La Sala II de la Cámara Federal, integrada por los doctores Martín Irurzun Horacio Cattani y Eduardo Farah, tuvo una semana intensa. Primero confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Lázaro Báez y luego le ordenó al juez federal Sebastián Casanello afinar la investigación y, de ser necesario, llegar hasta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la “cuantiosa adjudicación de obra pública”. Es la tercera vez que la Cámara llama la atención del juez. En esta oportunidad, lo hizo de manera directa y sin eufemismos: “Sin perjuicio de lo que pudiera resultar de otros procesos, es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
El silencio cómplice que durante el kirchnerato mantuvieron empresarios, intendentes y dirigentes políticos de las más altas esferas debería quebrarse para que los testimonios de primera mano sean suficientes para romper el pacto tácito que se sostuvo desde el comienzo de la así llamada “década ganada”. Parece difícil pero sobran los indicios para la investigación. Basta poner la lupa en algunas localidades pequeñas –y no tanto– del interior del país que tuvieron un crecimiento desmesurado como resultado de la asignación de obra pública, que dejaba retornos al poder central por la vía de la adjudicación directa a empresas amigas. En algunas localidades del Sur y en más del 80% de las obras realizadas en la provincia de Córdoba en los últimos diez años, por tomar dos extremos de la geografía de nuestro país, tuvo participación Electroingeniería, empresa del riñón K.
Julio De Vido y su secretario de Obras Públicas José López, se ocupaban de visitar personalmente a los intendentes elegidos para las grandes construcciones y reportaban de manera directa a Néstor Kirchner. Una anécdota narrada y corroborada por Luis Juez ante el fiscal federal Federico Delgado no deja lugar a dudas sobre esta práctica. El hoy embajador en Ecuador narró con lujo de detalles un episodio sucedido en 2005 –del cual ya había dado cuenta– cuando se desempeñaba como intendente de la ciudad de Córdoba. En aquel entonces, desde el gobierno nacional se le prometió la construcción de 2.500 viviendas sociales. Cuando todo estaba a punto de concretarse, De Vido y López le señalaron que la obra la debía realizar Electroingeniería. Juez se negó a convalidar esa contratación directa y pidió hablar con Kirchner quien, para su decepción y sorpresa, le dijo que “debía ser más flexible y aceptar esa práctica”.
La construcción de viviendas sociales fue el pivot sobre el que giró la maquinaria de corrupción del anterior gobierno. Otro ejemplo lo configuró la persecución y el intento por sacar de la cancha a las cooperativas dedicadas al diseño y ejecución de estas viviendas que no se alineaban a los pedidos del Ministerio de Planificación o que le quitaban “mercado” en la competencia mencionada. Un documento fechado en agosto de 2010, firmado por el señor Ayala Genaro y otros, llegó al centro de documentación presidencial de la Casa Rosada solicitando una audiencia con “la señora Presidenta” para ponerla en autos acerca de la persecución de la que estaban siendo víctimas por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que había dispuesto la intervención de la cooperativa ocasionándole un perjuicio económico cercano a los $ 300 millones. El motivo –según consta en la propia carta– fue “la enorme distancia entre los precios de la cooperativa y los que paga el Estado nacional por metro cuadrado de construcción, que jamás nadie podría justificar”. La lista de casos promete ser interminable en la medida en que se pierdan los miedos y sean más voces las que se atrevan a denunciar estas prácticas deshonestas.
Defensa. Por estas horas, los allanamientos en las propiedades de la ex presidenta motivaron su descargo a través de las redes sociales. Verborrágica como de costumbre, expresó: “Conmigo no podrán”. Fuentes cercanas a las causas más sensibles que tocan de cerca a la familia Kirchner aseguran que Cristina no caerá por la venta de dólar futuro, ni siquiera por el bochorno de López o los desmanejos de De Vido sino por los negocios familiares. La ex presidenta tenía un acuerdo explícito con su marido que el propio Néstor Kirchner reveló a algunos ex funcionarios allá por el año 2004. “Ella se encarga de los negocios familiares junto a Máximo, y yo de la política”, repetía el ex presidente dentro de ese círculo. Está claro que esos negocios son –entre otros– Hotesur y Los Sauces. Como se escribió en esta columna muchas veces, éste era, y es, el principal problema que deberá afrontar CFK. Su nivel de enriquecimiento es imposible de justificar y su asociación con Lázaro Báez suma evidencias tras cada nuevo allanamiento dispuesto por la Justicia.
En medio de su irrealidad, la ex presidenta creyó que con su catarata de tuits o sus cartas publicadas en Facebook podría hacer frente al accionar de la Justicia. En la semana que pasó parece haber tomado conciencia de que con eso no le alcanzará. De ahí su inesperado viaje a Buenos Aires. El cerco de la Justicia se cierne sobre ella y su denuncia de ser víctima de una persecución política se debilita día a día ante los bolsos de López y cada nueva propiedad que se le descubre a Báez, muestras de la corrupción sin límites imperante a lo largo del kirchnerato.
Producción periodística: Santiago Serra.
