Posiblemente, usted esté curtido de leer sobre firmas de declaraciones rimbombantes que no quedan en nada. Pues bien, asómbrese, ése no fue el caso de la Declaración de Chapultepec y sus diez principios, que ponen en horma a los gobiernos y otras autoridades del continente respecto al cumplimiento de los principios de libertad de prensa.
Han transcurrido exactamente 15 años de su firma y ya la han firmado 55 jefes de Estado. Algunos presidentes no fueron invitados, como Fujimori, mucho menos Chávez. En Castro ni se pensó. A uno que otro firmante se le debió recordar, en su momento, el compromiso adquirido.
Tuve el honor de estar presente en el Palacio de Chapultepec y firmar en la primera página de la declaración. Hoy hay más de 75 mil firmas pertenecientes a políticos, jueces, ministros y ciudadanos en general.
El organizador e impulsor de Chapultepec, James McClatchy, había dispuesto diez mesas en el patio del histórico palacio. Alrededor de ellas, había personalidades de todo el continente como Javier Pérez de Cuellar, intelectuales como Octavio Paz, y lo más granado del periodismo de América latina.
La declaración de Chapultepec ha sido el documento que más ha contribuido a darles el marco a los gobiernos sobre lo que pueden o no hacer cuando actúan en temas de prensa. Ha impulsado a que 13 países hayan aprobado normas que obligan a las oficinas públicas a que proporcionen a los ciudadanos la información que poseen; once países eliminaron normas de desacato y muchos también reformaron sus códigos para ajustarse a los principios de Chapultepec. Fue el primer ordenamiento doctrinario que fijó el derecho a la información como un derecho humano. Sirvió de base para la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al año siguiente inspiró la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de Africa.
En el caso concreto de Argentina, me tocó, durante mi presidencia de la SIP, viajar en agosto de 2005 con una misión especial para ver prioritariamente el uso abusivo que el gobierno de Néstor Kirchner hacía de la publicidad pública (que no se use para premiar o castigar, dice Chapultepec). La reunión con Jorge Fontevecchia fue emblemática. El castigo que mediante la supresión de pauta publicitaria del Gobierno recibía Editorial Perfil era abusivo. Ahí surgió la idea de iniciar un reclamo judicial que hace unas semanas ha recibido un fallo favorable en el Tribunal. Se espera que la Corte Suprema lo ratifique. Chapultepec empieza con lo fundamental: que el ejercicio de la libre expresión no es una concesión ni una dádiva de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo, un derecho humano. Alerta luego sobre las más emblemáticas agresiones a la libertad de prensa: entre otras, las interferencias a los medios y el uso de la fuerza para doblegarlos; la necesidad de abrir la información pública; no aplicar la censura previa y el uso de la publicidad estatal para premiar o castigar a medios o periodistas.
¿Qué se ha hecho para que Chapultepec funcione? Mucho. Se han realizado reuniones hemisféricas con magistrados de las cortes supremas y con congresistas. Visitas a redacciones, reuniones con universitarios, entregas de premios y 30 foros nacionales en los que se evaluaba el cumplimiento de cada país tomando como referencia el decálogo, y luego se publicaban los resultados con el pedido a las autoridades de que corrigieran las normas necesarias.
Lo invito a repetir este divertido ejercicio: revise las normas de Chapultepec (en el sitio www.declaracióndechapultepec.org) y determine, sobre diez, cuáles se cumplen. Esa será la nota que usted le pone a Argentina.
Como puede ver, la declaración de Chapultepec sí funciona. Si usted quiere adherirse, ingerse a esa página web y coloque sus datos. La libertad de expresión se lo agradecerá.
*Editor de Cosas Internacional y ex presidente de la SIP.
