No parece necesario recordar que luego de un año (2006) de tironeos durante los cuales el secretario de Comercio de entonces trató de obtener la nómina de los comercios en los que se realizaba la compulsa de precios por parte de los encuestadores del Indec en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el fracaso de tal cometido impulsó al gobierno nacional a desembarcar directamente en el Indec. Como resultado se publicó en enero de 2007 que el alza de precios fue de 1,1% en lugar del 1,9% que hubiera resultado de no haber mediado la intervención mencionada.
Luego se forzó una serie de movimientos y desplazamientos de personal y, en poco tiempo, el organismo recibió lo que el personal histórico denominó la “patota”. A lo largo de los años siguientes esa intrusión inicial culminó con la jefa de personal a cargo del organismo y con un técnico que inicialmente se había opuesto a las manipulaciones pero encontró mejor destino en un cambio rotundo de postura para transformarse, finalmente, en el director técnico del Indec.
Mientras esa situación era denunciada local e internacionalmente, mientras el gobierno nacional vituperaba a todos los que denunciaban la falsedad de las cifras y la distorsión cada vez más ampliada de las estadísticas oficiales, la decisión política seguía un plan. Este era parte de una estrategia que hizo de la distorsión de la realidad, de la invención de contenidos inexistentes y de la utilización de todo ello en una descripción ficcional de la vida económica, política y social de la Argentina un modo de comportamiento político y de gestión de la cosa pública.
Todo ese mecanismo de invención cotidiana estaba referido inicialmente al IPC, fue extendido luego a la pobreza y la indigencia, continuando con la casi totalidad de las estimaciones dentro de varias dependencias del Estado.
La expresión más cabal de la falta de contenido efectivo de esta gran maniobra política expresada en la destrucción del sistema estadístico de la Argentina se ha expresado con toda crudeza en el vacío que han dejado las autoridades salientes en la mayor parte de las áreas de gobierno. En el Indec no sólo se nota la decisión política destructiva, sino que es uno de los ámbitos en los que la reconstrucción es más delicada y laboriosa.
Entre otras razones, porque allí se debe recuperar credibilidad no sólo en los distintos estamentos de gobierno que ya habían ido abandonando el uso de los números producidos dada su irrealidad. Pero más aún, debe recuperar la credibilidad en la propia población que, ya sea como respondentes en nombre de las familias que son consultadas o como responsables de unidades económicas, deben proporcionar información para las compilaciones oficiales.
Sin perjuicio de los errores cometidos, el Indec fue ganando confianza social a lo largo de su accionar durante mucho tiempo. Pero como algunos lo hemos dicho desde principios de 2007, la “intervención” realizada entonces en el Instituto no fue hecha para enmendar errores, sino para satisfacer una estrategia política superior. Tanto es así, que cuando las universidades fueron consultadas por el Gobierno sobre el IPC el informe fue claro: no se trataba de cuestiones metodológicas, sino pura y simplemente de manipulación.
No sabemos cuál va a ser el resultado de la tarea de los funcionarios designados ni se han hecho públicas las razones por las cuales se decidió suspender la publicación de diversas estadísticas estatales. Sí sabemos que tal situación se origina en lo profundo del daño causado en este lapso de casi una década. También sabemos que la carencia de datos oficiales no puede extenderse más allá de un breve lapso. Ojalá el equipo actuante encuentre la manera de tener éxito en su cometido. El país lo requiere. Como lo hemos repetido en los últimos años, no se pueden manejar los destinos de un país sin estadísticas públicas veraces, confiables y disponibles en el momento oportuno. Que así sea.
*Director del Ceped/UBA e Investigador del Conicet.
