En su programa televisivo Bajada de línea, emitido el 10 de noviembre, Víctor Hugo Morales reprodujo, entre las de otros colegas, mi opinión sobre monopolios periodísticos y libertad de expresión, formulada en 1986 en el programa Ver claro, de Enrique Vázquez.
No he cambiado de opinión (“La lucha por el relato…”, PERFIL, 20-11-11). Sigo pensando que en una República donde los tres poderes son autónomos; las leyes se cumplen y todos los sectores sociales tienen libertad para expresarse e informarse acerca de sus representantes políticos y el sector privado, el periodismo no tiene por qué considerarse exento de ciertas regulaciones y controles.
De hecho, en Estados Unidos existen algunas restricciones; en Francia funciona el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel y en Gran Bretaña la reina aprobó en octubre una ley, votada por los tres principales partidos, que regula y controla ciertas actividades de los medios. Esa ley entró en vigencia “luego de que un grupo de periódicos y revistas perdiera un recurso ante el Alto Tribunal de Londres (…) y fue propuesta tras el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales que llevó al cierre de News of the World, propiedad del magnate de los medios Rupert Murdoch” (PERFIL, 2-11-13).
En otros países democráticos hay ejemplos de leyes, reglamentaciones u organismos por el estilo, que aunque suscitaron controversias, no son considerados como atentatorios a la libertad de expresión, ya que funcionan bajo el control de los tres poderes del Estado; participa la oposición y son autónomos respecto del gobierno de turno.
También la Ley de Medios argentina fue aprobada por el Congreso y por la Corte Suprema. Corresponde pues su aplicación. De modo que para completar mi opinión, que Víctor Hugo resumió en mi apoyo a una ley antimonopólica, reitero lo dicho hace dos años, en el artículo citado: “Pero hay que aplicarla, experimentarla y mejorarla en el país, y allí aparece el problema. (…) La oposición política que votó en contra decidió no acatarla. Los medios de comunicación que se consideran afectados eluden el debate y traban su aplicación; ganan tiempo mediante estratagemas leguleyas. El Gobierno, por su parte, hace un uso escandaloso de los medios del Estado y de los recursos del presupuesto para el rubro, además de avanzar en el armado de un monopolio propio. Así, la aplicación de la Ley se desluce y demora; su espíritu se pierde en la maraña de una polarización política en la que todos y ninguno tienen razón y en la que en ningún bando están todos los que son ni son todos los que están. La política nacional en estado puro”.
En otro artículo (“La Dama de Hierro y la BBC”, PERFIL, 13-4-13), citaba un caso como ejemplo: “Durante la guerra de Malvinas el staff de la BBC (que es pública) sufrió presiones del gobierno y los parlamentarios. Pero resistió. Es una historia llena de anécdotas, que se puede resumir en una: ante lo sesgado y confuso de los informes provenientes tanto del gobierno como del Alto Mando militar, el presentador de Newsnight, Peter Snow, comenzó un día un informe de guerra con esta frase: ‘De creer a los británicos…’. Ante el furor y las presiones oficiales, Sir Ian Trethowan, entonces director general, declaró simplemente que: ‘La BBC debe preservar su reputación de decir la verdad’. The end. Cualquier comparación con el comportamiento actual de la agencia estatal Télam, correrá por cuenta del lector”.
Hasta aquí la cita. Agrego el despido del colega Juan Miceli de Canal 7 y los despropósitos de Martín Sabbatella en la Afsca; sólo dos ejemplos de la larga lista de violaciones del Gobierno a la letra y el espíritu de su propia Ley de Medios. Sin olvidar la agresión al colega Alfredo Leuco y el “apriete” de la Afip a Magdalena Ruiz Guiñazú (PERFIL, 9-11-13).
Al colega Víctor Hugo se le olvidó contextualizar.
*Periodista y escritor. Acaba de publicar, junto a Mario Bunge, ¿Tiene porvenir el socialismo? (Eudeba).
