El gran desafío del año que acaba de comenzar es el de darle sustentabilidad al proceso de crecimiento iniciado en 2017. Lo primero que hay que tener presente es que buena parte del crecimiento del año pasado fue producto de la baja base de comparación del período recesivo de 2016.
En este sentido, el proceso de normalización de la economía (desinflación, consolidación fiscal y ajuste de tarifas) está justo a mitad de camino y seguirá en el centro de la escena ya que el paquete de reformas aprobadas, por su naturaleza gradual, recién comenzará a dar frutos significativos y palpables en el mediano plazo.
Así, la clave consiste en gestionar las múltiples tensiones que son características de todo proceso de estabilización gradual, como las elevadas tasas de interés y el atraso cambiario.
La buena noticia es que el Gobierno tomó nota del asunto y está orientando el rumbo hacia un esquema de políticas coordinado que permita minimizar los costos de la normalización macroeconómica.
La primera señal se emitió a fin de año cuando el conjunto del equipo económico nacional anunció un “recalibramiento” de las metas de inflación. Básicamente, el Ejecutivo decidió extender el plazo de desinflación en un año: se apuntará a una inflación de 15% en 2018, 10% en 2019 y 5% en 2020. En otras palabras, intenta ajustar la velocidad de la política monetaria a la impuesta por la política fiscal a fin de poder transitar los próximos años con una tasa algo más baja y un tipo de cambio más competitivo.
Si bien la revisión de la meta para 2018 implicaría, manteniendo constante todas las demás variables relevantes, un sesgo algo menos contractivo para la política monetaria (menores tasas), no debe descartarse que este relajamiento podría impactar en las expectativas inflacionarias del sector privado y, por tanto, el Banco Central podría no encontrar argumentos para una ulterior reducción de su tasa de política en el corto plazo. A pesar de que descontamos cierta relajación, la tasa de interés real fijada por el BCRA (aquella que descuenta la desvalorización de la moneda) no perforará el 6% o 7% a lo largo del año, con lo cual seguirá ingresando un volumen importante de divisas en concepto de Inversiones en Cartera (dólares financieros), a lo que se suman los casi 15 mil millones de dólares que el Tesoro colocará este año en el exterior para financiar su déficit. En este contexto, esperamos que la inflación cierre en18,5% en diciembre de este año.
En materia de actividad, tras haber vuelto a los niveles prerrecesión, el principal desafío de aquí en más implicará transformar este “rebote” en un crecimiento sostenible en el tiempo.
Esto es así dado que 2017 jugó con la ventaja de disponer de una base de comparación baja, con lo cual, en 2018 se sentarán las bases de crecimiento en búsqueda de romper el fenómeno de crecer tan solo en los años impares (y electorales).
Para esto será necesario que persista el predominio de la inversión en las cuentas nacionales, seguida del consumo privado (aunque con cierto rezago). Por otro lado, resulta imprescindible que otros jugadores “salgan a la cancha”.
La potencial implementación de la Participación Público-Privada incluida en la Ley de Presupuesto implicará para el Gobierno no solo diferir gastos en infraestructura (lo cual es crucial cuando existen limitaciones fiscales), sino que además se beneficiará de la experiencia del sector privado y compartirá una parte sustancial de los riesgos asociado al desarrollo de los proyectos.
De esta manera, si bien el objetivo luce algo ambicioso, el Gobierno estima duplicar las erogaciones de capital hasta alcanzar un equivalente al 3,5% del PBI.
En lo que respecta a las arcas fiscales, el objetivo de disminuir el déficit primario en un punto del PBI (de máxima) resulta desafiante. Si bien el ahorro obtenido por la reforma previsional aporta 0,4 puntos del producto, los fondos que cede la Nación a partir del Consenso Fiscal (Fondo del Conurbano, bono a provincias y el financiamiento de las cajas provinciales) aminoran ese ahorro, por lo que resulta inexorable avanzar con la reducción de otras partidas del gasto.
La política de reducción de subsidios energéticos seguirá siendo clave (entre enero y noviembre cayeron 21,3% interanual), aunque cada vez contribuirá menos a la baja del déficit. Vale advertir que para el año que viene, el usuario ya estará pagando el 82% y 77% del costo real de la luz y el gas, mientras que esas cifras en 2014 fueron del 18% y 23%, lo cual implica que esta estrategia ya se está agotando.
En ese sentido, los últimos anuncios en materia de tarifas de transporte constituyen un avance, porque convalidan la propuesta explicitada en el Presupuesto 2018 al reducir los subsidios al transporte en 0,2 puntos porcentuales del PBI.
En suma, a la espera de los efectos del cambio estructural producto de las reformas, este año se caracterizará por la consolidación final del gradualismo, con la ventaja de estar mejor preparado para gestionar los riesgos inherentes a la estrategia del “paso a paso” tras la decisión del Gobierno de definir una mejor coordinación de las políticas públicas. De esta manera, aunque todavía quedan varios obstáculos por enfrentar, los augurios siguen siendo positivos.
* Gerente de Análisis Económico de la consultora Abeceb.
El desafío de darle sustento al crecimiento
