¿Es la realidad o es la comunicación lo que está complicando en mayor medida al gobierno de Macri? Quienes apuntan a la comunicación piensan que el Gobierno no transmite bien sus visiones y sus razones para justificar las duras medidas de ajuste que está tomando. Hay quienes piensan que el problema son las medidas antes que los mensajes y abogan por un enfoque más gradualista. El Gobierno posiblemente piensa que hacer de una vez lo que hay que hacer llevará, a la larga, a ganar tiempo para conseguir un país viable. Sobre la comunicación, hoy hay acuerdo en que el triunfo electoral del año pasado fue en buena medida un éxito comunicacional. Pero hay quienes piensan que los asesores comunicacionales de Macri son buenos para ganar elecciones pero no para gobernar.
Lo cierto es que, si bien hay problemas que golpean cada día a muchísima gente, el clima de crítica al Gobierno que se palpa en los medios de comunicación es mayor que el que puede registrarse en la opinión pública. Una conclusión es que el Gobierno comunica mejor a la sociedad que a la prensa. Muchos analistas y dirigentes anticipan una pronta caída en el respaldo público al Gobierno. Tal vez ocurra; pero hoy es un pronóstico, no un hecho. Hasta ahora, la población se muestra más paciente que sus comentaristas.
Un viejo dictum sostiene que “la política no es más que palabras”. Aplicada al gobierno de Macri, la implicación es que está flojo en su capacidad política: no habla cuando debería hablar, no dice lo que debería decir. Pero, como con todo dictum de sabiduría común, existe el enunciado contrario: “en política, como en el amor, hay momentos en los que las palabras sobran”. El Gobierno ¿no habla porque no sabe cuándo o cómo hacerlo, o no habla porque cree que no necesita hacerlo?
Los problemas acuciantes estos días no son solamente los precios de los servicios y la inflación –temas que, según algunas opiniones, deberían llevar al Gobierno a dar explicaciones y formular enunciados–. También las denuncias y las investigaciones sobre la corrupción y el lavado de dinero pasaron a un primer plano. Y ya no son sólo los protagonistas del gobierno anterior los involucrados; hasta el mismísimo presidente de la Nación ha quedado expuesto por lo papeles de Panamá. La inflación es un problema singularmente argentino; sobre ese eje, ostentamos el extraordinario récord mundial de aumento de los precios en los últimos 70 años. La corrupción, en cambio, es un flagelo que recorre el mundo y se va destapando, en país tras país, dejando un reguero de denuncias, sospechas y causas judiciales. Sobre este eje no somos campeones del mundo pero competimos cómodamente en la premier league. En los dos frentes, el gobierno nacional tiene motivos para perder el sueño.
Las encuestas de opinión sugieren con bastante elocuencia que la valoración que hace el grueso de la población de la situación económica y social del país no es buena pero eso no repercute demasiado en la confianza en el gobierno nacional. Esta se mantiene alta, con poco desgaste. Incluso las opiniones sobre los aumentos de servicios públicos están divididas: mucha gente se declara dispuesta a comprender sus razones.
Distinto. La saga de los Panamá Papers es otra historia. Viene casi encimada a la saga folclórica de la evasión tributaria, las coimas y los fajos de billetes medibles en toneladas que hasta la televisión exhibe, involucrando a referentes de los gobiernos K y, de nuevo, pueden llegar hasta la mismísima ex presidenta. En ese plano, no sería razonable culpar al Gobierno por falencias en la comunicación. El Presidente ha aceptado ser investigado y respondió con el proyecto de ley sobre información pública, que es una asignatura largamente pendiente. Es imposible anticipar cuál será el impacto de este tema sobre la confianza en el gobierno de Macri; pero en base a la experiencia pasada, parece poco probable que un gobierno con buena imagen llegue a verse seriamente lastimado por sospechas de corrupción.
En todo caso, los problemas que acosan al Gobierno están en el mundo real más que en el de la comunicación. Está claro que si pensamos que todo en este mundo contiene un costado comunicacional, entonces todo es en parte un asunto de comunicación. Como se lee en un libro de Román Gubern, “la mayor parte de las cosas pasan dentro de las cabezas de las gentes, no en el mundo real”. Aunque no es fácil persuadir a doña Rosa cuando se detiene en el cajero del supermercado o a Lázaro Báez cuando duerme en un catre en la cárcel que sus experiencias son problemas comunicacionales.
Los desafíos que la realidad plantea al país de hoy tienen menos que ver con el plano de las construcciones simbólicas a las que los argentinos somos muy afectos y más que ver con las falencias, carencias y déficits de la vida en esta sociedad. Ni siquiera se reducen exclusivamente a la agenda macroeconómica o macrosocial.
En un valioso comentario publicado estos días en La Nación, Oscar Oszlack asimila el problema de la información pública y la transparencia al de la sociedad abierta y el Estado abierto. El autor postula un modelo de democracia más abierta y sostiene que el mundo va en esa dirección. En esa línea, no se trata sólo de legislar sobre el derecho a la información pública sino de facilitar el acceso a toda información relativa a los asuntos de gobierno, de los tres poderes y en todos los planos relevantes para la sociedad y asegurar que se abran todos los canales posibles para trasladar las inquietudes y las opiniones ciudadanas a los órganos de gobierno.
No parece un paso en esa dirección la decisión del Gobierno de la Ciudad de demandar judicialmente a vecinos y entidades sociales que se oponen a alteraciones sustanciales al patrimonio arquitectónico de zonas de su ciudad. La posibilidad de terminar enjuiciado es un disuasivo a esa apertura hacia la cual van las sociedades de nuestro tiempo,
