Finalmente, lo logró. Néstor Kirchner consiguió que sus opositores –de la política o de otros géneros– se contagiaran de una condición que lo caracteriza: la voluntad de daño que acompaña a muchos de sus actos. Se verifica esta singular contaminación casi tardíamente, luego de que el santacruceño atravesara siete años de protagonismo en el gobierno, en los cuales creyó que ese elemento peculiar de su naturaleza contribuyó a sostenerlo. Así también lo han entendido sus medrosos adláteres, quienes por la preservación del modelo justificaron acciones de dudoso escrúpulo bajo el argumento “con el poder no se jode”; mientras, el arco de temerosos rivales, ante el desprejuicio de ciertas acciones, apenas si atinaba a defenderse señalando, como máxima denuncia de una conducta en ocasiones impropia, la fábula del escorpión. Sea por hartazgo, acercamiento al proceso electoral o cambio en las condiciones metereológicas de la política, se han invertido los roles y en el Congreso, por ejemplo, el propósito del castigo al oficialismo ahora prioriza decisiones (¿o cómo hay que entender el reclamo repentino del 82% para los jubilados, unos 20 mil millones de pesos, por parte de quienes siempre pregonaron el equilibrio fiscal y ahora parecen no medir el impacto del incremento en la economía pública?), se guía por cierta venganza para arrancarle al oficilismo lo que más le duele, lo que se niega a conceder. Sin contemplaciones y hasta con placer, si pueden, aunque el designio del daño –en el caso de las jubilaciones– se completa con la idea de impedirle al Gobierno el uso arbitrario, para su propaganda y conveniencia, de unos 30 mil millones que no figuran en el presupuesto por la suba inflacionaria, sin hablar de los 23 mil millones que obtendría por las “ganancias” del Banco Central. El ojo en las elecciones, también.
A su vez, en otros ámbitos anida el mismo espíritu dañino: así se explica la cotidiana humillación de denunciar al Gobierno como una fábrica de corruptelas. Si se suma a esa cohorte de impulsos casi persecutorios una pérdida progresiva del miedo que paralizaba a otros sectores, se descubre la persistencia de una temperatura tan alta y radicalizada que, de no mermar, augura a lo largo del año el inevitable estallido de algún caño.
Demasiada literatura, tal vez, para distinguir un objetivo ya manifiesto y contrario a los Kirchner en la oposición, el “tenemos un plan” que se podría resumir en tres puntos:
l) Propiciar todo tipo de acuerdos que impidan, en las elecciones del 2011, la continuidad del kirchnerismo. Sea para que no alcance guarismos determinantes en la primera vuelta o para tumbarlo en la segunda.
2) Acumular la mayor cantidad de elementos judiciales que, hacia esa fecha o antes, habilite la convocatoria a tribunales de aquellos que rodean al matrimonio, y al matrimonio mismo si fuera posible, por presuntas infracciones o delitos.
3) La revisión y desmadejamiento de grupos económicos o empresas que prosperaron en los últimos años, beneficiados en apariencia por su afinidad al oficialismo y a los favores que pudieran desprenderse de esa relación.
No sólo los periodistas conocen estas iniciativas cupulares de distintos centros de oposición; también el Gobierno que revela cierto nerviosismo ante la abundancia de datos al respecto. Y trastorna a un Néstor que, por episodios pasados, lo menos que desea es sulfurarse. Por lo tanto, si uno se detiene en el primer punto de la planificada trilogía, asiste a una obviedad: las expresiones opuestas al Gobierno se recojen todos los días, se consagran inclusive en inimaginables ententes en el Parlamento, las que se reúnen también frente a la inquietud de que los aparten del público, del conocimiento, en la próxima campaña electoral, por el dominio creciente y exclusivo del aparato publicitario gubernamental, el cual –si le alcanza– pretenderá inaugurar innúmeras obras públicas en la pira bautismal.
Si hay analogías con otras administraciones en este aspecto, no ocurre lo mismo con el empeño de la oposición por responsabilizar judicialmente a la actual gestión por favoritismo en subsidios, fusiones, concesiones, ventas, compras o intervenciones. Por no hablar de las imputaciones tributarias y el revuelto gramajo dedicado a los patrimonios personales. El afán inquisidor se recuesta en ciertos medios de comunicación, pero sería ingenuo separar este aluvión diario de otros dirigentes que aspiran a generar un amplio mani pulite. Quienes observan como lenta a la Justicia en ciertos procedimientos, imaginan algún grado de aceleración hacia fin de año o en el 2011. Lo único cierto es la existencia de una voluminosa hilera de causas, algunas latentes, otras en apariencia dormidas, ninguna con “cosa juzgada”, casi todas ad referéndum de la veleta que sople el viento.
En cuanto al tercer punto, de asociación deliberada con el segundo, reconoce nombres y apellidos, historias y declaraciones juradas, capitales, manifestación de bienes y procedencias. Apunta esa inicial pesquisa a una primera línea empresaria que estarían “flojos de papeles” de acuerdo a la jerga de los vendedores de autos. Para completar esta investigación, se imagina otra adicional sobre connotadas personas físicas, grupos y compañías de orden nacional que se han acoplado a ciertos emprendimientos, los encabezaron o participan en otros con vínculo estrecho a la venia gubernamental. Rubros a considerar en esa búsqueda de irregularidades: energía en sus distintas áreas, transporte, obras públicas, juego, comunicaciones, pesca, entre otros.
El sentido final de estos ítems, soñados para unos y pesadillas para otros, es que si a través de las urnas se desaloja al kirchnerismo, el mero acto electoral de la victoria no anula otras construcciones de poder que acaparó ese núcleo político.
Sólo los distraídos podrían no identificar a quienes proponen estos cambios y revisiones, del mismo modo que tampoco demanda sutileza encasillar a cada uno de los personajes que agrupa el controversial mapa económico atribuido al kirchnerismo. De ahí que al margen de las circunstancias desfavorables que hoy padece el Gobierno endosándole responsabilidades a Héctor Magnetto sobre todas las culpas sufridas y a sufrir, se renovó en las últimas horas la ofensiva sobre éste y lo que representa: desde la elección del juez Oyarbide para que considere –lo que podría implicar prisión– el delito de lesa humanidad en el traspaso accionario de Papel Prensa en tiempo de los militares (que incluye a los directorios de entonces de esas compañías), a las denuncias por lavado de dinero del medio periodístico (tarea que, quizás para disimular, incluyó también a un banco y a un grupo constructor), sin olvidar en esa retahíla podas al negocio del cable y limitaciones en radio y TV. Liquidar en suma a Magnetto, como si fuera un único culpable de las penurias o un modelo ejemplificador a tomar en cuenta por otros hacia el futuro.
