El 23 de noviembre pasado el Gobierno, la Unión Industrial Argentina, algunas cámaras empresariales, y algunos sindicatos hablaron de un pacto por medio del cual se comprometían a no despedir personal hasta el 1° de marzo. Además, lanzaron el Diálogo-Acuerdo por la Producción y el Trabajo. Sin embargo, algo falló y, en consecuencia, la CGT se retiró abruptamente de esa entente a mediados de esta semana.
“No se cumplió el ‘pacto antidespidos’ y el costo siempre queda del lado del movimiento obrero. No fue un portazo inesperado; ya la semana pasada en el asado convocado por Barrionuevo en Mar del Plata se habló de endurecer posiciones con el Gobierno. El ánimo cambió desde el proyecto de reforma laboral hasta la salida por decreto de las modificaciones en el tema ART. Los despidos en verano fueron el detonante”, señala un dirigente de peso en la actual conducción cegetista. Según los números que se manejan en ese ámbito, la industria lidera ese triste ranking con más de 4.500 despedidos, seguido por el sector de servicios y un goteo permanente en otras áreas.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo el jueves en una entrevista radial que “se ha perdido la confianza con algunos sectores empresarios que tienen que dar respuesta porque había un acuerdo político de cuidar el nivel de empleo”. Entre los hombres de negocios algunos prefieren mirar para el costado mientras que otros entrecruzan reproches mutuos. Hay quienes dicen que los dichos del ministro fueron un tiro por elevación destinado a los industriales; otros, en cambio, creen que los señalados son los sectores de cadenas alimentarias. A pesar de la proclamada lucha contra la inflación de la que habla el Gobierno, alimentos, artículos de higiene personal y productos de primera necesidad no dejan de aumentar.
“Los gremios prefieren cargar las tintas contra las empresas, pero saben que el verdadero enojo es con los acuerdos vacíos que genera el Gobierno” –asegura un industrial de larga experiencia en estas lides–. En un crudo análisis la misma fuente hizo hincapié en las divisiones dentro del movimiento obrero: “De la boca para afuera la CGT en general y ‘los gordos’ del sindicalismo vociferan que este gobierno les dio mucho más de lo que lograron con el kirchnerismo, mientras que el moyanismo y algunos sectores de la CTA sostienen que este gobierno se cae solo”. En este contexto la presión de las bases en los gremios industriales por los últimos despidos determinó la salida de la CGT del acuerdo con los empresarios y el Gobierno.
En 2016 –siguiendo los datos del Indec– desaparecieron 5 mil pymes y se perdieron 120 mil empleos formales. En este marco, algunos industriales remarcaron la necesidad de haber debido convocar un Consejo Económico y Social (de carácter permanente) y no sentar las partes en una mesa para la foto. Un empresario lo describió con dureza: “El Gobierno quema los instrumentos de diálogo, los malgasta. El Diálogo por la Producción y el Trabajo fue una especie de pantomima que sólo sirvió para la foto. No había propuestas de fondo”.
En la misma línea un influyente hombre del interior se preguntó: “¿Qué está pasando con el timing del Gobierno para instrumentar medidas?”. Hacía referencia a que la UIA había hablado con Nicolás Dujovne sobre una serie de medidas orientadas a bajar la presión tributaria –lo que podría traducirse en baja de precios y más producción–, pero el viernes, en una entrevista en el programa de Jorge Lanata, el ministro declaró que el año electoral no sería un buen momento para hacerlo. “¿Cuándo, entonces?”, insistió la fuente.
Los empresarios aseguran además que hay capacidad ociosa; la industria está operando al 65%. La suba de tarifas de electricidad es comprensible, pero si a cambio del aumento de costos no se da ningún beneficio, la producción no aumentará. Los analistas ven un primer trimestre “planchado”. Con el repunte del campo y sectores de la construcción no va a alcanzar para torcer el rumbo de la economía y generar verdadero crecimiento.
En vista de esta realidad, resulta poco entendible el clima de cierta euforia que, comenzando por el Presidente, se vive en la cúpula del Gobierno. Se habla allí de una recuperación de la economía que, más allá de lo observable en sectores puntuales como el automotor, no se condice con lo que refleja mayoritariamente la calle. En el oficialismo están convencidos de que ganarán la elección legislativa de octubre venidero. Con esa misma convicción se habla de la elección presidencial de 2019: “Estaremos ocho años en el poder”, se escucha decir en los despachos de la Casa Rosada.
De los avatares de una economía que no termina de arrancar intenta valerse Cristina Fernández de Kirchner para darle a su comprometida situación judicial un cariz de persecución política. “Buscan tapar el desastre económico”, escribió en la catarata tuitera del viernes pasado. En verdad, ante el peso de las evidencias que dejan al descubierto la matriz de corrupción imperante durante el kirchnerato, ésa es la única alternativa con la que cuenta como defensa. No hay estrategia judicial para parar el avance de las causas ante las pruebas que las sustentan. El agregado de esta semana, en relación con la declaración indagatoria a la que la ha citado el juez Claudio Bonadio, está dado por la inclusión de los dos hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia.
CFK habrá de ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Las encuestas –al día de hoy– le dan bien. Es la única posibilidad que tiene de atemperar la adversidad que le augura en los ámbitos tribunalicios. Esa candidatura, además, es la única chance que tiene el kirchnerismo de no difuminarse en las procelosas aguas de la interna justicialista.
El caso Odebrecht será otra complicación para la ex presidenta y sus funcionarios del área de obras públicas. También lo será para algunos funcionarios de este gobierno. Hasta ahora el único salpicado por el escándalo de las coimas es el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas. Sus explicaciones ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fueron poco satisfactorias. Los papeles que exhibió –incluyendo una escritura– aportaron escasa claridad. Se habla, además, de dos propiedades de su pertenencia que no aparecen en su declaración de impuestos. Con todo, lo más complicado para Arribas es la denuncia que en su contra interpuso Elisa Carrió.
El episodio de la utilización del helicóptero presidencial para trasladar a la esposa de Macri, Juliana Awada, y a su hija Antonia, de Punta del Este a Buenos Aires, merece un párrafo de reproche. Los Kirchner fueron intensamente criticados por la utilización de las aeronaves de la flota presidencial en menesteres similares. Entre las promesas de campaña del actual gobierno, estaba la de suprimir esa conducta. Parece que el Presidente lo ha olvidado.
Producción periodística: Santiago Serra.
