Repetiré que el tema de los presos y la inseguridad plantean cuestiones insolubles para aclarar los dos sentidos del carácter insoluble. En primer término, y, tal vez, en primer rango en cuanto a su importancia, “insoluble” refiere lo que no se puede disolver –por irreductible, y por no pertinente– en los gelatinosos sistemas argumentales progresista y conservador que monopolizan la opinión pública. “Monopolizan” no es una errata: los conservadores apuestan todo lo suyo al “progreso” del capitalismo y los progresistas se empeñan en “conservar” el valor central que el capitalismo infundió al mundo: el individuo humano, la plenitud de sus derechos y las metas de bienestar y “crecimiento individual”, motores ideológicos o mentales del crecimiento interminable de los mercados.
En segundo lugar, la cuestión de la seguridad es insoluble porque no cabe en los programas electorales de partidos y sellos de goma alineados en filas conservadoras o progresistas. Quien cuide su mercado electoral y su micromercado de captación de voluntades, no puede anunciar metas a diez años, que es el plazo mínimo que escenarios tan mexicanos como el argentino requieren para aliviar las causas sociales de la criminalidad y generar los dispositivos policiales, legales, penales y de readaptación para atenuar la criminalidad dentro de las fuerzas de seguridad y para desactivarla entre los que se han iniciado en la carrera delictiva.
Nadie cree en metas programadas para dentro de veinte años, ni apoya planes que insuman el doble que el presupuesto militar. Aunque los que más padecen la inseguridad son las familias de los sectores populares, ricos y pudientes viven cada vez más sobresaltados y con frecuencia tributan más dinero a los servicios informales de protección, a las empresas de seguridad y a los diversos proveedores de sistemas de blindaje y vigilancia que el que aportan a la insaciable AFIP.
Estos sectores, que como ignorando que los privilegios que detentan son resultado costosas metas trazadas hace ciento veinte, noventa o cincuenta años, ni quieren oír hablar de metas a diez o veinte años y son los más proclives a engrosar las manifestaciones que piden “mano dura”, y, especialmente, mano dura ejecutada por mano de obra barata.
Como en tantas otras cosas, aquí lo barato sale caro y se viene pagando un alto precio por su ineficiencia, su desmoralización y su vulnerabilidad a los mejores incentivos que oferta el crimen. Aunque en todo lo demás se equivoque y haga un pésimo papel, el Dr. Zaffaroni acierta en señalar una costosa reforma del Estado y de la Constitución como el primer paso para avanzar hacia una sociedad más segura.
