El fenómeno de la inseguridad impregnó fuertemente el discurso de los tres principales precandidatos presidenciales. Las insistentes advertencias que indican que Argentina corre el riesgo de seguir los pasos de Colombia o México, sugieren que, independientemente del resultado electoral entre Macri, Massa y Scioli, la política nacional contra las drogas experimentará grandes transformaciones a partir del próximo 10 de diciembre.
Durante el gobierno kirchnerista, el problema de las drogas fue tradicionalmente asociado con el consumo y los consumidores, y no con el tráfico de estupefacientes. La estrategia nacional pareció siempre priorizar la reducción de la demanda, enmarcando el fenómeno de las drogas dentro del ámbito de la salud. Esta aproximación, lógicamente, trajo aparejada una serie de consecuencias en materia de políticas públicas, incluyendo una mayor preponderancia de los organismos de salud pública, el enfriamiento de la cooperación con Estados Unidos en el campo de la lucha contra las drogas y la proliferación de posiciones más “blandas” frente al debate entre los modelos de legalización y prohibición de estupefacientes.
El perfil de Macri, Massa y Scioli, por el contrario, sugiere la presencia de una ruptura con el pasado próximo. En mayor o menor medida, el discurso de los tres principales precandidatos presidenciales ha apuntado a subordinar prácticamente todos los aspectos de la lucha contra las drogas al ámbito de la seguridad, entendiendo que el problema se encuentra íntimamente ligado al delito y la inseguridad. Desde esta perspectiva, el tráfico y la venta de estupefacientes adquieren una mayor relevancia, relegando a un rol secundario los aspectos relacionados con el consumo. Muy probablemente, esta aproximación también tenga consecuencias prácticas en la estrategia nacional contra las drogas a partir del próximo mandato presidencial.
En primer lugar, es posible esperar no sólo una mayor participación de las diferentes fuerzas de seguridad, sino también un intento por involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra las drogas. A medidas concretas como la creación de una agencia nacional contra el narcotráfico, la municipalización de la policía y el establecimiento de cuerpos policiales de elite, también se sumó la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para afrontar diferentes problemáticas correspondientes a la seguridad interior del país.
En segundo lugar, y como consecuencia directa del predominio de los organismos de seguridad y potencialmente de defensa, no sería absurdo vislumbrar un fortalecimiento progresivo de la cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas. Programas de asistencia financiera militar como el IMET (International Military Education and Training) y el FMF (Foreign Military Financing), por ejemplo, podrían fortalecerse con el transcurso de los meses, dejando atrás las clásicas rispideces entre el gobierno nacional y la Casa Blanca.
Finalmente, la redefinición de las drogas como el enemigo público número uno muy probablemente obstaculice cualquier intento por encontrar salidas menos drásticas frente al incremento paulatino del delito, incluyendo los esfuerzos por descriminalizar o legalizar el consumo de estupefacientes. En este sentido, los tres precandidatos presidenciales no sólo se manifestaron en contra de estas dos alternativas al modelo punitivo, sino que también reconocieron la necesidad de aumentar las penas relacionadas con las drogas.
En conclusión, las elecciones presidenciales del 25 de octubre –o del 24 de noviembre en caso de ballottage– marcarán, muy posiblemente, una bisagra en materia de lucha contra las drogas en Argentina. Si bien la estrategia hasta aquí vigente no logró frenar el rápido avance de las drogas en el país, la evidencia empírica en contra de un modelo más agresivo, similar al de la “guerra contra las drogas” impulsado por EE.UU. en Colombia y México, es contundente.
*Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Rioja.
