En El día de la marmota, muchos recordarán, Bill Murray se despertaba a las 6, todos los días, para vivir un mismo día que se repetía. Esa maldición repetitiva lo iba enloqueciendo paulatinamente: cada día era el mismo que el anterior, todo volvía a ocurrir ante sus ojos. El protagonista detiene su proceso de enloquecimiento cuando decide aprovechar ese tiempo cíclico para aprender cosas: piano, escultura en hielo, medicina. Esos conocimientos nuevos lo cambian y le permiten intervenir amorosamente en las vidas de aquellos que lo rodean en ese día repetitivo. Y son esas nuevas capacidades las que, por fin, le permiten parar la repetición, romper el “hechizo”, y que el tiempo siga su curso normal.
Cada 18 de julio vivimos las mismas condiciones institucionales que permitieron el atentado y la impunidad. No tenemos certezas sobre cómo ni por qué mataron a 85 personas. Tampoco sabemos por qué no sabemos. Cada 18 de julio escribo el mismo artículo, en el que recuerdo que dos componentes fundamentales de esto son la falta de control institucional de las actividades de inteligencia y la casi nula de rendición de cuentas del sistema judicial.
En ese artículo que año a año repito, cuento que la comisión bicameral a cargo del control de las actividades de inteligencia no se ha reunido casi nunca, y no ha ejercido funciones de control jamás, y si las quisiera ejercer, estaría muy limitada en sus facultades. También recuerdo que Néstor Kirchner, en 2005, comprometió al Estado argentino con familiares de víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a, entre otras metas, reformar la ley nacional de inteligencia para fortalecer los controles institucionales sobre los organismos de inteligencia, a fin de que rindan cuentas como es debido en cualquier Estado de derecho real. En ese artículo, vuelvo a contar que ese compromiso sigue sin cumplirse.
Esto es importante porque el desconocimiento de las causas y de los responsables del atentado, y posteriormente del encubrimiento, es, en buena medida, el resultado de una democracia que no sabe en qué se gastan los fondos de inteligencia, ni qué hacen las agencias a cargo de esa actividad. Así, el ciclo de penetración de los fondos y los intereses del aparato de inteligencia en el sistema de justicia, en la política, en los medios, se repite una y otra vez desde 1994.
La distorsión del control institucional sobre el Poder Judicial es parte de esta pesadilla que se repite. El Consejo de la Magistratura excepcionalmente sirvió para echar un poco de luz sobre el mal desempeño judicial, no sólo en este caso, sino, en general, sobre los de corrupción. Por el contrario, ha tendido a incrementar la promiscuidad entre el poder político y la suerte de los jueces. Nada mejor puede decirse de los mecanismos de rendición de cuentas de los fiscales. El Poder Legislativo tampoco sirvió para interrumpir. Los legisladores no ejercen sus diversas funciones de control, ya sea porque las mayorías no quieren o las minorías no saben hacerles pagar el precio de no querer.
En 2015 las elecciones presidenciales abren una posibilidad de aprendizaje. Podemos aprender que el descontrol y la falta de rendición de cuentas del aparato de inteligencia y del sistema judicial no juegan nunca en favor de un poder político democrático, sino que lo esclavizan. Que si la inteligencia y la Justicia se partidizan, sólo brevemente lo hacen a favor de un liderazgo político. Al final de ese día repetido, es el liderazgo político el que les rinde pleitesía. Y es la nación la que pierde seguridad y justicia.
Podemos aprender que es posible un acuerdo político antes de las elecciones, antes de que nadie crea que puede “beneficiarse” espiando a rivales o garantizándose impunidad. En ese acuerdo podrían comprometerse todos aquellos que aspiran a conducir al país a garantizar que los mecanismos de control y de rendición de cuentas sobre las actividades del Estado, particularmente aquellas actividades sin control que nos hacen repetir este día aciago, van a ser fortalecidos y respetados, gane quien gane. Si el que gana no respeta el acuerdo, deberíamos aprender a que pague costos políticos reales. En democracia, para que alguien pague costos políticos es necesario que a los ciudadanos les importe. ¿Aprenderemos antes del próximo 18 de julio, y dejaremos que el tiempo nos alcance?
*Sociólogo.
