Recientemente, a través de la Acordada N° 28/2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó en su ámbito una comisión para la lucha contra el narcotráfico, compuesta por magistrados de la Justicia Federal y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Dado el rol esencial del Poder Judicial en el combate al tráfico de drogas, la creación de la comisión merece algunas consideraciones.
No puede soslayarse que si bien el narcotráfico es un delito federal requiere la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y una aceitada articulación entre las más diversas agencias estatales. En ese sentido, la comisión deberá abocarse a institucionalizar el vínculo entre los poderes judiciales de nivel federal y de las provincias, que suelen tender a funcionar como compartimientos estancos.
Por otra parte, el máximo tribunal estableció que la comisión podrá realizar propuestas de reformas legales. Desde esa perspectiva, uno de los temas prioritarios en los que resultaría fructífero que la comisión tome posición es en relación a la necesidad de proseguir o volver atrás con la Ley Nº 26.052, sancionada en 2005, que “desfederalizó” los delitos de narcotráfico de menor relevancia, haciendo que la competencia en tales casos pueda ubicarse en las jurisdicciones provinciales en lugar de en la Justicia Federal.
Hasta el momento lo que sabemos de los efectos de la ley no es auspicioso. Según un informe del Ministerio Público Fiscal, que analiza la aplicación de la norma en Buenos Aires, desde su sanción se incrementó la persecución de la tenencia simple y para consumo personal y la comercialización en pequeña escala, mientras que la persecución de los tipos penales más complejos disminuyó notoriamente. Es decir, se apuntan los recursos del sistema a los eslabones más bajos de las cadenas criminales, los más fácilmente reemplazables.
La comisión también podría ser de utilidad si en su conexión con el Poder Legislativo se ocupa de brindar información respecto de las zonas que requieren refuerzos en términos institucionales para combatir al narcotráfico. La mayor parte de la amplia gama de proyectos vigentes en el Congreso para crear juzgados con competencias específicas en estos delitos se
basa en informes periodísticos o conexiones informales entre legisladores y jueces. Por ello, una mayor conexión entre ambos poderes se constituiría como un gran insumo para la labor legislativa. Si se considera la cantidad de causas iniciadas sobre estupefacientes por empleado las jurisdicciones más saturadas son las de Mendoza, Salta, Rosario y Córdoba, según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Vale la pena mencionar que la Corte tomó la decisión de crear la comisión en lo referido únicamente al narcotráfico. Quizás una versión más eficiente sería la de una comisión contra el crimen organizado en general, puesto que las mismas estructuras criminales que se dedican a ciertas modalidades delictivas pueden mutar hacia otras (trata de personas, por ejemplo) si les resulta conveniente. Una estrategia eficiente apunta a detectar y
perseguir a esas estructuras más que a modalidades delictivas en particular. Los grupos criminales no cuentan con la inercia institucional propia de las instituciones formales, lo que les brinda una gran ductilidad para adaptarse a situaciones cambiantes.
En suma, la comisión podrá tener un gran potencial en la colaboración con otras agencias del Estado en la lucha contra el narcotráfico, pero no constituirá de por sí una solución al problema. Más bien, su mayor utilidad se limitará a capacitar a los operadores judiciales y a generar una mejor coordinación entre poderes y entre los distintos niveles del Poder Judicial. Más allá de eso, casi todo su valor podrá detectarse en la forma en que se implemente su labor, más que en lo que su simple creación puede decirnos.
*Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés y consultor en Seguridad Ciudadana.
