El miércoles pasado a las 12.30, el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, se apersonó en las instalaciones de la Unidad de Detención de Ezeiza. No bien llegó, procedió a ordenar el corte de la línea directa de la sala de videoconferencias y mediante la Disposición 1244 –un “traslado con efecto”– dispuso que los internos de mayor edad y riesgo que estaban detenidos en el penal de Marcos Paz fueran llevados a Ezeiza. Ellos fueron Marcelo Barberis, Juan Manuel Bayón, Lucas Billich, Eduardo De Lío, Hugo Delme, Hugo Fantoni, Vicente Forchetti, Horacio Luján, José Madrid, Emilio Felipe Picabea, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Julio Héctor Simón –represor conocido como el “Turco” Julián, personaje temible– Julio Alberto Tommassi, Mario Torres, Martín Zuñiga. Entre los que fueron llevados de Ezeiza a Marcos Paz estaban los tristemente célebres el Jorge “Tigre” Acosta y Adolfo Miguel Donda, junto con Carlos Capdevila y Víctor Olivera.
Estas son algunas de las consecuencias de la nota sobre la muerte del genocida Jorge Rafael Videla publicada en PERFIL el domingo pasado. Sobre el caso en particular, se han conocido otros detalles. Uno de ellos es que, diez días antes de su fallecimiento, uno de sus defensores había solicitado al tribunal evitar los traslados debido a su avanzada edad y al deterioro que ya exhibía su salud. Un punto clave que está bajo investigación del Dr. Juan Pablo Salas, magistrado subrogante de los juzgados federales N° 1 y 3 de Morón, es el referido al conocimiento o no que el tribunal que lo juzgaba tenía de la caída que el dictador había sufrido el viernes 10 de mayo mientras se duchaba. Al respecto, algunos detenidos señalan que el día antes de su muerte – jueves 16– un médico examinó al paciente que se quejaba de dolores. Recién ahí se le diagnosticaron las fracturas que se encontraron en la autopsia. Videla debió haber sido internado en el Hospital Militar Central o en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Era un paciente de alto riesgo. En la actualidad hay otros en esta misma situación. He aquí algunos de esos casos:
El Teniente primero Antonio Orlando Vargas tiene en la actualidad 73 años. Sufre una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) severa, cáncer de próstata e hipertensión arterial. Debe usar mascarilla de oxígeno 17 horas por día. De sólo hablar se agita. En septiembre pasado sufrió una neumonía severa. Una junta médica que lo evaluó desaconsejó tanto sus traslados –estaba detenido en Córdoba y se debía presentar ante un tribunal en Jujuy– como su permanencia en una unidad penal, pedido que no fue atendido hasta aquí. En la actualidad, Vargas se encuentra detenido en Ezeiza.
Roberto Luis Pertusio sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en septiembre de 2012, y como consecuencia del cual quedó con una hemiparesia en el hemicuerpo derecho y con trastornos del habla. Padece además hipertensión arterial y diabetes tipo II. A pesar de este cuadro, se le quitó el arresto domiciliario y en los últimos días de marzo de este año se lo trasladó primero a la Unidad Penal de Ezeiza y luego a la de Marcos Paz.
Héctor Luis Selaya fue operado de un neurinoma del acústico. Las secuelas de la intervención fueron la pérdida de la audición del oído derecho y de la visión del ojo del mismo lado. Además, es hipertenso y se le diagnosticó una poliquistosis renal. Tanto en estos casos como en otros –la casuística es más extensa–, el médico legista que los ha evaluado aconsejó la prisión domiciliaria.
Todos aquellos que tuvieron responsabilidades en el plan de exterminio que llevó adelante la última dictadura militar, crimen de lesa humanidad, deben ser juzgados y condenados. Eso es indiscutible. El tema es el tratamiento que se les dispensa. Erich Priebke es un criminal de guerra responsable de uno de las tantas masacres producidas por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial: la Matanza de las Fosas Ardeatinas. Tras haber escapado a la Argentina, en la que vivió durante 50 años, fue descubierto y extraditado a Italia, en donde fue juzgado y condenado. Hoy día Priebke cumple esa condena bajo arresto domiciliario.
Los casos aquí descriptos –con el de Videla a la cabeza– dejan expuestas situaciones de crueldad y mala atención médica. Tal situación comporta violaciones a derechos humanos elementales de todas las personas, sean ellas las mejores o las peores. Y ello es inadmisible en el Estado de Derecho, en el que la vida es sagrada.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
