Nuestro último siglo de historia ha estado marcado por estas dos palabras antitéticas: democracia y dictadura. Quisiera poner el aniversario que hoy nos convoca en esa perspectiva algo más larga que los cuarenta años transcurridos desde el inicio de la más sangrienta de las experiencias dictatoriales argentinas. En 1916, Hipólito Yrigoyen fue elegido presidente en las primeras elecciones para ese cargo realizadas desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, que democratizó el voto y amplió la participación ciudadana. Durante catorce años, el país funcionó bajo las reglas de la democracia, en libertad y con pluralismo político. Ese ciclo fue interrumpido por el primer golpe militar que sufrió la Argentina y que inauguró un período de cincuenta y tres años durante los cuales el recurso a las Fuerzas Armadas para derribar gobiernos elegidos popularmente fue una constante: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los militares nunca estuvieron solos, pues siempre encontraron aliados entusiastas en sectores políticos y sociales diversos y variables.
En ese marco, 1976 puede parecer una fecha más en una sucesión de rupturas del orden constitucional a las que los argentinos parecíamos resignados. Sin embargo, la dictadura inaugurada ese año pronto se reveló trágicamente diferente: sin minimizar los aspectos represivos y autoritarios de los gobiernos de facto anteriores, la escala de la violencia ejercida a partir del 76 desde el aparato estatal fue inédita, un verdadero terrorismo de Estado. También la caída de esa dictadura fue distinta de las otras. A las disputas internas del régimen y las crecientes protestas y demandas que surgían dificultosa pero sostenidamente desde sectores de la sociedad civil –en especial del incipiente movimiento de derechos humanos–, hubo de sumarse un hecho decisivo para debilitar la dictadura. Me refiero a la derrota en la llamada Guerra de Malvinas, que se desató cuando el gobierno, con acompañamiento de amplios sectores de la sociedad argentina, invadió militarmente las islas con fuerzas pronto vencidas por el ejército británico. Esa aventura bélica había sido una apuesta destinada a ganar adhesiones, a “unir a los argentinos” en pos de una causa y, sobre todo, a lograr apoyos a un gobierno que parecía cada vez más cuestionado. El nacionalismo funcionó y así vimos una Plaza de Mayo colmada vivando al dictador Galtieri. Pero la derrota operó en sentido opuesto y se abrió entonces el espacio político para el cambio.
En 1983 se inició una nueva etapa, de recuperación del estado de derecho y de “la vuelta a la democracia”. Esta “vuelta” tampoco fue igual a las anteriores pues inauguró una era sin golpes militares ni impugnaciones de peso al proyecto democrático. No se trató ni se trata, por cierto, del trazado de un camino triunfal en una única dirección, sino de la vigencia de algunos principios y valores compartidos por amplios sectores sociales, que implican el rechazo incondicional a la dictadura en cualquiera de sus formas. Con todas sus diferencias, los gobiernos de esta etapa han contribuido a que ese rechazo no sea sólo una aspiración sino una realidad contundente.
Por una parte, la Justicia y los derechos humanos se han afirmado como valores fundantes de la construcción democrática. El gobierno de Raúl Alfonsín marcó un comienzo decisivo en ese sentido al llevar adelante el juicio a las juntas militares y, si bien Menem retrocedió en ese plano, actuó para debilitar materialmente el poder de las Fuerzas Armadas, una medida clave para desactivar las amenazas a la institucionalidad republicana. Las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, por su parte, retomaron y profundizaron aquellas banderas, mientras que el actual presidente, en sus primeras declaraciones, ha reafirmado el valor de las mismas.
Por otra parte, con altos y bajos pero de manera sostenida, en la Argentina ha regido el estado de derecho. Aun en los momentos de crisis política más aguda, como 2001, no ha habido ruptura de la legalidad institucional. En suma, hay signos para sostener que el golpe del 76 ha sido el último y que en este ciclo secular de alternancia entre dictadura y democracia, el primero de esos términos ha sido erradicado, esperemos que para siempre. El segundo, por su parte, refiere a una meta pendiente que exige mucho más de lo alcanzado hasta aquí.
*Historiadora.
