territorio español, el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció que el 1 de octubre, se celebraría un referéndum sobre la independencia de esa Comunidad Autónoma española.
El anuncio era un secreto a voces del Gobierno catalán que trabajaba desde hace meses en la consulta, con la estéril esperanza de que Mariano Rajoy aceptara negociar las condiciones en que se realizaría. El presidente del Gobierno español ya había contestado que "ni quiero, ni me lo creo, ni siendo yo presidente se va a producir".
Unas horas después del comunicado catalán, el portavoz del gobierno español concluyó que “cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional”. En Madrid, descuentan que la justicia trabará el proceso y dejará el objetivo independentista en ascuas.
En cualquier caso, la Generalitat de Cataluña insiste en que apelará a la “democracia del voto”, a “la libre autodeterminación de los pueblos”, y al referéndum como “un instrumento extraordinario porque permite plantar a la sociedad una pregunta clara que contiene una respuesta específica”.
Como lo expresó el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, en una conferencia en Madrid semanas atrás, nunca renunciarán a “la voluntad de decidir nuestro derecho colectivo a través de las papeletas y las urnas”.
La pregunta que se definió para el eventual referéndum reza: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. Junto con la fecha, es lo único que se sabe de la consulta por el momento. Sin embargo, unos días antes, Puigdemont declaró en la capital española que esperarían hasta última hora una decisión favorable del Gobierno español para negociar las condiciones de la convocatoria.
El párrafo en que hizo mención de aquella disposición, resulta más que controvertido en estos días: “a imagen y semejanza del Reino Unido y Escocia, estamos dispuestos a hablar de todo y con todos, la pregunta, la fecha, los requisitos de participación y su validación”.
Aunque pueda haberse referido simplemente al hecho de que el Reino Unido y Escocia sí acordaron la realización de un referéndum (como no sucede entre Cataluña y el Estado español), el presidente de la Generalitat debería tener muy en cuenta la debacle que siguió al referéndum del Brexit (para decidir la permanencia en la Unión Europea) en el otrora imperio británico.
Este jueves, los resultados de las elecciones parlamentarias inglesas dejaron al Reino Unido en un verdadero laberinto de caos y confusión. La Primera Ministra, Theresa May, que asumió el poder después de que David Cameron dimitiera por los resultados del Brexit (a los que se opuso tarde pero fervientemente), sufrió un duro revés en las urnas.
Aunque su objetivo era fortalecerse para negociar con libertad las condiciones del Brexit con la Unión Europea (UE), su partido, el conservador, quedó en peor posición que antes de los comicios. Por el contrario, los laboristas, liderados por el viejo militante de izquierdas Jeremy Corbyn, lograron un resultado más favorable que en las elecciones de 2014.
Después de los resultados, May afirmó que gobernaría en minoría en una alianza con el Partido Unionista de Irlanda del Norte. En un horizonte de intensa actividad legislativa -producto de la desconexión con la UE-, la Primera Ministra deberá negociar con los unionistas, con el ala radical de su partido en el parlamento, que plantea un Brexit a cara de perro, y con los laboristas, que tras la increíble remontada electoral, no se lo harán nada fácil.
En definitiva, ni el más laureado experto puede anticipar qué pasará con el Brexit de ahora en adelante. En teoría, el 19 de junio el Reino Unido y la Unión Europea deberán comenzar las negociaciones. Theresa May esperaba llegar a esa instancia con el respaldo mayoritario de la ciudadanía y del parlamento, sin embargo, la expresión en las urnas es todo menos unánime.
El origen de la confusión se remite al referéndum que convocó Cameron. Allí se planteaba una pregunta simple (como desean las autoridades catalanas): “¿Debe Reino Unido permanecer en la Unión Europea o debe abandonarla?” Una consulta sencilla que, sin embargo, no aclaraba en absoluto cómo se realizaría el Brexit, ni qué consecuencias tendría.
Nadie, por ejemplo, se imaginaba que unas semanas después del resultado, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker le pasaría a Londres una factura de 60 mil millones de euros por el divorcio, más una dura advertencia de los costos que tendría para el Reino Unido aquella decisión.
Aunque la consulta de Cataluña se percibe aún en estado de germinación, y el Gobierno Español no planea en ningún caso permitirla, las autoridades catalanas deberían aprender de los errores y los costos del Brexit. Sobre todo, cuando se manifiestan profundamente convencidos de obtener un resultado favorable a la independencia.
Sólo por citar las dos consecuencias más importantes que tendría la independencia, les sería conveniente comunicar a los ciudadanos qué les ocurriría tras una desconexión de España, y por consiguiente, de la UE. Dos aspectos que definirían asuntos tan delicados como la moneda, el acceso al mercado común de la UE, y el libre tránsito de personas en el territorio del bloque comunitario.
Como fuera -en caso de realizarse-, los políticos catalanes parecen al menos conscientes de los riesgos que trae aparejado el referéndum para su propia carrera. En su defensa de la convocatoria, el Vice Presidente de la Generalitat aseguró que el referéndum no era un objetivo únicamente de “algunos responsables políticos”, puesto que muchos de ellos están “en política solo de paso”. Algo que conoce muy bien Cameron, y que podría calzarle también a May.
