La marcha del 18 de febrero es un acto cívico de solidaridad y de afirmación democrática. En ella vamos a hacer las tres cosas que el Gobierno debió hacer y no hizo:
En primer lugar, rendir homenaje y despedir como se merece a un alto funcionario público que ha muerto haciendo su trabajo. Es más: ha muerto precisamente por hacer su trabajo. Han pasado casi tres semanas desde la muerte del fiscal Nisman y aún no se ha escuchado una palabra de condolencia de la Presidenta ni de su gobierno. Al contrario, lo han declarado culpable de su propia muerte. Pues bien, ya que ellos no han querido hacerlo, miles de ciudadanos vamos a expresar esa condolencia en la calle.
En segundo lugar, vamos allí a defender la independencia y la seguridad de nuestros jueces y fiscales.
Vamos porque creemos en el Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho donde no hay un Poder Judicial libre e independiente. Yo no quiero jueces y fiscales obedientes al Gobierno. Tampoco los quiero rebeldes. No quiero jueces y fiscales oficialistas ni opositores: lo que quiero es que sean justos y apliquen la ley de forma igual para todos. Nada más, pero nada menos que eso.
No quiero fiscales y jueces que pasen miedo o, simplemente, se sientan inseguros. Quienes tienen que pasar miedo y sentirse inseguros son los delincuentes. Pero hoy en la Argentina parece que los delincuentes son una especie protegida y los jueces y fiscales son una especie amenazada. No lo podemos soportar y no lo vamos a soportar.
Vamos a la marcha para decir, una y mil veces más, que en una democracia la ley está por encima de todo y de todos. Porque la ley es la máxima expresión de la soberanía popular, y a la vez la máxima garantía de la convivencia en libertad. La ley está por encima de cualquier voluntad política, incluida la voluntad del Gobierno y de sus tenebrosos servicios de Inteligencia que espían a los ciudadanos en lugar de protegerlos.
Y en tercer lugar, vamos a la marcha a exigir que se se sepa y prevalezca la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que cesen ya las operaciones de encubrimiento y de distracción, las mentiras conscientes, las versiones cruzadas que sólo pretenden confundir, las difamaciones y las insinuaciones no fundadas para eludir la propia responsabilidad. Que paguen de una vez quienes asesinaron a 85 personas en la AMIA. Que la denuncia de Nisman siga su camino hasta el final. Y que se aclare por completo la propia muerte del fiscal Nisman.
Iré a la marcha como ciudadano libre: iría aunque no tuviera ninguna responsabilidad política. Pero yo no sufro desdoblamientos de personalidad, como el señor Timerman. Hoy por hoy, es imposible que el ciudadano Sanz haga algo sin que se entere el presidente de la UCR. Mientras ocupe mi actual responsabilidad, allá donde va Ernesto Sanz va el presidente del radicalismo, y lo hace con todo lo que eso significa en términos políticos e institucionales.
Voy a ir, pues, como ciudadano, como senador de la Nación y como presidente de mi partido. Voy a ir acompañado de mis correligionarios. Vamos a respetar el carácter silencioso y pacífico de la marcha. Vamos a caminar desde la Plaza de los dos Congresos, donde se encuentra la representación de la soberanía popular, hasta la sede de la fiscalía en la que trabajaba el hombre que murió por cumplir con la tarea que le habían encomendado. El itinerario elegido ya es un mensaje en sí mismo.
Por todas esas razones, vamos a pedir que acudan también todos los ciudadanos a los que, al margen de sus ideas políticas, les ha dolido la Argentina en este terrible mes de enero de 2015. Porque es muy importante que ese día seamos muchos, para que el mensaje sea claro y contundente, para que nadie se equivoque ni pretenda tergiversar la realidad.
Iremos a la marcha del día 18 para que sea la última marcha a la que tengamos que ir por estos motivos. Iremos en silencio, como nos han pedido los convocantes, pero en nuestras mentes y en nuestros corazones sonarán como un grito estas dos palabras: nunca más.
*Senador y presidente del Comité Nacional UCR.