Más de cuarenta leyes propondrá el Gobierno el lunes 30 a una hilera de invitados que van a convalidar la victoria electoral del oficialismo, un concierto de gobernadores, legisladores, sindicalistas, empresarios y expectantes curiosos, sin capacidad hoy para desafiar al campeón. No tienen otro remedio, aunque los domine la desconfianza. Después de dos años con promesas de cambio, el gigantismo reformista con medio centenar de normas resulta engañoso: en rigor, sólo unas pocas apuntan a una “gradual” transformación (impositiva, provisional, laboral, del sector público y provincias); el resto son leyes que anulan otras disposiciones menores, intocables por decreto, parte de la burocracia legislativa. Aunque es necesario esperar, el plan se presenta tal vez más herbívoro que carnívoro, de acuerdo con las instrucciones edulcoradas de Jaime Duran Barba, un vendedor de bijouterie de alta calidad. Nunca de oro. Habrá que saber si el ganador de elecciones también es un crack para gobernar.
Otra época. Se lanza una etapa obligada: ya no puede Macri avanzar sólo oponiéndose a Cristina, le sacó jugoso rédito a esa estrategia de verdugo o vengador; ahora debe exhibir –pensando en 2019– un planteo propio de administración, una forma de gobierno: terminó el ciclo plañidero de que las vaquitas son ajenas. Aunque queden remanentes de la herencia recibida para sumar publicitariamente. Sobre todo por la vía de la Justicia (y a la Justicia misma como sucedánea del cristinismo), sea por la cantidad de presos guardados, sea por los otros por venir.
Con morbo justiciero se aguarda la deseada posibilidad de que alguno de ellos se quiebre y denuncie a sus superiores, aumente el escándalo, revele entretelones de la corrupción pasada, complicidades, tanto el reciente detenido Julio De Vido, de quien esperan sorpresas –algunas quizás no gratas– si hacen comparecer a Laly, su esposa, como Baratta, el segundo del ex ministro, hombre más joven y con hijos chicos, preocupado por una incómoda temporada en la sombra y sin alternativa de una prisión más confortable por razones de edad o enfermedad.
Algo semejante le atribuyen al empresario Cristóbal López, apremiado por voluminosos vencimientos de la Afip para salir de una parte de su emporio menos rendidor y, tal vez, acuciado por la inquietud de padre si le citan a tribunales a uno de sus hijos en la primera quincena de noviembre. Comprensible: primero la familia. A pesar de que, en la urgencia, pende más de una sospecha sobre una operación de compra en torno a más de un centenar de sus compañías, muchas en situación de ahogo, en las cuales no se incluye su próspera participación en el negocio del juego, aquel entrañable tesoro de Néstor Kirchner.
Allí dicen que se ha implicado alguien cercano a Macri, el boquense Angelici, presuntamente ingresado al casino del barco, ese emprendimiento lúdico con final previsto: el año próximo vence la concesión, se cierra, quizás para satisfacer exigencias de Carrió, con aversión manifiesta a esa actividad de lucro y en particular a muchos que la controlan.
Más de uno piensa que el barco podría continuar en otro lugar menos controversial que el distrito porteño, como la isla Martín García, para convertirse de repente en un centro de atracción para jugadores empedernidos y de posibles inversiones. Como las que, se supone, lloverán profusamente sobre Brasil, país que antes de fin de año elimina la prohibición del juego y abre la puerta a infinidad de casinos.
En pugna. Junto con el plan de reformas a discutir este lunes, menos vasto de lo que algunos desean, se avecinan otros cambios menores, simbólicos, como la limpieza de nombres y apellidos en obras y monumentos que avariciosamente se autoimpusieron los Kirchner, sea en las represas del sur, sea en el CCK. U otras iniciativas más complejas, como la partición distrital de la provincia de Buenos Aires para reducir el poder de los intendentes, idea que alguna vez desarrolló en varios tomos el hoy cuestionado Roberto Dromi, ex ministro de Menem. Un tema del que ya han tomado nota los barones del Conurbano: tanto que ahora impulsan, en La Matanza, por ejemplo, la instrumentación de minimunicipalidades de sesgo propio, no vaya a ser que se queden afuera políticamente sin apelar a una defensa.
Pero los conflictos mayores a surgir en la reunión del lunes seguramente habrán de pasar por la contención del gasto en las provincias e intendencias, suponiéndose que el gobierno nacional mostrara su propio régimen de adelgazamiento. Para ser justos, durante la etapa preelectoral, cuando Macri visitaba a los propios para darles apoyo electoral (Bahía Blanca, Mar del Plata) además de transmitirles entusiasmo y garantizarles el triunfo porque su nombre presidía el huracán amarillo, ya discretamente y en secreto les advertía: “Revisá tus números, emprolijá el presupuesto, mirá que el año que viene no habrá un peso más”. Una advertencia a confirmar, porque también creyó que la inflación, este año, tendría un número que hoy no registra y le preocupa, como gran parte de los números de la economía, su insomnio individual. Queda también, entre gobernadores y él, más de un pleito a resolver: el reparto de fondos, la provincia que será más beneficiada en la negociación, ya que se descuenta que la Corte Suprema se expedirá en menos de un año de estudio a favor de la demanda planteada por María Eugenia Vidal para la provincia de Buenos Aires. Algo así como lo que exigieron durante ocho años Córdoba, Santa Fe y San Luis. Por no citar los litigios personales, con Verna, de La Pampa, encabezando el debate como experto cuestionador de los datos oficiales, y Rodríguez Saá –quien difícilmente asista– furioso contra Macri (sostiene que la Casa Rosada amañó una campaña en su contra), imparable además porque no sólo dio vuelta una elección con su hermano para figurar en el Guinness, sino porque la Corte acaba de obligar al Gobierno a pagarle una deuda monumental a la provincia en bonos.
Batallas musculosas, ciertas. El principio de una nueva etapa.
