Decision chavista

Hay que empezar por el principio: a cada persona debe reconocérsele el derecho de usar y disponer del fruto del propio trabajo. En la historia argentina es de interés recordar que buena parte de los inmigrantes decidieron invertir en propiedades inmobiliarias para prever su futuro. Luego vino la demoledora “conquista social” de las leyes de control de alquileres y desalojos que liquidó el patrimonio de millones de personas.
Esta debacle se reemplazó con las jubilaciones estatales obligatorias. No se necesita ser un experto en interés compuesto para comprobar la estafa monumental que eso significó. Resultó un chiste el denominarlo “sistema de seguridad social”, cuando en verdad constituyó un evidente sistema de inseguridad antisocial. La premisa absurda sobre la que está construido el aporte obligatorio es que la gente no sabrá proteger su vejez. Pero esta arrogante subestimación de las personas no toma en cuenta que si se sigue esta línea de análisis habría que destinar un policía para cada uno al momento de cobrar la pensión, puesto que podría gastársela en el bar de la esquina con lo que se habrá cerrado el círculo orwelliano.
Incluso las llamadas “deducciones” en los salarios y honorarios que llevan a cabo los empleadores como “agentes de retención” del Gobierno a las que estamos acostumbrados son de una manifiesta y grotesca inmoralidad. Constituye un ataque a la dignidad de las personas sustraer ingresos de otros e imponer una diferencia entre el salario bruto y el neto.
Más adelante vino la mal llamada “privatización” del sistema en el que se obligó a la gente a destinar parte de sus recursos a empresas privadas que, con las fauces abiertas, sacaron provecho del mercado cautivo que el Gobierno les brindaba. El punto de partida seguía siendo el tratar a la gente como animalitos que hay que domesticar, en lugar de considerar sagrado e intocable lo que le pertenece a otro.
Luego el aparato estatal comenzó a inmiscuirse en el manejo de la cartera de las empresas de jubilación privadas ordenando que invirtieran en títulos públicos y otras sandeces de tenor equivalente, con lo que los empresarios comenzaron a encontrar pretextos para justificar escasos retornos sobre las colocaciones y justificadamente endosar el problema al Gobierno.
Ahora se consuma el atraco. Y ésta no es una metáfora ya que el Gobierno actual proyecta un manotazo sobre 30 mil millones de dólares de quienes tenían invertidos sus ahorros legítimos en las empresas de marras al efecto de engrosar las arcas estatales. Esto significa un sopapo más a las instituciones de la república y al sentido mismo de la democracia basada en el Estado de Derecho.
No era suficiente que el Legislativo abdicara en el Ejecutivo de sus funciones primordiales e indelegables del manejo presupuestario, había que invadir frontalmente la propiedad. A partir de ahora, todo queda a merced de los caprichos y arbitrariedades de funcionarios cuya misión es proteger los derechos de cada uno.
A partir de ahora este Gobierno queda más claramente alineado con sus admirados Chávez, Ortega, Correa y Morales y la Consitución se convierte en puro formalismo sin sustancia alguna. Incluso la situación se convierte en una versión muy empeorada de las sucesivas confiscaciones de depósitos del menemato, De la Rúa y Duhalde, quienes bajo distintos eufemismos se apropiaron de los fondos de la gente en una maniobra escandalosa y que mancha de vergüenza nuestra historia. Todavía guardamos en la retina las imágenes de personas golpeando las persianas cerradas de la instituciones bancarias, encargadas de proteger y salvaguardar los dineros que se les habían confiado.
Pero en esas ocasiones los gobiernos entregaron papeles de la deuda que los depositantes debieron aceptar como única alternativa al atraco que sufrían. En esta oportunidad ni siquiera eso. ¿Qué otra expresión existe en el vocabulario de la ciencia política como no sea que esto pone de relieve una manifestación clara de totalitarismo? ¿Acaso no es más sincero el fraude si lo hacen las botas de un régimen militar que civiles que operan ocultos tras la fuerza (las botas) que da sustento al Gobierno si alguien se resistiera a entregar lo que le pertenece? ¿No constituye una trampa burda a las normas más elementales del constuticionalismo, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, el echar por la borda los límites básicos al poder político? ¿No es esto parecido a un golpe a las instituciones de la convivencia civilizada?
A todo esto debe agregarse la estampida del gasto público, los índices mentirosos del INDEC, el unitarismo más recalcitrante, la ascendente deuda estatal y la maraña fiscal de dobles y triples imposiciones en el contexto de tributos siempre crecientes.

*Doctor en Economía.