Mientras Argentina transita entre una película “de juicios” (género que cultivaba el francés André Cayatte en los 60/70 del siglo pasado), un policial televisivo de clase B y la consabida remake del comienzo de todos los gobiernos no cobijados por el Partido Justicialista, en Uruguay, castigado por los rigores climáticos que cobraron víctimas y pérdidas, se plantea un interesante debate social sobre la regulación de los derechos de autor. No es un tema menor porque en él se juegan derechos humanos esenciales y hábitos sociales que abarcan a amplias capas de la población.
La historia demuestra que la educación y la cultura son los instrumentos que aseguran el desarrollo. Argentina y Uruguay así lo supieron desde sus orígenes y tuvieron los sistemas educativos más progresistas del continente, que les permitió lograr una infrecuente calidad de vida para sus habitantes en las primeras décadas del siglo XX. En el mundo contemporáneo las sociedades con mejores indicadores en la materia, son las que tienen mayores niveles de educación y promoción de actividades culturales, que derraman riqueza material y simbólica.
El Frente Amplio en su tercer gobierno y con una cómoda mayoría parlamentaria, dio media sanción en el Senado con el aporte de legisladores de la oposición a una modificación de la ley de propiedad intelectual, reclamada por la Federación Universitaria y fuertemente resistida por quienes nuclean a los autores, editores y sectores que intermedian entre la obra y su llegada al público.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la legitimación de “la reproducción hecha por cualquier medio, sin autorización del autor o titular, de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física, en un solo ejemplar para su uso personal y sin fines de lucro”. Esta nueva posibilidad despertó fuertes reacciones en los sectores comprometidos y una oleada de notas periodísticas, opiniones, rechazos y adhesiones en los múltiples medios que la era digital nos proporciona.
El lunes 9 de mayo se realizó en el paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) una jornada de debate que se extendió desde la mañana hasta la tarde y reunió a representantes de esas variadas opiniones sobre la nueva norma y a los sectores sociales involucrados: artistas, miembros de sociedades de gestión, empresarios, estudiantes. La riqueza estuvo en la diversidad de ángulos de análisis y en el aporte que cada uno de ellos dio sobre un derecho que se reglamentó cuando internet no existía y la producción y difusión de las obras de creación se realizaba bajo otros cánones.
La nuevas tecnologías han permitido no sólo la aparición de nuevos formatos para el soporte de las obras sino una posibilidad de acceso al conocimiento y la cultura inimaginable hace pocas décadas. Este hecho obliga a que se analice hoy cómo deben armonizarse derechos humanos de relevante importancia individual y social, como el acceso a la educación y la cultura, con la explotación económica del derecho de autor tal como se reguló en el siglo XX en las leyes y convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual.
Pese a que como lo registró la prensa uruguaya en los días posteriores, la discusión fue airada y con posiciones disímiles, aún de quienes provienen de sectores ideológicos afines en materia política, hay un hecho que estimo debe destacarse: la vocación de consenso demostrada por la mayoría de los intervinientes.
El músico Diego Drexler sintetizó esta vocación de acuerdo y manifestó que deseaba que la modificación legislativa fuera acordada por todos los sectores y que pudiera realizarse un recital para celebrarlo en las puerta de la universidad, bajo el lema “Autores y estudiantes, unidos y adelante”.
El consenso entre diferentes es una de las características distintivas de la democracia. Y en este caso es válido destacar esta actitud puesto que la modificación podría ser impuesta por la mayoría parlamentaria que goza la fuerza política gobernante. Sin embargo, luego de lograr la media sanción en el Senado y antes de su tratamiento en la Cámara de Diputados se busca una fórmula de acuerdo para que el apoyo a una norma que tanta significación tiene en la vida cotidiana de la mayoría de la población tenga un sustento más amplio.
En la vida, las conductas revelan la autenticidad de las convicciones.
*Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Culturales. Reside en Montevideo.
