La política se trata de tomar decisiones. Buenas o malas. Podríamos tener la utópica ilusión de que los gobernantes deciden de forma racional, basándose en el sentido común y un análisis sensato de la información disponible, pero si hacemos un breve repaso histórico nos daríamos cuenta de que esto no suele ser así. La historia está plagada de pésimas decisiones y de líderes que intentaron lograr una cosa y obtuvieron exactamente lo contrario a lo que buscaban.
Lo que sucede en España desde 2016, parecería ser concretamente una serie de decisiones desafortunadas por parte del gobierno central que no han hecho más que alimentar el independentismo en diversos sectores sociales. Exactamente lo contrario a lo que se pretendía.
El 1-O: La fecha clave
El 1 de octubre de 2017 fue uno de los días más importantes para la historia democrática española. La coalición independentista catalana liderada por Carles Puigdemont había convocado de forma ilegal de acuerdo con la constitución española de 1976, un referéndum separatista.
El 1 de octubre de 2017 fue uno de los días más importantes de la historia democrática española.
En ese momento, el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) tenía una batería de opciones sobre la mesa de decisión y optó por una brutal represión a los ciudadanos catalanes que asistían a las urnas y posteriormente una intervención de la comunidad autónoma. Las redes sociales y la prensa se hicieron eco rápidamente del estallido social y la ilegalidad del referéndum fue opacada por la imagen que transmitió a propios y extraños.
La contestación de los catalanes fue masiva y el referéndum pasó entonces a un segundo plano. Miles de personas, muchas incluso no independentistas, salieron a las calles con banderas esteladas. El sentimiento nacionalista catalán se alzaba más fuerte, impulsado por el entrometimiento de Madrid en su comunidad autónoma.
Las razones de Rajoy para tomar esa decisión fueron diversas, pero lo cierto es que si tenemos en cuenta que el resultado obtenido fue exactamente el contrario al que se buscaba, tenemos que calificarla como una mala decisión.
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La judicialización del conflicto
La situación continuó con el encarcelamiento de los principales líderes opositores, el exilio de Carles Puigdemont y la judicialización del conflicto. Podríamos discutir si esto es legal o no, pero en términos de lo político, no hizo más que entorpecer la solución de fondo al conflicto: El problema catalán no es una cuestión jurídica sino política, y la política requiere negociación.
Con la llegada del socialista Pedro Sánchez al gobierno, más flexible y abierto al diálogo que su predecesor, parecía que al menos en la ciudadanía catalana, el conflicto estaba mermando. Sin embargo, la dura sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas a quienes condena a penas de hasta 13 años de prisión, ha vuelto a generar un estallido social. Otra mala decisión.
La dura sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas fue otra mala decisión.
Durante varios días consecutivos los catalanes han protagonizado violentos disturbios, en lo que se denominó El Tsunami Democrático. Un tsunami que la política española no necesitaba en medio de un proceso electoral.
La incapacidad de la dirigencia española para medir las consecuencias a largo plazo de su intervención en un ecosistema complejo que no terminan de comprender es preocupante, y su obsesión con mostrarse inflexible ante los reclamos no ha hecho más que profundizarlos.
En política, poder tomar decisiones adecuadas para cada momento es fundamental. Las buenas decisiones son lo que diferencia a un estadista de un simple dirigente. Y en periodos convulsionados como el que vive España, se necesitan estadistas. Hasta aquí, la dirigencia política se ha cansado de tomar malas decisiones y los resultados están a la vista de todos.
*Investigador Asociado, Centro de Estudios Internacionales UCA
