Uno de los aspectos predominantes en la constitución del sistema de valores de América Latina supone que las personas son tratadas teniendo más en cuenta sus cualidades heredadas o sus vínculos personales que sus habilidades y realizaciones. En Un país al margen de la ley, Carlos Nino explica que estas ideas generaron visiones tendientes a valorar más lo que uno es en contraste con lo que uno hace. Cabe aquí preguntarse cómo hacer para romper con las determinaciones de origen y revertir estas tendencias. La educación y el cuidado de nuevas generaciones constituyen hoy instrumentos potentes de transformación y movilidad social ascendente. Es por ello que los Estados se han interesado por lograr metas que protejan derechos sociales y educativos de niños y adolescentes. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) constituye un punto de inflexión en materia del reconocimiento de los llamados derechos sociales, económicos y culturales. A fines de 1960 este andamiaje normativo se fortaleció con la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, en 1969) y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Ambos instrumentos marcaron la paulatina incorporación de los derechos sociales, económicos y culturales en los marcos jurídicos de los países latinoamericanos. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 reconoció y otorgó el rango constitucional a ambos tratados, asumiéndolos como normas propias del sistema jurídico federal. La educación se concibe como un derecho humano, haciendo referencia a la enseñanza primaria obligatoria y asequible gratuitamente; enseñanza secundaria y superior accesible y progresivamente gratuita para todos.
En un principio (1860-1929) las políticas de la infancia tuvieron como finalidad el orden y el control. Los niños eran sujetos de deberes y pocos derechos. Esta perspectiva cambió en 1945: se incorporan derechos ligados a familias obreras. En los ‘90, las reformas estatales reducen la intervención del Estado en la distribución del bien solo cuando los derechos son vulnerados. Desde mitad de los años 2000 las políticas de inclusión aumentan cuantitativamente pero no aún logran modernizar sus patrones culturales. Por un lado, se crean políticas compensatorias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) para asegurar asistencia en los sistemas de salud y educativo de niños y adolescentes con padres en la economía informal -el quintil de ingresos más desfavorecido de la población. Pero a la vez un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2014) habilita a niños y adolescentes a decidir en sus procesos educativos. Así coexisten políticas que tensionan los fines de la educación. Unas buscan equidad en la distribución del bien educativo. Otras habilitan mayor autonomía progresiva para decidir cómo ejercer derechos y responsabilidades. Esto afectará luego las chances favorables (o no) de desarrollo humano.
Unicef estima que en la Argentina más de la mitad de los niños vive en situación de déficit alimentario. Cuatro de cada diez chicos no está escolarizado desde nivel inicial. En el secundario solo el 60% logra finalizar el ciclo. Ampliar la autonomía individual no parece consistente con la búsqueda de inclusión en igualdad de condiciones. Deja desprotegidos a niños y jóvenes que en contextos de carencia optan por salir al mercado laboral. Más aún cuando una porción mayoritaria registra bajos desempeños en comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos básicos. Los puntos de partida para la integracion social y económica serán desiguales para quienes no accedan a conocimientos socialmente significativos por tener necesidades más acuciantes. Si en el pasado los derechos requerían nuevas garantías, ahora se convoca a replantear la superposición entre dos lógicas e intereses institucionales opuestos: las garantías liberales y la búsqueda de equidad en la distribución de derechos.
*Doctora en Educación e investigadora del Conicet.
