“La propiedad es un robo” fue la frase lapidaria de Pierre J. Proudhon (1805-1869), un filósofo francés orientado al anarquismo que veía en la protección del derecho a la posesión y disfrute de los bienes el fundamento de la inequidad social. Casi dos siglos más tarde, en Argentina el concepto vuelve a discutirse no ya en el formato provocador de los pensados decimonónicos revolucionarios, sino socavando el derecho de propiedad que se creía afirmado.
Cuando la necesidad lo amerite, casi cualquier norma puede ser reinterpreta a través de regulaciones que las relativizan. Eso pasó esta semana con la difundida ordenanza municipal de Avellaneda que imponía sobretasas a los inmuebles sin uso y que luego de un tiempo pasaría a estar sujetos a expropiación. El intendente en uso de licencia es, precisamente, el actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, Jorge Ferraresi y el marco es una campaña electoral.
Otro tanto ocurrió con las marchas y contramarchas con los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que desataron una puja interna entre los “realistas” encolumnados detrás del ministro Martín Guzmán, que pugnaban ya no por actualizar los valores, sino que no se sigan depreciando en un año que proyecta una inflación del 45% anual y los funcionarios del mismo ministerio y signo político, pero de mirada antagónica. Provenientes del kirchnerismo bonaerense, terminaron imponiendo su visión que, ante la falta de otros estímulos, pisar un año más las tarifas traería algo de alivio negado por la coyuntura económica. También el secretario de Energía admitió que no habrá más aumentos en las tarifas por este año: es decir, el magro dígito que se dispuso para la zona del “AMBA” y, de yapa, el obsequio de la “zona fría” como subsidio adicional en el consumo de gas, cada vez más caro en el mercado internacional. Una ecuación que terminará cerrando con más gasto e importaciones energéticas, algo fuera de los planes del Ministro favorecido por el aumento del valor de las exportaciones del agro.
Las iniciativas económicas del oficialismo no surgen de la nada. Coronan la percepción que ante el estancamiento de la economía y del empleo, no hay que esperar que el desarrollo vaya generando más riquezas y empleos para que, con un poco de progresismo fiscal, vayan favoreciendo el ascenso social y una distribución del ingreso más equitativa. Ante esa convicción, la única vía para lograr las promesas de mejoría social y progreso no es la insuficiente distribución de la renta sino de la riqueza. La medida de esa política extractiva es la tasa de inversión, cada vez más lejos de los valores necesarios para mantener el stock de capital por habitante. En este esquema, aspirar al desarrollo económico se transforma en una utopía.
A fin del año pasado, luego de tres trimestres de pandemia que agudizaron una década de estancamiento, sólo el 47% de los trabajadores tenía un empleo formal (tanto en el sector privado como público, muchas veces utilizado como seguro de desempleo encubierto); 29,5% eran cuentapropistas (desde el profesional independiente hasta el monotributista en la base de la pirámide) y el 23% restante no estaban ni siquiera registrados. Lejos de mejorar, esta precarización del empleo acompañada por la pauperización salarial también señala la caída dramática de la inversión.
Revertir este indicador clave debería ser la piedra angular de un consenso para desandar lo más rápido posible este camino. Con un Estado desfinanciado y carente de herramientas de lograr el ahorro necesario para respaldar un shock de capitalización, la mochila le cae al sector privado, el mismo al que se le aumentan los impuestos, se lo acusa de apalancar la inflación y fugar capitales, pero se le prohíbe ajustar sus plantillas ante el colapso de la demanda y se le cierran las puertas del crédito doméstico por la aspiradora permanente de fondos de parte del Tesoro. Poner el foco en la generación de riquezas o en repartir lo que va quedando. Apostar a un futuro o fija el presente.
