La cuestión de la fragilidad y el deterioro de las instituciones políticas de nuestro país es un tema en el que se ha insistido mucho –con razón– en los últimos tiempos. Ese deterioro, que se traduce en tensiones y conflictos permanentes, está tomando la forma extrema de un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y los otros dos poderes del régimen republicano. Ahora bien, la discusión suele quedar encerrada en el sistema político, es decir, se focaliza en los actores políticos y en sus comportamientos, más o menos censurables, según el punto de vista. La reflexión rara vez se detiene en el vínculo del sistema político con la sociedad civil, salvo en término de “efectos” o “consecuencias” de corto plazo, en la sociedad, de lo que pasa en el campo político. Me parece interesante echar una mirada a la crisis institucional desde el otro lado del espejo, es decir, colocándonos en la sociedad.
Los medios de información nos han proporcionado, estos últimos días, algunos elementos fundamentales. La columna “Entre el puntero y la nada”, publicada por Rodrigo Zarazaga en el diario La Nación del 24 de febrero, describía el rol y la función social de esa figura clave de las intendencias del Conurbano bonaerense. Zarazaga mostraba con mucha claridad que no se trata de elegir entre una imagen negativa (“abusador que, bajo un régimen extorsivo, tiene atrapados a los votantes más pobres”) y una imagen positiva (“hacerse presente y conocer las necesidades de los más pobres”), sino de enfrentar esa combinación ambigua de comportamientos y relaciones, para comprenderla en toda su complejidad. En esta dirección apuntaba acertadamente la reacción de Manuel Mora y Araujo en su columna del 7 de marzo en Diario Perfil (“Punteros políticos y vida social”), subrayando que “la interacción entre punteros y seguidores es un fenómeno propio de la vida social, en todas las clases sociales y en las más variadas circunstancias”. Agregaría que el puntero es el único lazo con las instituciones que les queda a los sectores pobres del Conurbano bonaerense que, como dije el año pasado en una columna de este diario, han sido dejados fuera del relato histórico de la nación. Zarazaga sugiere muy acertadamente que alguna modalidad de la renta básica universal amenazaría la razón de ser del puntero, pero al mismo tiempo se podrían imaginar maneras de transformar su rol social, convirtiéndolo en funcionario de un sistema justo de distribución.
El deterioro institucional tiene otros efectos en la sociedad civil. Aquellos sectores que son afectados de distintas maneras por mecanismos de desigualdad e injusticia, pero que el sistema no ha dejado fuera, tienden a auto-excluirse. Desde este punto de vista, algunos de los datos de la encuesta de Poliarquía publicados en el diario La Nación del 8 de marzo son extremadamente elocuentes. Se trata de una encuesta realizada entre el 16 y el 19 de febrero en centros urbanos de la provincia de Buenos Aires con más de 2.000 habitantes. Por un lado, el 75% de los encuestados tiene una percepción negativa (mala y muy mala) de la situación del país, y sólo un 24% tiene una imagen positiva. Por otro lado, el 65% evalúa positivamente (bien y muy bien) su propia situación personal. La amabilidad de Poliarquía me permitió acceder a mediciones anteriores de esa misma variable. En diciembre del 2007, inicio del mandato de nuestra presidenta, la percepción positiva que las personas tenían de su propia situación era del 53%. Desde entonces, hasta ahora, y con la ayuda de la situación económica, esa percepción positiva aumentó 12 puntos. En aquel momento, la percepción positiva de la situación del país era del 39%; comparada con la actual (24%), cayó 14 puntos. En el momento actual, entre la percepción negativa que la persona tiene de su situación (34%) y la percepción negativa que tiene del país (75%) hay una distancia de 41 puntos.
Se consuma una disociación entre el individuo y la sociedad en que vive. En todo caso, en la provincia de Buenos Aires, nuestra sociedad es el escenario de lo que podría describirse como una modalidad extrema de individualismo, forma perversa que expresa un mecanismo adaptativo de supervivencia: sálvese quien pueda. Y corremos el riesgo de que la sociedad deje de ser civil.
No es otro el precio que se paga por el deterioro institucional. El kirchnerismo no es el único culpable de esta situación, cuyo origen remonta mucho más lejos. Pero sin duda representa al gobierno que más ha contribuido, sin escrúpulos, a agravarla. Durkheim le había dado un nombre a la desagregación de los vínculos sociales: anomia. Si queremos que las próximas elecciones presidenciales sirvan para algo, no hay un desafío más importante.
*Profesor plenario, Universidad de San Andrés.
