Hace unos años entrevisté al ex secretario de Seguridad de Brasil Eduardo Soares sobre varios temas. Cuando mencioné la baja de edad de la imputabilidad me respondió que para evitar reflexiones abstractas conviene hacerle dos preguntas a las audiencias:
I. “Cualquiera sea el significado que le atribuyan al verbo funcionar ¿Alguno cree que nuestro sistema penitenciario funciona?”. Como nunca escuchó a nadie decir que sí, continúa: “Entonces, ¿cuál es el sentido de ampliar sus responsabilidades reduciendo la edad de imputabilidad?”.
II. La segunda pregunta que hace es “¿Alguien cree que la normativa de protección de la infancia y adolescencia está siendo rigurosamente aplicada?”. Como las respuestas también son negativas, repregunta: “¿Por qué modificar normativas si aún no intentamos aplicar la vigente de forma integral?”.
Pensémoslas en nuestro país. ¿Los informes del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos, de la Comisión Provincial por la Memoria, así como las relatorías de organismos internacionales no nos vienen alertando de que el sistema penal es selectivo, inhumano e ineficaz?
¿Qué problemas ha encontrado el gobierno nacional en el Régimen de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia iniciado en 2006, como para considerarlo agotado y proponer reformas penales más duras?.
A estas preguntas valdría agregarle al menos dos más, no excluyentes: III. ¿Qué asegura que estas medidas vayan a generar mayor seguridad?
Excepto que haya surgido alguna evidencia que demuestre que el endurecimiento de las penas tiene un efecto directo en los comportamientos sociales como para reducir las tasas delictivas, hasta ahora lo que sabemos es que además de ser efectivas para engrosar la población carcelaria, también han servido como efecto placebo para generar la ilusión de un “futuro más seguro” luego de un hecho trágico que genera gran repercusión e indignación.
El gobierno nacional propone un canje para nada novedoso con el objetivo de “romper el círculo vicioso del crimen”: menos derechos para algunos, a cambio de la ilusión de más seguridad para otros. Este canje, que pertenece al reino del Estado de excepción por goteo, se contrapone al paradigma de la seguridad democrática que entiende a la seguridad como un derecho que colabora para poder disfrutar más de otros derechos. Ninguno es un destino inevitable.
IV. Por último: ¿Qué impide que el razonamiento utilizado para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14, no sea utilizado luego para bajarlo a 12 años?
Esta propuesta no sólo no toma en cuenta la ínfima participación estadística de menores en delitos, sino que se legitima en una alegada lucha contra el narcotráfico, que el presidente Macri inauguró pidiendo “ganar esta guerra” y destacando la necesidad de que los militares colaboren.
Esta perspectiva bélica no busca garantizar derechos y justicia para todos sino combatir un enemigo. El resultado será mayor libertad discrecional para que las fuerzas policiales y de seguridad puedan considerar a los chicos como adultos en sus prácticas cotidianas de criminalización y persecución. Si se cree que punir a los niños es debilitar al crimen organizado, nada impide, que en algunos años, este debate se vuelva a abrir para rebajar la edad de imputabilidad a 12.
No hay duda de que el vigente Régimen Penal de Minoridad de la dictadura debe ser reemplazado, el país debe adecuarse a las convenciones internacionales y mejorar las políticas con respecto a esa población vulnerable con políticas inclusivas, educativas y medidas alternativas como la justicia restaurativa, instancias de mediación, justicia comunitaria, etc. Pero si se quiere un futuro con mayor seguridad para que haya más derechos, lo que no hay que hacer es continuar convirtiendo a los niños y adolescentes en enemigos públicos.
*Sociólogo e investigador FSOC/UBA. Colaborador de la Comisión Provincial por la Memoria.
