Con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, todas las audiencias desde que se detiene a una persona o se inicia un juicio penal serán orales. Atentos a cierta parquedad o laconismo padecidos por los operadores jurídicos, según se infiere, la Procuración General de la Nación y la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes organizaron unas jornadas con el propósito de que adquieran “la tranquilidad suficiente que requiere estar frente al público”, como señaló el actor Osvaldo Santoro, secretario de la entidad. Y para bien o para mal, se cuidó de señalar que “no es un curso de oratoria, son solamente herramientas de trabajo que utilizamos los actores para expresarnos con libertad”.
Por cierto, capacitar en retórica argumentativa ante los tribunales puede ser parte de la formación jurídica. Pero enseñar a dramatizar, en cambio, es contribuir a la creación de un escenario ficcional. Ya en Fedro, Sócrates increpaba ese proceder impostado cuando advertía que “en los tribunales, la gente no se inquieta en lo más mínimo por decir la verdad, sino por persuadir, y la persuasión depende de la verosimilitud”, de lo que se tiene por verdadero o tiene apariencia de verdad.
La licencia retórico-forense de acudir a estrategias actorales se basa en el antiquísimo uso de lo verosímil. Pero a la sofística contemporánea parece no bastarle con que la narración de un hecho parezca verosímil: con novedosas herramientas, la tecnocracia jurídica va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que termina por ser tenida por una verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos. De ese artificio resultan las aberraciones jurídicas impuestas como si fueran verdades. Esta falsificación, lejos de ser inocua, alimenta la pérdida de legitimidad del discurso jurídico-penal, pues los operadores que la impulsan se arrogan el derecho de imponer una nueva realidad (ficcional) a la sociedad civil que dicen representar.
En la práctica tribunalicia, esta formación actoral a jueces y fiscales refuerza lo que ya es un simulacro de un simulacro: cualquier ciudadano de a pie, caído en la desgracia de tener que asistir a una audiencia en un juzgado, se siente un espectador o, si asiste en calidad de testigo,
un actor de reparto de un grandilocuente montaje escénico donde los protagonistas principales –el imputado, “preparado” por el defensor; el fiscal, que raramente acompaña el pedido de la querella; los jueces, que desestiman pericias con valor probatorio– manipulan los hilos de esas marionetas-víctimas, convidadas de piedra de un festín no buscado.
Ya en los años 70 y principios de los 80 Jean Baudrillard postuló un modelo social de simulación. El simulacro “es el reflejo de una realidad básica. Enmascara y pervierte una realidad básica... No guarda relación alguna con ninguna realidad: es un puro simulacro de sí mismo”, denunciaba en Cultura y simulacro. Estos simulacros relacionados por Baudrillard con los medios de comunicación y la información –y adaptados por nuestra Justicia pensando en la pobre oralidad tribunalicia y en la exposición ante los medios masivos de los fiscales y jueces– dan lugar a una hiperrealidad simulada, que es “más real que lo real”. Se construye entonces un nuevo código de la simulación penal destinado a doblegar los fundamentos racionales de la Justicia y, fiscales mediante, la política nacional.
Una vez que la realidad deviene una farsa, esta construcción jurídica se burla de la realidad real. La misma que nos golpea en el día a día con una violencia inusitada y que se fue asentando gracias a una tecnocracia judicial que desconoce todo límite: tanto los impuestos por la razón como los impuestos por la realidad.
¿Cuáles son las trampas de este discurso falaz? A confesión de partes, relevo de pruebas.
*Doctora en Filosofía y ensayista. Miembro de Usina de Justicia.
