La consolidación de nuestra democracia permite pensar que hemos dejado atrás los golpes de Estado. Ahora debemos ocuparnos de otros ataques provenientes del mismo sistema democrático. Los más conocidos son los actos de corrupción ejecutados por funcionarios que sustraen parte de los recursos necesarios para atender las demandas sociales, afectando de paso la eficiencia de la gestión pública.
Junto a esa forma ilegal de apropiación se dan otras que no se definen como delitos por el simple hecho de contar con una cobertura legal dada por los mismos actores de la política que cometen esas apropiaciones. Actos realizados a la vista de todos y que intentan justificarse con el argumento de financiar la política.
El programa Fútbol para Todos pudo ser financiado por empresas privadas interesadas en promocionar sus productos. De haberlo hecho nos habríamos ahorrado 5 mil millones de pesos que fueron apropiados por el partido oficialista para captar adeptos.
El nombramiento de empleados públicos sin funciones reales que lo justifiquen significa otros miles de millones de pesos que los partidos políticos se apropian para financiarse o para favorecer a parientes y amigos. Esto que ya está fuera de control en el Ejecutivo se observa también en el Legislativo. El Senado acaba de ampliar su presupuesto, que ya era de 1.819 millones de pesos anuales, para atender sueldos, viáticos y pasajes de sus funcionarios; además de los gastos derivados del nombramiento de 2 mil empleados nuevos propuestos por los diferentes partidos. Los empleados suman ahora más de 5.700 para atender a 72 senadores.
Otra forma de apropiación se lleva a cabo con la multiplicación de instancias de representación. Nuestro régimen federal establece poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional, provincial (en algunas con dos cámaras) y municipal. En muchos municipios el presupuesto alcanza apenas para pagar a los funcionarios; lo que implica que no quedan recursos para infraestructura, escuelas, centros de salud, viviendas, ni para promover inversiones productivas.
Esta aberración de representantes enriquecidos y representados pobres tiene un problema adicional: las dificultades que este enredo burocrático presenta a la ejecución de un plan de desarrollo que incluya al interior del país.
La reforma territorial impulsada por el gobierno socialista de Francia es una buena respuesta a todas estas preocupaciones. La gestión pública de ese país absorbe actualmente el 55% del PBI, al sumar las acciones de la administración central; de sus 22 regiones con sus consejos regionales; de sus 96 departamentos con sus propios consejos; de sus 13.400 mancomunidades y sus 36.700 ayuntamientos, con competencias muchas veces superpuestas. Las reformas ya aprobadas implicarán un ahorro de más de 16 mil millones de dólares en unos cinco años.
Junto a esos ahorros hay otro beneficio importante. Según el secretario de Estado francés para la reforma territorial el principal logro consiste en la posibilidad de “formar regiones potentes en el terreno económico; de amplio espacio geográfico, con mayores competencias”.
La multiplicación de representaciones, con su secuela de más gastos y trabas burocráticas, no ha demostrado ser necesaria para fortalecer una democracia, como lo prueba el caso de Chile, entre otros. Su régimen unitario hace que los intendentes regionales y gobernadores de provincias sean designados por el gobierno central, lo que no ha impedido que sea una de las democracias más consolidadas de la región, con un desarrollo económico extendido a lo largo del país. Los varios gobiernos socialistas que se han sucedido en el poder de ese país se han manejado siempre con este nivel de representación.
Todo indica que aun sin modificar necesariamente nuestro régimen federal, se debe revisar a fondo la asignación de los recursos siempre escasos.
*Sociólogo.
