Uno de los últimos decretos presidenciales de Néstor Kirchner fue autorizarle a Clarín la fusión de Multicanal con Cablevisión. Hace semanas que los abogados de Perfil venían sosteniendo que –aunque resultara paradójico– uno de los últimos decretos presidenciales que Cristina Kirchner tendría que firmar debería ser la adjudicación de la licencia de dos canales de televisión digital a los dos fundadores de Editorial Perfil. Pero los abogados piensan jurídicamente y sólo tenían en cuenta las cuestiones de derecho: de los cuatro oferentes a esas dos señales: Diego Gvirtz/Cristóbal López, Sergio Szpolski, mi padre y yo, los dos primeros “adolecen de cuestiones insalvables de admisibilidad” que incluso fueron advertidas durante el procedimiento: la empresa de Diego Gvirtz (PPT) había sido comprada por Cristóbal López, quien simultáneamente había presentado oferta en otro de los cinco canales licitados y no podía ser adjudicatario en dos con la misma persona jurídica, y Szpolski tenía su propuesta patrimonial sustentada en la promesa de un crédito que le daría un banco sin que implicase una real disposición del patrimonio. Así planteado, a la Afsca sólo le quedaba tener que otorgar las dos licencias a los fundadores de Editorial Perfil.
En la misma ingenuidad jurídica y técnica cayó el portal especializado en política Lapoliticaonline, que el día previo a la resolución de la Afsca publicó una nota cuyo título decía: “Afsca: el viernes podrían adjudicarle a Fontevecchia dos canales de TV digital” (ver: http://e.perfil.com/lapoliticaonline).
Pero como comienza Karl Marx su Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte citando la frase de Hegel: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como tragedia y la segunda como farsa”, no iba a suceder esta vez la paradoja esperable sino que la creatividad jurídica del kirchnerismo hizo que, ya que no podía otorgarles las licencias a Gvirtz/Cristóbal López ni a Szpolski, anulara directamente la licitación de los dos canales donde competían los fundadores de Editorial Perfil (y no así la licitación de los otros canales) para no tener que concederles estos dos a quienes no son oficialistas.
Para anular las dos licitaciones tuvo que declarar también inadmisibles las ofertas de los fundadores de Editorial Perfil. Como se califican cuatro requisitos: técnico, personal, cultural y patrimonial, y los únicos que habían sido aprobados en los primeros tres eran Alberto y Jorge Fontevecchia (los demás, en ninguno), argumentaron que no se informó sobre sus pasivos y por eso no pudo determinarse su capacidad patrimonial. Deloitte, una de tres mayores compañías de contadores mundiales, que certificó la presentación de los fundadores de Editorial Perfil, explica lo elemental: el pasivo está informado en la declaración jurada impositiva, que exterioriza el patrimonio neto y es obvio que fue presentada, por lo que resulta falso que no esté perfectamente informado.
Igual que con la publicidad oficial. Susana Pachecoy, directora del estudio jurídico especializado en Ley de Medios y patrocinante de los fundadores de Editorial Perfil, considera que, “siendo que se encuentra presentado el pasivo de modo que se acredita el patrimonio neto y siendo inexistente esa causal invocada, estarían las dos ofertas de los fundadores de Editorial Perfil en condiciones de ser resueltas a su favor al final de algún proceso judicial”.
O sea, lo mismo que nos sucedió en 2006 con la demanda iniciada al Estado por su discriminación con la publicidad oficial, que terminó en la Corte Suprema, pero ahora con discriminación en el otorgamiento de licencias de televisión.
En una columna, el director periodístico de Editorial Perfil, Gustavo González, escribió: “Nos presentamos a esas licitaciones sabiendo que la pluralidad de pensamiento y de múltiples alternativas de expresión no está en el ADN de un Gobierno que hizo del capitalismo de amigos su trágico estilo de gestión. ¿Entonces, por qué lo hicimos? Primero, para dejar públicamente en claro que esta editorial cree que tiene el derecho, los antecedentes necesarios y los talentos suficientes para operar en medios audiovisuales. Segundo, porque sentíamos la responsabilidad institucional de que un medio verdaderamente independiente del poder de turno y ajeno a cualquier negocio que no tenga que ver con el periodismo y los medios de comunicación, debía presentarse a una licitación que parecía diseñada de entrada para beneficiar a una mayoría de empresarios amigos del Gobierno. Pretendíamos, en todo caso, que la censura fuera explícita. Que es lo que acaba de ocurrir”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó: “Una vez más, el gobierno nacional aplica una política de doble rasero o doble estándar a la hora de aplicar leyes a los medios de comunicación: para los amigos del ‘modelo’, amplia flexibilidad; para quienes no se alinean, trabas permanentes por meros formalismos. Esta vez fue el turno de Editorial Perfil, a la que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) le rechazó el plan que presentara para acceder a una frecuencia de televisión digital abierta”.
Continuará.
