Hubo dos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la Ley de Medios. Uno, aprueba la constitucionalidad de la norma (sólo votó en contra Carlos Fayt). Dos, el controvertido plazo para que los grupos se desapoderen de empresas que no se adapten al nuevo régimen (ejemplo: operar, bajo un mismo dueño, Canal 13 y TN). El Gobierno piensa que las transferencias deben ser inmediatas, no es lo que cree el Grupo Clarín. Algo difuso el fallo en este aspecto, le traslada las instancias resolutivas a distintas cámaras, le complica la vida a otros jueces y alienta un fárrago de presentaciones y pleitos. Todo ocurre bajo el paraguas de favorecer la libertad de expresión, según se viste cada uno de los participantes, sea la Corte, el Gobierno o los grupos concentrados, en un país donde el 80% del poder mediático se reparte entre dos grupos identificables con la Casa Rosada y Clarín, al arbitrio o capricho de una o dos personas (léase Cristina de Kirchner y Héctor Magnetto); donde se administra la publicidad oficial según el gusto de la Presidenta, aun contra las instrucciones de la misma Corte; donde se le impone a los empresarios en qué medios debe aplicar su publicidad y, sobre todo, en cuáles no; donde se han comprado medios estéticamente contrarios al gusto oficial nada más que para suprimir periodistas; donde se violan las reglas de mercado (tiene menos publicidad el que más rating cosecha por el temor de las compañías) y las empresas ni compiten porque no les importa ganar, más bien su disposicion es perder para garantizar determinados propósitos políticos.
Una lista interminable de limitaciones anómalas que no se modifica un gramo por la explicación cierta de que “el que puede, dice lo que quiere”. Y el sayo, habrá que insistir, no le corresponde solo al Gobierno –también a la trayectoria tentacular de Clarín– aunque la responsabilidad oficial es superior debido a que utiliza las espadas del Estado para su beneficio.
Ahora van algunas consideraciones sobre situaciones, atajos, complementos y desviaciones de un fallo que, por el marco y entorno que lo rodea, responde a los intereses políticos y económicos más que al propio Derecho:
En menos de 48 horas, vía el dúctil Ricardo Lorenzetti, durmió a Massa, Macri, Carrió y a cuanto ganador se impuso en la elección del domingo. Al contrario, hizo festejar a la no tan convaleciente Cristina en Olivos, a quien le atribuyen una conspiración con el titular de la Corte para disipar juntos las tinieblas que envolvieron al Gobierno con la derrota. Nada más erróneo, y no porque uno descrea de la inteligencia de los personajes. Ocurre que la decisión se había tomado antes, fue advertida por algún periodista y contrariaba la opinión presidencial: Ella quería ese fallo antes de los comicios. Tanto presionó que, según otros miembros de la Corte, el vocero de la Casa Rosada en el instituto, Raúl Zaffaroni, le reclamó ipsofacto esa decisión a sus pares. No pudo, se fijó la fecha del martes siguiente al voto siempre y cuando estuvieran presentes todos los firmantes (no es una novedad que algunos viajan más que un embajador itinerante). Y, curiosamente, el efecto del fallo resultó políticamente más satisfactorio.
Para Clarín, lo de Lorenzetti fue una traición, ya que fue quien volcó la balanza. Al parecer, los representantes de la empresa se reunían a menudo con el títular de la Corte, le masajeaban el ego sensible con publicaciones favorables. Tanto vínculo produjo que el Gobierno lo sospechara al jurista como enemigo, lo maltratara en publicaciones varias, le hiciera campañas en contra, dudaran de su honorabilidad y patrimonio (empresas, el hijo emprendedor, cuestiones íntimas). Fue pública y deshonrosa esta actitud oficialista, bendecida por la Presidenta, quizás fundada en que podía ser un eventual sucesor de la dama para el caso de una crisis. Lorenzetti admitió esa obsesiva persecución, sus amigos sostenían que era espiado, fotografiado, filmado y escuchado por diversos servicios de inteligencia para desfigurar su prestigio y, luego, en el sometimiento de la vergüenza, arrebatarle dictámenes a favor. Ahora todo se ha dado vuelta: quienes desempolvan esa campaña artera son los que antes lo defendían y prohijaban.
Si hay sospechas en Clarín sobre el voto de Lorenzetti (jamás aceptarán que fueron destruídos sus abogados famosos –Gelly, Carrió– por una desconocida letrada de Lomas de Zamora –Graciana Peñafort– en las audiencias públicas, a pesar inclusive de poseer las preguntas que les iban a formular), otra preocupación se advierte en el diario La Nación: el titular de la Corte inclinará su voto a favor o en contra de esa empresa por un litigio monumental que le sigue la AFIP y le podría costar su supervivencia. Dicen haberle escuchado decir a Lorenzetti que presentar una cautelar y al mismo tiempo empezar a pagar la deuda exigida son determinaciones contradictorias, que no favorecen al diario.
Más que singular resulta la afinidad obligada de Martín Sabbatella con uno de los socios minoritarios de Clarín: le recomendó a Magnetto que se integre al plan que presentó Fintech, con 40% del paquete de Cablevisión, el que sería aceptado por las autoridades. Extraña recomendación del Gobierno: a Fintech la preside David Martínez, un mexicano formado en la escuela del Citibank (sobre todo para quedarse con empresas por el suelo en los 90), viene a ser la encarnación de un “buitre”, al menos de los fondos que Cristina cuestiona y denuncia por haber comprado papeles de la deuda argentina. Martínez caracteriza su megafortuna por operar en parte de ese mercado basura, de ahí que extraña la admiración de Sabbatella. Pero Martínez cultiva también a otro funcionario, Carlos Zannini, al que visita en viajes relámpagos y exclusivos, seguramente para tratar el tema de la Ley de Medios y, en especial, la negociación con los hold outs a quien CFK dijo que nunca les iba a pagar. Como ahora parece que está dispuesta a pagar, acaso por los fallos condicionantes del juez Griessa, Martínez se ha vuelto cautivante para el Gobierno: sea para juntar los fondos acreedores para una negociación o, tal vez, para comprar la demanda de los más avanzados en la justicia norteamericana. Taciturno, discreto en Capital Federal (menos en Nueva York y Londres, donde vive), Martínez también visita a Sergio Massa y a otros empresarios que rodean al último ganador de la elección en la provincia de Buenos Aires. Se supone que la inquietud cristiana de un férreo creyente religioso es lo que anima a Martínez para presentar el plan de adecuación que disgusta a Clarín y participar en la negociación por los bonos caídos a través de Zannini, que domestique o compre a los buitres y logre impedir un posible default después del primer semestre del año próximo.
