Los argentinos transitamos un cambio de paradigma. Con la media sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública dimos un paso fundamental para saldar una deuda con la democracia.
Desde el año 2005 la Relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó la necesidad de la pronta aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública y desde 2010 y todos los siguientes años hasta 2015, recomendó a la Argentina en cada uno de sus informes anuales la necesidad de tener una norma que garantice el acceso a la información.
Alcanza con recordar que la voluntad de los ciudadanos por saber encontró siempre obstáculos, escondites y excusas. Estuvimos nueve años sin poder contar con los datos básicos de la economía y sin medir los índices de pobreza. La información pública era omitida o negada con frecuencia.
Con la sanción de esta ley, nuestro país podrá dejar de formar parte del grupo de naciones en la región que carecen de una Ley de Acceso a la Información Pública y pasará a ser parte de los más de las 100 países que legislan este derecho humano.
La Ley de Acceso a la Información Pública va a preparar, principalmente, al Estado para que entregue la información, la ordene, clasifique, y disponga cuando una persona pregunta, solicita, busca y ejerce su derecho de acceso a la información y entonces, nosotros los servidores públicos estaremos preparados para responder.
Se trata de una norma que permitirá además unificar las legislaciones existentes, si tenemos en cuenta que 17 provincias argentinas reconocen en su marco legal el derecho a la información pública, sumado al decreto 1172 de 2003 que establece que sólo el Poder Ejecutivo de la Nación tiene la obligación de entregar información a cualquier ciudadano que la requiera.
El acceso a la información es un derecho fundamental que funciona como una herramienta para acceder a otros derechos: al derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud. Conocer acerca de cómo el Estado administra la plata es el sentido de esta ley.
No tengo dudas que la información es una herramienta política para lograr cambios sociales, todos sabemos que ése es realmente su valor. Estamos creando normas para una nueva época. Ya no se tratará de un Estado que digita qué datos va a emitir a la sociedad por cadena nacional, sino que por el contrario se trata de ciudadanos que tienen el pleno derecho de acceder a la información que quieren conocer.
Desde que asumió el nuevo gobierno trabajamos en el cambio que nos pidieron los ciudadanos. En esa transformación para que puedan saber más, para que los representantes rindamos cuentas y para que las preguntas no sean tomadas como una ofensa sino como una obligación para responder.
Es central que todos sepamos que ya la información no le pertenece más al Estado: en las democracias contemporáneas, la información le pertenece a la gente.
Con una Ley de Acceso a la Información Pública será posible otro nivel de comunicación entre los ciudadanos y el Estado; cada persona que realice actividades con fondos del erario público será sujeto obligado a brindar información a partir de la sanción de esta ley.
Una Ley de Acceso a la Información Pública nos permitirá reivindicar a millones de argentinos que piden saber, conocer qué pasa y qué pasó. No nos privemos de darle más derechos, de mejorar la calidad de la gestión pública.
Con un amplio consenso, votamos para seguir fortaleciendo nuestra democracia.
*Diputada nacional (UCR en Cambiemos).
Vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión.
