El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho humano fundamental consagrado tanto en el orden internacional como en nuestra propia Constitución (art. 14 bis). Es inherente a la realización de este derecho un Estado que lo garantice, sobre todo con respecto a aquellos sectores que, por su situación económica y social, no pueden alcanzarlo.
En nuestro país, programas sociales que tuvieron esa alta finalidad, en la última década estuvieron marcados por notorias deficiencias e irregularidades que frustraron el logro de esos objetivos y, en muchos casos, sucumbieron en gigantescos escándalos de corrupción, originando múltiples causas judiciales.
El programa Sueños Compartidos, cuyo propósito era disminuir el déficit habitacional, fue uno de los principales planes durante la gestión kirchnerista. Se comprometieron más de 1.300 millones de pesos para la construcción de 4.757 viviendas de las cuales sólo se concretaron 822, muchas de ellas con graves fallas edilicias y en pésimo estado. Además de sus precarios resultados, este programa se caracterizó por la escandalosa y fraudulenta ejecución de esos fondos públicos. Se renunció a inspeccionar el cumplimiento de las metas físicas y la calidad habitacional, así como a los circuitos por los que se canalizaron las transferencias desde el Ministerio de Planificación, incluyendo provincias, municipios y la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Estado habilitó abusos y desvíos de fondos, por lo que más de cuarenta funcionarios nacionales y provinciales están imputados en la causa en la que se encuentran procesados los hermanos Schoklender.
Algo similar aconteció con los programas implementados en Jujuy por las cooperativas nucleadas en la organización Túpac Amaru. En 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó serias deficiencias de construcción, arbitrariedad en las adjudicaciones de viviendas y severos problemas de dominio. Observó también ausencia de control en la ejecución y en la rendición de cuentas, e identificó prácticas que habilitaban mecanismos fraudulentos en el retiro de fondos públicos de origen federal.
Varias veces he dicho que los hermanos Schoklender y Milagro Sala fueron faraones de los fondos públicos destinados a la vivienda social, como lo fue Lázaro Báez en la obra pública. En estos casos, la utilización de ingentes recursos del Estado sin mecanismos de control transformó las irregularidades de ejecución en un modus operandi, permitiendo su apropiación por quienes eran responsables de su administración y realización. La práctica de retirar en ventanilla montos de hasta 50 mil pesos como principal trámite bancario posibilitó hechos increíbles como, por ejemplo, que una sola persona pudiese retirar el dinero asignado a la mayoría de las cooperativas o, en el caso del programa Sueños Compartidos, que un mismo individuo retirara 2 millones de pesos en sólo seis meses, sin tener que presentar documentación alguna.
Otra metodología comprobada en el mismo programa, que adquirió creciente predominio en la última década, es la negociación de cheques en “cuevas” financieras o cooperativas agrarias: de 500 millones de pesos en cheques que auditó la AGN, 200 millones pertenecían a beneficiarios que nada tenían que ver con la construcción ni con la vivienda social. Este modelo de negociación de cheques detectado por la AGN en los programas de vivienda fue también comprobado más tarde –en muchos casos, en las mismas “cuevas” financieras– por los veedores judiciales de la AFA nombrados por la jueza Servini con relación a fondos destinados al programa Fútbol para Todos.
Techo Digno, programa destinado a Estados provinciales y municipios para la construcción y mejoramiento de viviendas y obras de infraestructura complementarias, fue otro de los emprendimientos con deficiencias críticas en su implementación. Las debilidades de control y falta de rendición de cuentas fueron, como en la mayoría de los programas de esa naturaleza, los factores centrales para fracasos y frustraciones en el logro de sus metas físicas y de su función social.
Si advertimos que en la construcción de este tipo de viviendas, durante el gobierno anterior se concentraron ingentes esfuerzos económicos del Estado, se impone a la gestión actual la necesidad de redefinir radicalmente los programas y lograr una adecuada planificación y ejecución que permita revertir prácticas clientelares y decadentes que han conducido más a la exclusión y marginación que al verdadero goce del derecho a la vivienda.
La multiplicidad de desvíos e irregularidades que retrata esta matriz de corrupción vinculada con el enriquecimiento de funcionarios que se beneficiaron ilícitamente y de manera ostentosa con estos fondos configura un escenario obsceno de despojo a sus verdaderos destinatarios, y la más cruda y flagrante violación de los derechos humanos, esencialmente económicos y sociales.
*Representante especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional.Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Corrupción y derechos humanos
