La promoción de medicamentos genéricos en Brasil contrasta con la indolencia que existe hacia esos productos en el mercado argentino. La Ley 25.649 tuvo el propósito de alentar el consumo de genéricos al exigir al médico que confeccionara la receta sólo con el nombre de la droga. Pero en el segundo párrafo admitió la posibilidad de indicar la marca comercial. La redacción ambigua echó por tierra el objetivo de terminar con el monopolio de las marcas y la influencia de los laboratorios sobre los médicos para recetar medicamentos.
Los laboratorios venden medicamentos de marca exclusiva cuando tienen la patente por haber efectuado la investigación y descubrimiento de la droga. Estos laboratorios
comercializan también medicamentos con marcas similares para cubrir diferentes segmentos del mercado; en tercer lugar, están los genéricos que pueden ser producidos por cualquier laboratorio por haber finalizado la exclusividad y pueden comercializarse después de obtener la aprobación de la Anmat.
El Ministerio de Economía publicó en junio de 2015 el estudio “Complejo farmacéutico”, donde señala el grado de cartelización en el sector. Los primeros veinte laboratorios facturan el 80% de las ventas totales.
Ocho son nacionales, ocho europeos, tres de EE.UU. y uno de Israel. El segundo eslabón son las droguerías: de 445 registradas, tres concentran el 70% del mercado: Del Sud (Macchiavello), Monroe Americana (Rommers) y Suizo Argentina (fusión de Droguerías Suizo y Barracas, de la familia Kovalivker). En el tercer eslabón, cuatro distribuidoras concentran el 99% de las ventas: Rofina (Roemmers), Disprofarma (Bagó), Farmanet (Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer) y Global Farm (Pfizer y Abbot).
El estudio afirma que existen cuarenta laboratorios públicos de los cuales sólo 12 tienen habilitación nacional de la Anmat. El resto tiene la aprobación de los ministerios provinciales para la venta dentro de sus jurisdicciones. La provincia con mayor abastecimiento de medicamentos de producción pública es Santa Fe, por iniciativa de la administración socialista; los laboratorios Industrial Farmacéutico y Especialidades Medicinales cubren el 94% de los medicamentos para atención primaria y producen el
66% del consumo de la provincia. La Ley 26.688, de Producción Pública de Medicamentos, sancionada en junio de 2011, nunca fue reglamentada por la influencia de los laboratorios sobre el Ministerio de Salud.
El acceso a los medicamentos genéricos enfrenta la dificultad de la concentración en la distribución a las farmacias. El sistema tiene pautada la participación de cada segmento en el precio final eliminando cualquier posibilidad de competencia. Esta situación alienta a las partes a ofrecer los productos más caros porque les deja una ganancia mayor y explicaría por qué las farmacias no recomiendan similares o genéricos con precios
menores.
La principal dificultad para lograr un mercado competitivo estaría en la relación de propiedad entre los laboratorios, distribuidoras y droguerías. La distribución de los medicamentos de los veinte laboratorios es realizada a través de cuatro distribuidoras y tres droguerías constituyendo
una barrera para la entrada de otros productos. El mercado tiene un sesgo oligopólico que actúa como barrera para incorporar nuevos proveedores por la falta de organización y de volumen para los productos de
menor valor.
La estructura de este mercado merecería un análisis de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia prevista en la Ley 25.156 y raramente aplicada. La separación de la propiedad en los diferentes segmentos podría alentar la competencia y la incorporación de otros medicamentos. En el contexto actual, las distribuidoras y droguerías son un instrumento de los laboratorios para promover sus propios productos y donde todos obtienen beneficios de la venta de medicamentos de precios más altos.
*Embajador.
