La OMS ha recomendado de manera enfática medidas de distanciamiento social como condición mínima para preservar la salud pública. Este ejercicio compromete a la sociedad y a los gobiernos.
Las cárceles latinoamericanas incumplen de modo harto gravoso (escandaloso muchas veces) este postulado elemental, antes de la pandemia. La pandemia no cambia el escenario carcelario catastrófico: pone la barbarie –a la que nos hemos acostumbrado- sobre la mesa.
El riesgo es que esa barbarie invisible y cotidiana termine dando lugar a una masacre demencial por omisión del Estado, dejando morir a miles de personas, muchas de ellas privadas de su libertad en forma arbitraria e inconstitucional, esto es: sin condena.
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Según la constitución argentina, liberal, las personas se presumen inocentes y no culpables, hasta que un juicio basado en ley determina lo contrario. La prisión preventiva debe ser una excepción, porque vulnera gravemente garantías del debido proceso, no una regla. No otra cosa se cuestiona cuando un poco torpemente –para ser una sociedad republicana- se cuestiona el “garantismo“. El “garantismo“ es la lisa y llana defensa de las garantías constitucionales. Ningún secreto. De tantos falsos dilemas que nos propone cierta prensa amarilla, el debate garantistas y "duros“ es uno de los mas torpes y pueriles, sino el peor. Porque la constitución liberal de Alberdi es “garantista“. Y los jueces que defienden las garantías no son jueces malos o vitupereables por "garantistas", sino jueces neutrales y positivistas que se limitan a cumplir con su trabajo, respetando lo que indica y manda la constitución “garantista“.
La "politización“ está del lado del "anti garantismo“, el juez más "politizado“, el menos independiente de todos, el que más incumple con la carta magna, es el que dicta prisiones sin condena o encierra personas en cárceles hacinadas, que las degradan, que son tortura, que las mantiene presas en forma indefinida por su supuesto “peligro“, y no "cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas“, incumpliendo el debido proceso y la presunción de inocencia, además de la obligación de no torturar en espacios que se supone, por otro lado, que "resocializan“.
Lo primero que tiene que demandar la sociedad argentina es volver a la Constitución. Es respetar nuestra carta magna liberal y humanista. Para todos los ciudadanos, incluyendo a los presos, que siguen siendo personas con dignidad y con derechos. Los denostados "derechos humanos de los delincuentes“. Hay rémoras discursivas del Proceso, que tampoco defendía las garantías constitucionales del debido proceso y creia que los "delincuentes“ no debían tener derechos. Allí nace la impugnación al "garantismo“, al constitucionalismo "garantista“.
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La crítica al "garantismo“ que defiende los derechos de los "delincuentes“, (como si no debieran tener derecho alguno) es un discurso inconstitucional pero sobre todo, es un discurso improcedente en una democracia, aunque sus cultores de ayer y de hoy no lo adviertan del todo. La defensa de las garantías constitucionales, que abarcan también al debido proceso, es una obligación moral básica de cualquier ciudadano y de todo abogado de bien, que respeta la legalidad, no el amarillismo populista mediático y punitivo, que cree, por otro lado, que hacinando personas en cárceles degradantes vamos a solucionar conflictos sociales. No solucionamos nada. Nos degradamos como personas y como sociedad. La OMS ha propuesto medidas básicas de distanciamiento social, que nuestras cárceles incumplen estructuralmente hace décadas.
Resulta harto patético observar como funcionarios provinciales, en lugar de asumir su responsabilidad y hacer bien su trabajo, prefieren ser partícipes de un debate torpe que desorienta y arroga a Eugenio Zaffaroni la responsabilidad última de la inseguridad, que también padecen los que están presos en cárceles hacinadas que son inseguras y cruentas, no “sanas y limpias“, como reza la constitución.
CP
