Ante los riesgos legales a futuro que implica la cláusula RUFO, pudo percibirse en los últimos días a funcionarios resignados al “default transitorio” bajo el supuesto de que no sería tan dañino para la economía real. Sin embargo, la luz amarilla que encendieron los mercados en las últimas horas puede estar haciendo repensar esa estrategia. Para evitar un desenlace negativo, el Gobierno debería lograr que la Justicia estadounidense reponga la cautelar hasta fin de año sin que esto pueda ser interpretado como una negociación que viole la cláusula RUFO o, simplemente, “pedir la cuenta” al juez Griesa por el monto de la sentencia y pagar al contado. De lo contrario, habrá un default en “cámara lenta” (Argentina alegará que transfirió fondos por US$ 539 millones para cumplir el último vencimiento). La situación no es comparable con la crisis 2001/02, pero tampoco es tranquilizador el ajuste infructuoso que está haciendo la economía: pese a la devaluación de enero, tanto en el plano fiscal como en el externo los desequilibrios se están profundizando en lugar de corregirse.
Desde el pico del nivel de actividad, en mayo de 2013, el PIB se ha encogido entre 2,5 y 3% y los salarios están cayendo en torno a 7% en términos reales. Es una corrección formidable que, sin embargo, no ha dado resultados para aliviar la restricción externa, ya que el superávit comercial del primer semestre del año pasado, de US$ 5.100 millones, se redujo a US$ 3.600 millones en igual período de este año. En ese aspecto, se trata de un “ajuste negativo”, ya que las exportaciones en el primer semestre de 2014 descienden 10% interanual, dos puntos porcentuales más rápido que el ritmo de caída de las importaciones (8% interanual), variable esta última que responde al enfriamiento de la economía. Ya se argumentó aquí que la “falta de competitividad” haría “más cruento el ajuste” (ver artículo del 8 de marzo de 2014 ).
Pero eso no es todo. Además del sector externo, el otro desequilibrio a enfrentar era el vinculado con la cuestión fiscal. Al parecer, el Gobierno esperaba que con la devaluación de enero el gasto se licuaría a mayor velocidad que los ingresos fiscales, recortando así el déficit. Sin embargo, ocurrió lo inverso.
Con datos de enero a mayo, el sector público nacional muestra un aumento de 42,5% del gasto total, que compara con una suba de 34% de los ingresos genuinos, es decir, descontando el aporte de los recursos extraordinarios, originados en Anses y Banco Central. Con esa brecha entre el ritmo de variación de erogaciones y recursos, el déficit fiscal después del pago de intereses y neto de rentas, en lugar de reducirse se amplió en $ 28.600 millones, ya que pasó de $ 19.100 millones en enero-mayo de 2013 a 47.700 millones en igual período de 2014.
El hecho de que ambos desequilibrios, el externo y el fiscal, se agravaran en lugar de moderarse tiene una explicación. En términos macroeconómicos, para que la devaluación de enero mejorara el resultado comercial tendría que haber sido acompañada de una estricta política de control del gasto público. Como eso no ocurrió, la economía ha quedado más vulnerable, con el agregado de un serio deterioro en el cuadro financiero de un gran número de pymes.
La dificultad para controlar el gasto público tiene que ver con la cantidad de objetivos que la política fiscal se propone al mismo tiempo y, particularmente, con la magnitud que han alcanzado los subsidios, especialmente los vinculados a la energía. Si bien esto no es una novedad, lo que puede sorprender son las magnitudes en juego. La partida que refleja el grueso de los subsidios es, dentro del sector público nacional, “Transferencias corrientes al sector privado”. Pues bien, en los cinco primeros meses de 2014, este ítem sumó $ 84.300 millones, con un incremento de nada menos que el 63,1% interanual, reflejando que las devaluaciones complican las cuentas fiscales si no se ataca el factor subsidios, después de haber perdido el autoabastecimiento. Obsérvese que si el Gobierno se hubiera enfocado en desmontar esa maraña con el objetivo de mantener estable el monto nominal de subsidios en $ 51.700 millones (la cifra registrada en 2013 para enero-mayo), entonces la suba del gasto total, en lugar de los 42,5% apuntados, se habría situado en 30,7% interanual. Como los recursos genuinos subieron 34%, esa política de contención de gastos habría permitido comenzar a reducir gradualmente el déficit, en lugar del resultado observado.
El incremento del déficit y su financiamiento con emisión monetaria hacen que, pese a la recesión, a la inflación le cueste perforar el umbral del 2% mensual, lo que explica la caída del salario real y del consumo. Pero no sólo eso: como las expectativas de inflación permanecen muy elevadas, a las empresas exportadoras les sirve de poco el salto cambiario de principios de año. Si tienen que asumir compromisos con sus clientes, les resulta muy difícil presupuestar con un horizonte de varios meses, ya que existen múltiples riesgos: que los costos suban más de lo previsto, que las restricciones a importar se acentúen, que el Gobierno vuelva a utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, o una combinación de todas ellas. Por eso, no debería extrañar que las exportaciones de manufacturas de origen industrial hayan caído nada menos que un 16% interanual en el segundo trimestre. La conexión entre la política fiscal y el sector externo aparece nítida en ese guarismo.
Resulta útil repasar el trazo grueso del ajuste infructuoso que ha venido atravesando la economía, ya que si finalmente se cae en default, aunque matizado con el adjetivo de transitorio, selectivo o programado, la Argentina necesitará más que nunca recuperar capacidad de obtener dólares comerciales, ya que los de origen financiero seguirán escasos por un tiempo. La experiencia reciente muestra que, si hiciera falta un nuevo salto del tipo de cambio, esta vez habría que acompañarlo con un estricto control del gasto público para que pueda dar resultados positivos en el frente externo. De lo contrario, se podría ingresar a un escenario de aceleración inflacionaria, con efectos negativos adicionales sobre el salario real o, si el Banco Central decidiera actuar a través de la suba de tasas de interés, una profundización de la recesión, con el consiguiente efecto sobre el empleo.
Por supuesto que un arreglo de último minuto con los llamados “fondos buitre” o una autorización de la Justicia estadou-nidense para pasar a 2015 el tema de los holdouts les quitarían algún grado de dramatismo a las opciones reseñadas. En ese caso, quizás el Gobierno pueda convivir con los desequilibrios actuales sin necesidad de revertirlos. Sin embargo, no parece posible que pueda profundizarlos aun más, acentuando el atraso cambiario y/o el déficit fiscal. Estos fueron instrumentos políticos eficaces hasta 2011, pero ahora el margen es ínfimo, aun en el escenario en el que pueda retomarse el financiamiento externo.
* Investigador Jefe IERAL
