El endurecimiento del Gobierno, expresado no solo con palabras públicas en los últimos días, pone en evidencia el tono que tendrá la campaña y la gestión, que en años electorales suelen fundirse en una misma variable.
Las dos expresiones orales más notables de esta escalada corrieron por cuenta y orden de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con apenas 72 horas de diferencia. Él en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ella en su defensa dentro de la insólita causa “dólar futuro”.
El epicentro de ambas intervenciones volvió a ser una agenda vintage: la Justicia, la oposición, los medios. Para ellos, el trípode esencial del llamado “lawfare”, aunque el Presidente se cuidó de mencionar ese término, como tampoco lo hicieron esta semana su secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ni su todavía ministra de Justicia, Marcela Losardo.
A propósito de Losardo, resulta cuanto menos curioso que otra vez el Gobierno quede enmarañado en las versiones hasta oficiales sobre su salida del gabinete. Voceros caracterizados las negaron y otros les dieron aire, todo en la Casa Rosada. Ni hablar de fuentes cercanas a la vicepresidenta, quien tenía a la titular de Justicia al tope de su ranking de “funcionarios que no funcionan”.
Acaso ese desdén explique la nula relación entre Losardo y sus secretarios de Justicia, Juan Martín Mena, y de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quienes reportan directamente a CFK. Los dos también se pronunciaron (uno, muy duro contra la Corte Suprema, el otro con un tibio comunicado sobre la represión en Formosa) sin que su jerárquica a cargo lo supiera.
Tampoco Losardo estaba al tanto de la bicameral para controlar jueces y fiscales que nació como Comisión Parrilli y en horas podría ser liderada por Sergio Massa, si el presidente de la Cámara de Diputados decide agarrar esa papa caliente a pedido del Presidente.
Ronda de nombres para sustituir a Losardo, amiga y mano derecha de Alberto F en los temas de Derecho. Surgieron los de Wado de Pedro (que ni loco dejaría Interior, si total desde allí concentra además extendidas relaciones con la Justicia), el ascenso de Mena (auspiciado por el Instituto Patria) y hasta el arribo del siempre expectante Aníbal Fernández.
Sin embargo, pareciera que el elegido es el diputado rionegrino Martín Soria, muy activo en el último año respecto de las denuncias sobre la mesa judicial macrista y los enjuagues indisimulables que hubo entre jueces, fiscales y la AFI que lideraron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Losardo no es la única cansada del “fuego amigo”, amén de los gravísimos problemas ante los que debe actuar el Gobierno. Desde hace semanas, Martín Guzmán asiste preocupado a casi constantes desplantes internos, encima sin ser avisado.
A la anunciada investigación de si la deuda contraída por la gestión Macri con el FMI no es ilegítima, se suma la decisión de patear la negociación con el Fondo, también explicitada por el Presidente. El “no hay apuro” se justificaría desde lo electoral, no desde una lógica económica racional. La inspiradora idea “tortuguesca” provino del kirchnerismo.
Algo parecido sucede con el control de precios. Como con Guillermo Moreno, las empresas deben volver a mostrar al Gobierno su estructura de costos, para que Paula Español, a cargo de la Secretaría de Comercio y muy cercana a CFK, audite.
Guzmán también había planteado reducir los subsidios a la energía, en su plan de ajustar el déficit fiscal. Pero se le anima hasta el interventor del Enargas, el cristinista Federico Bernal, que no tiene empacho en pisar cualquier aumento que conllevaría bajar los subsidios y dijo ayer en una entrevista a PERFIL que la energía “es un derecho social”, “las tarifas deben ser justas” y “no es objetivo de la política energética que el déficit fiscal sea menor”.
Esta película ya la vimos. Ya conocemos quién la protagoniza. Y sabemos cómo termina.
