Nadie puede sentirse sorprendido: todavía resuenan entre los asistentes a aquel encuentro las palabras del entonces candidato Milei en el Club del Petróleo, cuando sostuvo que “el único que puede reducir el peso del Estado soy yo porque se necesita alguien que no quiera al Estado y ¡yo odio al Estado!”.
El nuevo presidenteJavier Milei no está perdiendo tiempo y con una ráfaga de medidas, en las que se destacan el DNU 70 y el proyecto de Ley Ómnibus, está mostrando a qué vino: a desarmar el estatismo populista —“colectivismo”, en sus palabras, exageradas como su estilo político— en favor de un modelo ultraliberal o libertario, con un Estado mínimo.
Nadie puede sentirse sorprendido: todavía resuenan entre los asistentes a aquel encuentro las palabras del entonces candidato Milei en el Club del Petróleo, cuando sostuvo que “el único que puede reducir el peso del Estado soy yo porque se necesita alguien que no quiera al Estado y ¡yo odio al Estado!”.
Claro que quienes creyeron genuinamente que su motosierra apuntaría exclusivamente contra los miembros de “la casta” se sentirán defraudados con la previsión de reducir en un 0,4% el gasto previsional a través del cambio del esquema de aumentos en jubilaciones y pensiones, y los aumentos más bien contundentes en los precios de los alimentos.
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Pero, dejando de lado esas cuestiones, que bien pueden atribuirse al argumento de la herencia recibida, reducir drásticamente el peso del Estado, desarmando la maraña de normas, regulaciones, permisos y cepos— ciertamente afecta a la “casta” de políticos y funcionarios que se beneficiaban de ellas.
Tanto el DNU como el proyecto de ley deben todavía sortear los filtros judiciales y parlamentarios, y el gobierno no debería temer tanto un debate parlamentario, donde podrá mostrar en vivo y en directo los argumentos que han animado la redacción de cada uno de los artículos de esas nuevas normas.
Más allá de eso, la Argentina necesita liberar a las fuerzas productivas para dejar atrás tantos años de estancamiento y empobrecimiento.
Tanto el DNU como el proyecto de ley son exhaustivos en varios sectores de la economía. No en todos, y eso habilita a preguntarse por qué dado que, como queda a la vista, lo mejor para estos negocios por cierto muy regulados ha sido no haber sido afectados por la motosierra. El debate parlamentario debería echar luz sobre esos olvidos.
Tal vez esos sectores no han sido tocados porque, así como están, son buenos para el país en su conjunto. Seguramente es así. Cabe entonces preguntarse por qué otros han sido tan puestos bajo la lupa, como el farmacéutico, y en beneficio de qué o de quiénes: ¿de los consumidores?, ¿de nuevos jugadores? Y si esto último es así: ¿cuáles jugadores?
También llama la atención la expansión de las retenciones a productos de las economías regionales, como el vino, y a productos industriales, como los vehículos, justo cuando las automotrices habían logrado, por esfuerzo propio, constituirse en un hub de camionetas, en una muestra de reconversión por el mérito.
Cuando la industria, además de empleo, agrega valor y facilita el acceso a dólares genuinos, no debería ser víctima de la motosierra oficial.
*Carta al Lector en la edición Enero de la revista Fortuna.
