En la época moderna y antes de la consolidación de la democracia el manejo del Estado se obtenía por acuerdos de sectores con prestigio social o poderío económico, o por el uso de la fuerza. A esos mecanismos recurrieron representantes de diferentes clases sociales para imponer sus proyectos de dominación: en los inicios del capitalismo el Estado fue convertido en “un Comité administrativo de los negocios de la clase burguesa” (Marx, El Manifiesto), y con la revolución de Octubre los bolcheviques lo ocuparon en nombre del proletariado para instalar una dictadura al servicio de su proyecto de sociedad.
Con la consolidación de la democracia los Estados pasan a ser conducidos por fuerzas políticas que lo hacen en tanto representantes del pueblo; y el manejo de los mismos fue condicionado en buena parte por el grado de desarrollo alcanzado por las sociedades que debían gobernar. Los que encontraron una sociedad desarrollada mantuvieron esa dinámica para responder a las demandas económicas de los ciudadanos, a lo que agregaron instituciones que aseguraban sus derechos y libertades. En cambio en los países que no habían alcanzado esa dinámica productiva se necesitaban mayores capacidades y voluntad de cambio para vencer los obstáculos a enfrentar.
Nuestro país llega a la democracia en 1916 cuando un exitoso proyecto agroexportador, que sin embargo no alcanza el desarrollo económico, muestra signos de agotamiento. Y desde entonces nuestros representantes carecieron de capacidad técnica y/o voluntad política para lograr ese desarrollo imprescindible para crear riqueza y distribuirla equitativamente. Llegamos así a una pobreza que agobia a casi el 50 % de nuestros ciudadanos, con una pérdida de empleos genuinos que ha llevado a que en 2019 unos 20 millones de argentinos vivieran de la asistencia del Estado.
Y en ese derrotero de fracasos la política fue encerrándose en sí misma, mientras aumentaba el tamaño y los recursos de un Estado que cada vez más servía, en los hechos, a la propia clase política. Así para el año 2019 disponía ya de $ 8.753.636 millones (esto es un 40,4 % del PIB según Orlando Ferreres) que se gastaron en asistencialismo clientelar y en una burocracia ineficiente que crece incesantemente por la incorporación de personas vinculadas a la clase política. Burocracia que tiene en su cúpula a los “representantes del pueblo” quienes revistan en los poderes ejecutivos y legislativos a nivel nacional, provincial y municipal, con estabilidad laboral, remuneraciones que se auto incrementan generosamente aún en pandemia, jubilaciones de privilegio y a veces reembolsos de parte del salario que cobran colaboradores por ellos designados.
Algunos datos registrados recientemente en los medios dan una pauta de todo esto: “La Legislatura de la provincia de Buenos Aires cuenta con un presupuesto de $17.718 millones y 2600 empleados, pero el Senado sesionó solo dos veces en el año y Diputados, apenas seis”. Derroche que contrasta con la pobreza del conurbano. “El 15-08-21 los salteños elegirán 12 senadores y 30 diputados (sólo) provinciales... En estos comicios compiten siete frentes electorales conformados por 26 partidos políticos y 36 agrupaciones municipales, que presentaron 1.017 listas con 10.676 candidatos en toda la provincia norteña”. Un entusiasmo por la “representación” que parece a una búsqueda de solución económica para esquivar la pobreza y el desempleo.
Representación que comienza en los municipios, de los cuales hay más de mil en el país; los que con frecuencia usan el total de sus presupuestos para sueldos y beneficios de funcionarios, concejales y burocracia local, sin dejar recursos para atender las necesidades de los vecinos.
Necesitamos una democracia con menor número de representantes y más austeridad; menos burocracia y más desarrollo económico; y sin representados pobres que dependen de las dádivas de sus representantes.
