Miles de policías en Cataluña tratan de evitar el referéndum

El cerco judicial y policial se cerró ayer sobre el independentismo catalán y sus esfuerzos por organizar un referéndum de secesión el 1º de octubre. La fiscalía de la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, denunció por “sedición” a los líderes de las manifestaciones. Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy envió seis mil policías y agentes de la Guardia Civil para reforzar el operativo de seguridad que impedirá la celebración de la consulta.

El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Angel Carballo, pidió “el descubrimiento de los posibles responsables” de rodear el miércoles a guardias civiles que habían allanado la consejería de Economía de la Generalitat. Esos manifestantes habrían dañado los vehículos policiales e impedido hasta la madrugada del jueves la salida de los uniformados.

En su escrito, el fiscal citó a dos figuras del independentismo: los dirigentes de las influyentes asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) –Jordi Sánchez– y Omnium –Jordi Cuixart–, que habían llamado a protestar. Según la denuncia de la fiscalía, Sánchez arengó esa noche a cuarenta mil personas a permanecer en las calles. El documento menciona que los dirigentes de ambas asociaciones se habían subido a un coche de la Guardia Civil para llamar a la “movilización permanente”.

“La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para lograr la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales”, sostuvo Carballo. En la protesta, tres vehículos de la Guardia Civil fueron atacados por los manifestantes.

Estado policial. El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, comunicó al gobierno regional la decisión de enviar refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que “actuarán en caso de que se mantenga el referéndum ilegal”.

Con la movilización de seis mil efectivos de refuerzo en Cataluña, hospedados en tres cruceros atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona, el gobierno de Rajoy aplicó el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Alrededor de 1.500 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidas como antidisturbios, fueron desplegados por las calles catalanas, en apoyo a las medidas de allanamiento ordenadas por la Justicia. En el caso de la Guardia Civil, hay otros 1.500 agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS).
En tanto, 14 personas arrestadas el miércoles fueron ayer liberadas tras declarar ante el juez, quien las acusó por malversación, desobediencia y prevaricación. Esas liberaciones no aplacaron el fervor en las calles. Centenares de estudiantes hicieron ayer un piquete en una de las vías principales de la ciudad y ocuparon la Universidad de Barcelona (UB) en contra del “comportamiento antidemocrático del gobierno español”.

Política. El riguroso cerrojo policial y judicial de esta semana le asestó una estocada mortal a la logística del referéndum del 1º de octubre. Pese a ese éxito inicial, Rajoy aún no podrá cantar victoria, ya que es posible que miles de personas se movilicen contra lo que consideran un atropello al autogobierno y las instituciones catalanas. “Lo siento, España, Cataluña votará sobre la independencia les guste o no”, escribió el presidente regional, Carles Puigdemont, en el Washington Post.

Desde Cataluña pidieron una “solución política” a un “problema político”, pero el presidente hizo oídos sordos y se apegó a la letra de la Constitución y al fallo del Tribunal Constitucional.
Lluís Bassets, responsable de la edición catalana de El País, se quejó ayer de la “incapacidad” de Rajoy de encarar políticamente el conflicto. “La represión no servirá para invertir la dinámica independentista, que no mermará mientras Rajoy no pronuncie palabras de conciliación y tienda la mano a quienes lo desafían”, escribió.