Es deprimente el desenlace que que, hasta el pasado viernes, venía teniendo la situación creada en la Capital Federal con la toma de tierras en Villa Lugano. Deprimente, ominoso, presagia las peores realidades. Estamos en presencia de un gobierno nacional que ha resuelto hacer todo lo que esté a su alcance para obstaculizar la marcha de la justicia en el seno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acá no se trata de ventilar en clave ideologizada una crisis habitacional que forma parte de una indigencia general del país. Por supuesto que hay falta de vivienda popular. Por supuesto que existió Sergio Schocklender y los “Sueños Compartidos” de Hebe Bonafini. Cuando se habla de indigencia en materia de vivienda, hay que agregar indigencia de salud. Esta semana, millones de bonaerenses de escasos recursos fueron castigados directamente por la huelga de personal de salud que nunca afecta a los ricos ni a la clase media, sino a aquellos que no tienen más remedio que ir a un hospital público.
Villa Lugano no es, en consecuencia, un caso aislado, excepcional, fácilmente atribuible a un diabólico “neoliberalismo”, teóricamente atrincherado en la ciudad de Buenos Aires. Es parte de una realidad que once años de década “ganada” no han podido modificar. Lo cierto es que no hay una vocación en el Poder Ejecutivo Nacional, no la hay en el Secretario de Seguridad -que opera como si “su” ministra fuera solo un dibujo- en torno de la obligación que tienen las fuerzas de seguridad federales para acatar las decisiones de la Justicia.
No soy de los que creen que la fuerza deba aplicarse ciegamente, sin tener en cuenta las consecuencias. Pero en los gobiernos de cuño ideológico auténticamente progresista como, por ejemplo, el de Dilma Rousseff en Brasil, la decisión de ingresar en zonas en donde, bajo el pretexto de la precariedad habitacional, se refugian bolsones de delincuencia, no ha cejado. Por el contrario, es una decisión consagrada por la propia ejecución política y práctica, con el uso de fuerzas militares, de las órdenes judiciales.
Los corazones sangrantes del autodenominado “progresismo” pretenden que, en todas las áreas, se aplique un “buenismo” redistribucionista que ellos naturalmente no van a pagar de su bolsillo. Ninguno de estos “redistribucionistas” se lleva a los okupas de Villa Lugano a vivir a sus casas. Al contrario, quieren que sea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que califican como enemigo, el que pague todos los costos políticos, prácticos, de seguridad y hasta judiciales.
Llama la atención la revelación de que muchísima gente está armada en esta ocupación ilegal. Llama la atención que la abrumadora mayoría de ellos no admite siquiera el elemental censo que le permitiría a las autoridades saber quién es quién y qué es lo que necesita cada uno.
Hay una pregunta elemental y que hay que hacerse sin anteojeras ideológicas: si el reclamo es auténtico, si padecen una carencia, si han sido víctimas de una injusticia social, ¿por qué no quieren dar su nombre? ¿Por qué no quieren decir cuántos son de familia?” ¿Quiénes son los que realmente manipulan e instrumentan este tipo de movilizaciones?
Si se tratara de una indigencia social, una necesidad claramente reconocible, ¿por qué las armas? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la brutalidad? ¿Por qué la barbarie? ¿O todo esto no es más que una vil excusa para generar actos extorsivos? Es una extorsión de la que ni siquiera es responsable el más humilde de esos ocupantes, sino los punteros que se disfrazan ideológicamente de militantes barriales.
Al evitar el desalojo de Villa Lugano este viernes 28 de febrero, y al no aportar fuerzas federales de seguridad, el gobierno nacional manifiesta -me da mucha pena decirlo- complicidad con formas implícitas del delito. Hay, además, una grosera violación del derecho de propiedad. No parece que hoy en la Argentina estén dadas las condiciones para que las fuerzas democráticas opositoras reivindiquen la plena legalidad del derecho de propiedad. Si este país comienza a consagrar de hecho la violación del derecho de propiedad, se aniquila el corazón mismo de nuestra Constitución. Muchos no se atreven a peticionar el respeto por este derecho, porque temen ser etiquetados de neoliberales, reaccionarios, o retrógrados, cuando en verdad es una de las garantías -no la única- pero una de las garantías primordiales de nuestro complejo jurídico institucional.
Deprime, entristece y preocupa lo que ha sucedido en Villa Lugano. Es evidente que la concepción de que el Gobierno está en guerra y que al enemigo no hay que darle ni siquiera justicia, ha calado profundamente en la manera de reaccionar del Poder Ejecutivo, que -además de ineptitud e incompetencia- acá manifiesta explícita complicidad con terribles formas de la ilegalidad.
Emitido por Pepe Eliaschev en Radio Mitre.
