Soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero durante el último mes no pude dar clases: el edificio estuvo “tomado” y las instalaciones ocupadas en lo que constituyó una especie de lock-out promovido por el Centro de Estudiantes, que impidió a trabajadores docentes y no docentes cumplir con sus obligaciones laborales. Todo empezó en apoyo a las protestas de los secundarios y a los reclamos de otra facultad, y siguió con una exigencia: imponer un proyecto propio para la construcción de un futuro edificio para Filosofía y Letras y una serie de limitaciones y condicionamientos para su funcionamiento. Detrás de una retórica con remedos revolucionarios, es fácil descubrir la actitud de consumidores de un servicio, que pretenden derechos prioritarios para decidir sobre cómo debe ser ese servicio –la enseñanza universitaria, que reciben gratuitamente– y están dispuestos a hacer valer esa pretensión a cualquier precio.
En este caso, grupos que sumaron algunas centenas de estudiantes ocuparon la sede principal de la Facultad, impidieron el paso a sus autoridades y montaron un escenario de movilización que incluyó el corte de la calle Puán por varias semanas, el simulacro de clases en los pasillos y la realización de asambleas para decidir sobre la marcha de la protesta. A las clases las llamaron “públicas”, cuando en realidad se trató de clases “particulares” por encargo del Centro de Estudiantes para grupos limitados de alumnos que se encontraban en el lugar. A la asamblea la llamaron “soberana” y pretendieron que sus resoluciones fuesen consideradas la única expresión válida de la voluntad del claustro estudiantil. Este tipo de asambleas, una instancia de decisión no contemplada en el estatuto universitario, se presenta como una forma de ejercicio de la democracia directa. Pero en lugar de constituir un espacio de manifestación plural de las voces de los estudiantes, en los hechos, se ha convertido en un mecanismo eficaz para la construcción de poder por parte de quienes saben controlarlas. En esas reuniones, por más amplias que sean, sólo participa una parte menor del estudiantado, la palabra queda, en general, monopolizada por unas pocas voces y, siguiendo una larga tradición en la materia, las votaciones decisivas se dejan para las 2 o 3 de la madrugada, para desalentar a los independientes.
Cabe aclarar que, según las leyes que rigen el funcionamiento de la UBA, el máximo órgano de gobierno de la Facultad es su Consejo Directivo, que tiene representantes estudiantiles (electos por voto secreto y obligatorio de todos los alumnos), así como de los demás integrantes de la comunidad universitaria. En este caso, en lugar de llevar la discusión sobre el edificio a ese ámbito representativo y ampliar su resonancia a través del debate público, los dirigentes del Centro (con mayoría del Partido Obrero, pero con apoyo de otros grupos) prefirieron la presión directa a través de la toma, con resultados a la vista: cinco semanas sin clase ni acceso a las aulas, oficinas, bibliotecas, institutos de investigación y demás dependencias de la Facultad. Las autoridades (el decano y su equipo) actuaron lentamente, como si apostaran al desgaste de los ocupantes. Pero esa táctica terminó desgastando a todos, pues sí, finalmente, de la mano del Consejo Directivo, se llegó a un acuerdo que permite salvar la cara de los involucrados y diluir sus responsabilidades; nadie, en cambio, podrá salvar a la institución y a sus integrantes de las pérdidas generadas por un mes de parálisis.
La movilización estudiantil tiene larga tradición en la Argentina y fue, en algunos momentos, un mecanismo importante de defensa de la educación pública. Pero hace tiempo que vemos otra cosa: grupos de estudiantes se erigen en dueños de la verdad y buscan imponer sus proyectos por medios violentos. Así lo hicieron ante las dos últimas elecciones de rector de la UBA y así también, ahora, en Filosofía y Letras. Como en otros ámbitos de la vida nacional, frente a conflictos que son propios de una sociedad plural y compleja como la nuestra, se prefiere el uso de la fuerza a la deliberación y la confrontación regulada a través de los mecanismos institucionales vigentes en democracia.
*Historiadora, UBA/Conicet. Su último libro: Buenos Aires en armas. La revolución de 1880.
