Pensar en el delito organizado, no es hacerlo en la abstracción. Si lo hacemos, dejamos de ver las muertes, las familias rotas, las economías deterioradas por un mal del que todos hablamos. Como señalan los informes de la Oficina de Naciones Unidas para el Delito, la delincuencia organizada transnacional constituye un gran negocio: en 2009 estimaron que generaba 870 miles de millones de dólares por año, es decir el 1,5% del PIB mundial. Para dimensionarlo podemos pensar que esa cifra equivale a casi el 7% de las exportaciones mundiales. Y Argentina no está ausente, de este flagelo ¿cuánto esfuerzo hemos hecho desde el Estado para erradicarlo?, ¿de cuántas maneras lo hemos potenciado?
Marchamos con indignación y reclamamos que se detenga la violencia de género, mientras la desaparición de mujeres y niños víctimas de la trata continúa en aumento. Vemos que el crimen organizado se expresa sin miramientos en países como México, lugar en donde vemos cómo la mafia se adueña de la civilización y la esclaviza.
Es indudable que el peligro planteado por el crimen organizado necesita ser conocido más a fondo por funcionarios y especialistas y debe impulsar el desarrollo de nuevas estrategias para la cooperación internacional. ¿De qué manera podemos trabajar para detener el tráfico de personas, mercancías, drogas, flora y fauna, arte? Seremos capaces de encontrar una respuesta a esta pregunta una vez resuelta la otra gran cuestión institucional: luchar contra el crimen organizado es combatir la corrupción, el caldo de cultivo donde este tipo de actividad se reproduce.
Los países en desarrollo, como el nuestro, que se encuentran afectados por conductas criminales, como el cohecho, contrabando y delitos de falsificación de monedas, el lavado de dinero y los secuestros extorsivos, necesitan comenzar un proceso de compatibilización de sus legislaciones que perfeccionen la capacidad de sus sistemas de justicia criminal, para prevenir y controlar el crimen organizado en todas sus manifestaciones. El principal objetivo es acortar la distancia entre la capacidad de las autoridades de aplicación de la ley y el constante perfeccionamiento de los grupos criminales para desplazar sus operaciones hacia actividades más rentables, y eludir los esfuerzos contra ellos, utilizando métodos de operación cada vez más sofisticados.
En 1994 la asamblea general de las Naciones Unidas adoptó la “Declaración Política de Nápoles y su Plan de Acción Global”, que remarca la necesidad de la comunidad internacional de llegar al concepto globalmente aceptado de crimen organizado. Un año después, el gobierno de la Argentina acordó la “Declaración de Buenos Aires sobre el Control y la Prevención del Crimen Organizado Transnacional”, que convoca a la cooperación y la asistencia, y fue apoyada por América Latina y del Caribe, cuyos países reconocieron la necesidad de limitar la aplicación de las normas bancarias sobre confidencialidad, relacionadas con operaciones criminales, que pueden ser utilizadas con propósitos de lavado de dinero.
Para avanzar en esta materia es fundamental que las instituciones y los poderes del Estado tengan claridad sobre cuál es el mapa de las diferentes ramas que componen el crimen organizado en cada país, de qué modo se relacionan con otros organismos, y qué puntos débiles son los que usufructúan tales organizaciones delictivas para operar. Tanto a nivel regional como local precisamos potenciar esfuerzos para entender de qué modo operan los grupos criminales y actuar en consecuencia. Es la única manera de controlar y detener el daño que amenaza, en forma silenciosa pero creciente, nuestra sociedad.
*Fiscal general desde 1993. Miembro titular del Institut Supérieur International des Sciences Criminelles (Issisc).
