“La relación de confianza entre la audiencia y sus medios de referencia no está escrita en piedra”. Cito esto en la certeza de que puede haber un cambio de palabras pero no de conceptos. Algo así escribió Carmen Mateo Alcántara, especialista en comunicación y catedrática española, en un artículo que publicó 20minutos.es hace poco menos de un mes.
Señalaba la autora que en favor de la defensa de la democracia (que se pone en riesgo siempre que sectores del periodismo o del show seudoinformativo embarran el panorama) es pieza central la preservación de la confianza basada en el rigor y ética periodística, y también lo es que quienes ejercemos este oficio debemos tener claro que el político debe hacer política y el periodista debe hacer periodismo.
Esto me lleva a insistir en una idea que campea por estas columnas cada vez que quien las escribe observa un nuevo punto de degradación en la tarea periodística, en particular en los medios de comunicación electrónicos (incluyo la TV, la radio, los portales de noticias y también las redes sociales, en las que resulta muy difícil desmontar operaciones de todo tipo, incluyendo el empleo sistemático de noticias falsas o sesgadas).
Esto se está haciendo más claro cuando el público (incluyo, naturalmente, a quienes son sujetos de mi trabajo, los lectores de PERFIL) busca casi con alarma fuentes creíbles y alejadas de lo que se da en llamar la grieta. Hacer zapping por los programas de periodismo en los canales de televisión abierta, por cable o vía streaming es una tarea que pone al espectador al borde de un ataque de nervios. Cada salto de espacio a espacio es un salto al vacío: quienes acaban de afirmar, sin dudarlo, que algo es justo, digno del premio a la excelencia informativa, tienen en el canal siguiente a otros comunicadores que dicen exactamente lo opuesto. La agenda que unos construyen nada tiene que ver con la que otros proponen. Colgados del juego pendular entre Gobierno y oposición, entre sectores del Gobierno o de la oposición enfrentados internamente (con o sin fundamentos), quienes debieran ejercer con responsabilidad su oficio optan por armar shows cada vez más cercanos a lo circense que a lo periodístico.
Un estudio reproducido por la BBC de Londres indica que solo uno de cada diez destinatarios de mensajes de WhatsApp se vuelca por chequear en medios confiables lo que les llega por esa vía y lo reproducen a buena parte de sus contactos sin cambios. Esto crea una cadena de desinformación de magnitudes no mensurables. La campaña electoral que llevó a Jair Bolsonaro al gobierno brasileño estuvo basada, de manera dominante, en esas cadenas pletóricas de noticias falsas, acusaciones infundadas contra su competidores y otras bellezas por el estilo.
En nuestro medio, por ahora, el fenómeno se da por otras vías. Algunos de los comunicadores más escuchados no corren un milímetro sus posturas porque responden con claridad (a veces no tanta) a determinadas posturas políticas o a audiencias que prefieren escuchar sus diatribas antes que procurarse buena información. Lo sucedido hasta aquí con el avión iraní-venezolano es una muestra cabal de esas conductas espurias.
La Constitución establece el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre los actos de gobierno. Varios artículos lo aseguran y reglamentan, y la Ley 27.275 establece la forma en la que se puede reclamar esa información a los poderes del Estado. En la Constitución española, ese derecho agrega una palabra –veraz– que mejora aun más ese derecho.
O sea, estimados lectores de PERFIL: no compren a ojos y oídos cerrados lo que se ofrece en el supermercado de los medios. Una vez más, recomiendo separar la paja del trigo, viejo refrán de una sabiduría incomparable.
