Enriquece a este medio y al periodismo en general la movilizadora, refrescante presencia del debate. Esta semana, dos temas abordados en esta columna dominical del ombudsman de PERFIL son comentados por cinco lectores, en ambos casos con críticas a definiciones y posturas de quien esto escribe. Quiero ser cuidadoso al responderles, porque es muy cierto que mi función consiste en procurar que los lectores se beneficien con mejoras en la calidad de lo que reciben en estas páginas cada sábado y domingo.
El frecuente corresponsal Carlos Bottino con mayor virulencia, y el lector Patricio Avellaneda, apuntan sobre este ombudsman por su análisis de la nota publicada en las páginas 2 y 3 del domingo 18 con la firma de Nelson Castro. En mi columna del domingo pasado expuse acerca de las condiciones mínimas que debe tener un artículo informativo –así se presentó la nota de Castro– para no ser confundido con una columna de opinión. Se trata, decía, de géneros diferentes: en uno se privilegia la información, chequeada una y otra vez con fuentes reconocibles (aunque fuere en off) para alimentar el relato de un acontecimiento o reproducir palabras de algún personaje; en el otro, basta con que el firmante del artículo exponga argumentos y fije posiciones que pueden o no ser compartidas por el conjunto de los lectores. Insisto: editado como nota informativa, el trabajo de Castro presentó carencias importantes, y sus especulaciones hubiesen necesitado fundamentos más sólidos para merecer el título de tapa y su presencia en las páginas iniciales del diario. En cuanto a lo que el lector Bottino dice acerca de mí, de mi función y de mis responsabilidades, lo remito a la columna de presentación, meses atrás, en la que indicaba que mi tarea se basaría en tres pilares, uno de ellos la detección de errores de concepto, incongruencias, falta de cumplimiento del buen ejercicio del periodismo y otras cuestiones tendientes a mejorar el vínculo entre lectores y diario. Es el caso que nos ocupa. Finalmente, no soy el actor principal en este diálogo con los lectores, sino éstos. Por eso son los destinatarios de mi tarea; he sido contratado para defender a los lectores de cualquier error, abuso o mala praxis profesional que se cometa en PERFIL; y seguiré haciéndolo como hasta ahora.
Las tres cartas restantes se relacionan con otra, publicada el domingo 25 por la lectora María Visconti, a quien no pude responder ese mismo día por razones de espacio. Intentaré hacerlo ahora. Como todos los habituales defensores –profesionales o con mera simpatía– de los condenados por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar 1976/1983, la lectora Visconti considera que he sido parcial, mentiroso o autor de ocultamientos capciosos al referirme a la carta de la esposa de un militar condenado a prisión perpetua por los asesinatos y desapariciones de Margarita Belén, perpetrados el 12 de diciembre de 1976. Considera que son escasos mis conocimientos de derecho internacional y procura aleccionarme acerca de las convenciones sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad a las que la Argentina adhirió otorgándoles categoría constitucional. Como primera cuestión, le aclaro a la lectora que la Convención citada fue ratificada por la Ley 24.584 votada por el Congreso en 1995, ocho años antes de la fecha que ella da por cierta. Como fuere, la cuestión de la imprescriptibilidad y la retroactividad en el juzgamiento y la condena ha sido un punto central de sucesivas convalidaciones desde los juicios de Nuremberg, en la década del 40, y aceptada por la Corte Suprema de nuestro país en línea con las normas internacionales mencionadas. Pero si faltaba un argumento, debo decirle que los alzamientos, motines y amenazas consumados por los militares pasibles de ser juzgados en la década del 80, dieron lugar a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que paralizaron esas causas hasta hace unos pocos años, cuando la Corte y los poderes Ejecutivo y Legislativo resolvieron acabar con ellas y accionar judicialmente. Los presos son presos por crímenes juzgados y fallados con todas las garantías del Estado de derecho, y los argumentos que esgrimen sus defensores son sucesivamente desarmados por las leyes y las instituciones de la democracia que ellos contribuyeron a triturar. En cuanto a mi pasado político (la lectora afirmó que pertenecí a la Federación Juvenil Comunista), lamento desilusionarla: nunca me afilié ni pertenecí orgánicamente a ningún partido político, aunque no niego mis simpatías por posiciones progresistas y de izquierda.
