Hay quienes sostienen que es antidemocrático que un juez interfiera con la política. Por el contrario, la democracia requiere que los jueces se involucren más en ella, no para tomar decisiones propias de esa esfera sino para garantizar que funcione de forma competitiva. Una democracia inmadura como la nuestra no debe ir en piloto automático. En este punto, democracia y mercado se parecen. Cuando el mercado opera sin controles existe el riesgo de que las empresas con posición monopólica se valgan de ella para excluir a sus rivales. Esto restringe la competencia y perjudica a los consumidores. Para evitarlo, los países desarrollados recurren a las normas más efectivas y beneficiosas para los consumidores que la alternativa de la regulación directa por la que apostó la Argentina en los últimos años, con los deslucidos efectos por todos conocidos.
Preservar la competencia, que parece obvia en el caso del mercado, no debería ser menos en la política. Al igual que los monopolios económicos, quien goza del privilegio de los recursos estatales –el gobierno– puede utilizarlos para desplazar a sus competidores y sostenerse en el poder. Claro está que no todo lo que haga un gobierno para ganar poder será criticable. Muchas veces lo que beneficia electoralmente a un gobierno también promueve el interés público; de eso se trata la democracia. Para seguir con la analogía, sería una locura reprocharle a una empresa dominante que invierta parte de sus ganancias en mejorar su producto líder por más que tal inversión perjudique a sus rivales, pues ésta es la esencia de la competencia. El problema aparece si esa empresa realiza conductas que sólo buscan castigar al rival; por ejemplo, si presiona a los fabricantes de insumos para que no les vendan a otras empresas competidoras. Como se puede apreciar, el problema no radica en desplazar competidores sino en cómo se logra.
Lo mismo se aplica a los gobiernos. Cuando una conducta sólo es entendible a partir del objetivo de desplazar a competidores se materializa el riesgo que refiero. Así como las empresas monopólicas incurren en una discriminación de precios para perjudicar a sus rivales, también los gobiernos pueden tratar de discriminar a quienes amenazan su posición dominante. Un típico ejemplo es un gobierno local opositor que, por tal condición, recibe menos fondos del gobierno central, o que un diario crítico del Gobierno obtenga menos publicidad oficial por igual razón, algo injustificable para el interés público: la existencia de una oposición y una prensa críticas robustece la democracia. Nos encontramos, por ende, frente a un claro abuso de posición dominante.
De modo similar, la comunicación de actos de gobierno puede tener un fin útil como difundir una campaña de vacunación, pero la mayoría de las veces es mera propaganda política sin utilidad para la población. En la Argentina, esta práctica alcanzó una dimensión escandalosa. Disponer los recursos estatales al servicio del partido es un abuso de posición dominante.
Frente a directivas como las anteriores muchos dirán “así es la política”. También ante conductas económicamente abusivas se diría “así es el mercado”. Pero, en realidad, se trata de una distorsión abusiva. Por eso los países que valoran el mercado no dudaron en perseguir tales situaciones. Del mismo modo, tampoco eso es la política sino el abuso de ella. Debemos controlar esas prácticas para fortalecer la democracia y que la política no sea monopólica. “Los jueces no gobernamos pero ponemos límites al gobierno de turno”, afirmó días atrás el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Horas después, en medio de críticas oficialistas, negó que fuera a renunciar al frente de máximo tribunal.
Es ahí donde aparece un desafío para los jueces, que tienen la tarea de evitar que estas prácticas prosperen. Preservar ciertas reglas de juego en defensa de la competencia política no restringe la democracia, sino que la hace posible.
*Director del Departamento de Derecho, Universidad de San Andrés.
